Ordenan arresto de exfuncionarios por corrupción en City Towers Black
Emitieron documento ilegal pese a irregularidades en la obra; una ya fue detenida
Por Gabriela Díaz | Reportera
La corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez sumó un nuevo episodio, tras girarse órdenes de arresto contra tres exfuncionarios implicados en el caso City Towers Black. La obra fue autorizada a pesar de presentar múltiples irregularidades estructurales y administrativas.
La jueza encargada del caso determinó que existieron suficientes elementos para ordenar la aprehensión de Adelaida García González, Emilio Sordo Zabay y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, quienes firmaron la “Autorización de uso y habitabilidad” del inmueble.
Este documento representa el último paso legal para que un complejo habitacional reciba habitantes, aunque en este caso fue emitido sin que se cumplieran los requisitos legales y técnicos estipulados por la normativa de la ciudad.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que dicha autorización permitió la comercialización de departamentos con defectos graves, lo cual comprometió la seguridad de los compradores.
Una detenida, dos en proceso de localización
De los tres exfuncionarios señalados, Adelaida García González, exdirectora de Servicios, Obras y Desarrollo Urbano, ya fue capturada el 16 de enero de 2023. Permanecerá bajo resguardo judicial hasta que avance su proceso penal.
En tanto, Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano, y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, actual director de Planeación, aún no han sido localizados, aunque las autoridades aseguraron que sus órdenes de captura siguen vigentes.
La jueza consideró que firmaron ilegalmente la autorización de habitabilidad, favoreciendo intereses privados sobre las condiciones de seguridad y legalidad que deben garantizarse en toda obra pública o privada.
El documento en cuestión permitió que el complejo comenzara su operación sin cumplir la normatividad urbana y con reportes previos sobre fallas y omisiones en la construcción.
Exceso de departamentos y fallas estructurales
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) había autorizado una construcción máxima de 752 departamentos en 22 niveles, sin embargo, el Registro de Manifestación de Construcción autorizó la edificación de 808.
La diferencia no fue menor, ya que esa sobreconstrucción vulneró la normatividad vigente e implicó una carga adicional al diseño original del edificio, comprometiendo su resistencia estructural.
Además del exceso de unidades, el complejo presentó fallas en los conductos de gas, escaleras de emergencia incompletas, extintores despresurizados y acabados por debajo de los estándares para inmuebles de lujo.
Los departamentos, con un precio promedio de 6 millones de pesos, fueron comercializados como parte de un desarrollo exclusivo, sin que los compradores fueran advertidos sobre las irregularidades.
Red de corrupción operó desde la alcaldía
La Fiscalía reveló que César y Elvia, excolaboradores de la alcaldía, trabajaban directamente bajo las órdenes de Emilio Sordo Zabay, uno de los prófugos. Ambos aparecen en audios donde exigen dinero a un empresario para agilizar trámites.
Esos audios forman parte de la carpeta de investigación que intenta desmantelar la red de corrupción inmobiliaria que operó en la alcaldía Benito Juárez durante varios años.
Además, se informó que se citará a notarios y empresarios involucrados en la construcción de City Towers Black, a fin de establecer los alcances de la red de complicidades y omisiones institucionales.
El caso representa una de las investigaciones más complejas en la historia reciente de la capital, debido a los múltiples actores y las ganancias generadas mediante ilegalidades.
Más acciones legales en curso
La Fiscalía capitalina confirmó que ya se integraron otras líneas de investigación contra exfuncionarios y contratistas involucrados en diversos desarrollos con irregularidades similares.
Estas acciones buscan recuperar la confianza ciudadana en la legalidad de los procesos constructivos y sancionar a quienes lucraron con el patrimonio de los compradores.
A su vez, se planteó la posibilidad de revisar permisos similares emitidos durante la última década en Benito Juárez, lo que podría extender el caso a nuevos responsables.
El Ministerio Público solicitó además el embargo precautorio de cuentas bancarias y propiedades relacionadas con los exservidores públicos involucrados.
Piden sanciones ejemplares y reparación del daño
Colectivos ciudadanos solicitaron que el caso no quede impune y exigieron sanciones ejemplares contra los implicados. Denunciaron que la corrupción en permisos de construcción ha dejado a miles de personas en riesgo.
Entre las demandas se encuentra la restitución del dinero a los compradores defraudados y la rehabilitación integral del complejo City Towers Black, si se considera seguro su uso posterior.
El Congreso de la ciudad también pidió transparencia en el caso y urgió a la Contraloría General a emitir auditorías contra todas las direcciones implicadas en la expedición de licencias.
En tanto, el gobierno capitalino reiteró que no permitirá que las prácticas de corrupción sigan afectando la planeación urbana y advirtió que se continuará con la revisión de megaproyectos inmobiliarios. –sn–
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