Reclama abogado cuerpo de «El Mencho»: FGR

Seguimiento a los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) donde murió El Mencho

Por Martín García | Reportero

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes será entregado a un representante jurídico de los familiares, La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que recibió un escrito en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, «por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega».

Aunado a estos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en contra de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Derivado de lo anterior, el MPF obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 «El Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, en el estado de México. –sn–

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¿Cómo detuvieron a “El Mencho”?, lo explica la Sedena

Operativo militar dejó bajas y desató bloqueos criminales.


Por Paola Ramírez | Reportera

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló el operativo contra Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco. El despliegue federal incluyó fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional y apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana, dijo. La intervención derivó en enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en al menos cinco estados.

https://twitter.com/azucenau/status/2025934078789275883?s=20

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el general Trevilla Trejo, informó que la operación se sustentó en inteligencia militar central y coordinación interinstitucional. Precisó que el seguimiento permitió ubicar a un colaborador cercano de una de las parejas sentimentales del objetivo. Esa línea condujo a un inmueble en Tapalpa donde se confirmó la presencia del líder criminal.

https://sociedad-noticias.com/2026/02/22/fuerzas-federales-abaten-a-el-mencho-en-jalisco/

La dependencia indicó que el despliegue se realizó tras corroborar las condiciones tácticas para ejecutar la captura. La fuerza operativa avanzó hacia la zona boscosa donde se refugió el objetivo junto con su círculo cercano. Al detectar la presencia militar, los civiles armados abrieron fuego contra soldados y guardias nacionales.

Enfrentamiento y bajas

Durante el operativo, los agresores impactaron un helicóptero militar que efectuó un aterrizaje de emergencia. Las fuerzas federales repelieron la agresión con base en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Ocho presuntos delincuentes fallecieron en el lugar tras el intercambio de disparos.

https://sociedad-noticias.com/2026/02/22/mas-de-75-mil-muertes-le-atribuyen-a-el-mencho-y-al-cjng/

La Sedena aseguró siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos unidades tipo racer, cartuchos y cargadores. Dos militares resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en Jalisco. Rubén Oseguera Cervantes y dos escoltas presentaron lesiones y fallecieron durante el traslado.

Tras los hechos, integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. También se reportaron agresiones contra instalaciones militares en diversas regiones. Las autoridades desplegaron un centro de mando para coordinar acciones de seguridad.

Reacción criminal

El titular de la Sedena expresó condolencias a las familias de los soldados fallecidos durante la operación. Señaló que la acción se efectuó tras meses de seguimiento técnico y labores de inteligencia. El gabinete de seguridad sostuvo coordinación nacional para restablecer el orden.

Rubén Oseguera Cervantes inició su trayectoria delictiva en la década de 1990 como integrante de “Los Valencia” o “Cártel del Milenio”. En julio de 2010, tras el abatimiento de Ignacio Coronel Villarreal, el grupo se consolidó como CJNG. En marzo de 2012 asumió el control de la organización criminal.

La Sedena indicó que los análisis periciales y el proceso legal continuaron conforme a la normatividad vigente. El gobierno federal mantuvo comunicación con autoridades estatales para atender los efectos posteriores al operativo. La detención y muerte del jefe del CJNG marcaron un punto clave en la estrategia contra el crimen organizado.

Seguimiento e inteligencia

La Sedena detalló que la operación contó con información de instituciones de Estados Unidos y del gabinete de seguridad. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) participaron en el intercambio de datos. El gobierno federal mantuvo coordinación permanente durante el desarrollo del operativo.

https://sociedad-noticias.com/2026/02/23/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-23-de-febrero-2026/

El informe oficial señaló que el objetivo contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada. Desde 2016, autoridades de Estados Unidos lo incluyeron en su lista de fugitivos más buscados y una corte de Texas lo requirió formalmente. En 2024, el gobierno estadounidense ofreció 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció en 2018 una recompensa de 30 millones de pesos por datos que permitieran su localización. El CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera por autoridades estadounidenses. El grupo criminal mantuvo presencia en territorio nacional y en al menos 36 países. –sn–

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FGR halla cuerpos en búsqueda de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

FGR localizó cuerpos durante búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la búsqueda de diez mineros desaparecidos en el municipio de La Concordia, Sinaloa. Durante las diligencias se localizaron cuerpos humanos en distintos puntos de la zona. Uno de ellos presentó características coincidentes con un trabajador reportado como desaparecido.

La dependencia federal precisó que los trabajos se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Las acciones incluyeron recorridos terrestres, inspecciones periciales y aseguramiento de indicios. Los hallazgos activaron protocolos de identificación forense.

La FGR señaló que los restos humanos encontrados fueron trasladados para análisis especializados. Los estudios permitieron identificar rasgos compatibles con una de las víctimas. El proceso de confirmación continuó bajo estándares legales.

Diligencias federales

La fiscalía explicó que las diligencias se desarrollaron como parte de una investigación integral. Las acciones se concentraron en áreas vinculadas con la desaparición. El objetivo fue esclarecer los hechos ocurridos.

El comunicado oficial detalló que se llevaron a cabo trabajos ministeriales y periciales. Dichas labores permitieron avanzar en la reconstrucción de los acontecimientos. Las autoridades mantuvieron reserva sobre detalles sensibles.

La FGR indicó que los análisis genéticos se encontraban en proceso. Estos estudios permitirían confirmar plenamente la identidad del cuerpo localizado. La dependencia reiteró su compromiso con las familias.

Detenciones relacionadas

Como parte de la investigación, fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas con la desaparición. A los detenidos se les aseguraron armas y droga durante los operativos. Las capturas ocurrieron en el contexto de la búsqueda.

La fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. Las investigaciones continuaron para determinar su grado de participación. El caso se integró en una carpeta de investigación federal. –sn–

Camapamento policial

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«No es terrorismo» la explosión del coche-bomba en Michoacán: García Harfuch

Harfuch explica motivaciones criminales en ataque.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Omar García Harfuch, afirmó que el caso del coche bomba en Coahuayana correspondió a actividades de delincuencia organizada y no a acciones de terrorismo, y señaló que las leyes nacional e internacional definen ese delito por la imposición de objetivos políticos o ideológicos.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, expuso que las evidencias mostraron que los responsables buscaban ampliar rutas de trasiego de droga, esquemas de extorsión y control territorial, sin elementos que vincularan el hecho con fines sociales o religiosos. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) descartó la clasificación de terrorismo y turnó la indagatoria a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El funcionario detalló que el ataque formó parte de una confrontación criminal activa en la región, donde operaban grupos con disputas previas. Afirmó que no existían indicios de amenazas contra instancias gubernamentales ni de actos destinados a influir en políticas públicas. Añadió que los responsables buscaban consolidar presencia en Michoacán mediante acciones violentas dirigidas a actores delictivos rivales.

El responsable de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que la caracterización jurídica se sustentó en análisis técnicos y antecedentes criminales recopilados en la zona. Sostuvo que la evidencia señaló estrategias de intimidación entre grupos enfrentados y no un intento de alterar la estabilidad institucional. Subrayó que las pesquisas federales se orientaron al fortalecimiento de procesos contra estructuras de delincuencia organizada.

Disputa regional en Michoacán

El titular de la Sspc explicó que el estallido del coche bomba derivó de una pugna local entre organizaciones asentadas en la región de Coahuayana. Apuntó que un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confrontó a la alianza denominada Cárteles Unidos, lo que generó movilizaciones violentas previas en distintos puntos limítrofes. Indicó que investigaciones de campo confirmaron la presencia de líderes regionales que mantenían una confrontación prolongada.

El funcionario añadió que en conferencias anteriores se habían documentado ataques previos con explosivos fabricados de forma artesanal, utilizados de manera irregular por ambos bandos. Recordó que algunos artefactos estallaron antes de su uso debido a su manufactura deficiente, lo que reforzó la hipótesis de enfrentamientos internos. Precisó que los ataques no se dirigieron a cuerpos de seguridad comunitarios ni a población civil.

García Harfuch señaló que el grupo aliado al CJNG correspondió al Cártel de Tepalcatepec, estructura con operaciones documentadas en distintas áreas rurales del estado. Indicó que la confrontación con Cárteles Unidos se intensificó en periodos recientes con el objetivo de controlar accesos estratégicos hacia rutas de trasiego. Recalcó que la caracterización del ataque se sustentó en patrones de violencia propios de disputas territoriales.

Sin afrenta al gobierno federal

En la conferencia del martes 9 de diciembre, Claudia Sheinbaum coincidió con García Harfuch en que el coche bomba no representó una afrenta del crimen organizado contra el gobierno federal. Afirmó que la fecha coincidió con actos públicos por los siete años de administraciones identificadas con la Transformación, sin elementos que relacionaran el hecho con esas actividades. Señaló que se trató de un evento estrictamente circunscrito al conflicto criminal regional.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/09/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-09-de-diciembre-2025/

La mandataria puntualizó que las líneas de investigación confirmaron un conflicto histórico entre el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos, cuyo historial incluía diversos ataques entre sí registrados en administraciones anteriores. Aseguró que los análisis técnicos descartaron un mensaje político y situaron el hecho en dinámicas criminales previamente detectadas. Sostuvo que organismos de seguridad mantuvieron despliegues operativos para evitar riesgos adicionales.

García Harfuch enfatizó que el uso del término terrorismo debía sustentarse en criterios legales verificables y no en percepciones públicas generadas tras eventos de alto impacto. Indicó que la cooperación interinstitucional permitió consolidar una línea sólida de investigación en materia de delincuencia organizada. Afirmó que las autoridades continuaron con operativos de vigilancia en zonas críticas de Michoacán para inhibir nuevos actos violentos. –sn–

Coche bomba

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La FGR logra sentencia y confirma responsabilidad criminal contra grupo criminal

La FGR informa resolución judicial por secuestro y delincuencia organizada.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra cuatro individuos vinculados con delitos de secuestro, entre ellos, a una persona ligada a la familia de Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial.

La acción ocurrió tras una investigación coordinada entre la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de México. Las autoridades federales confirmaron que el caso se derivó de hechos registrados hace más de una década.

En 2012, los agentes federales capturaron a Leonardo “S”, José “R”, Ricardo “S” y Alejandro “R” en territorio mexiquense. Los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano. Las investigaciones determinaron que los implicados operaban como parte de una célula delictiva dedicada al secuestro en la Cdmx y el Estado de México.

El Ministerio Público de la Federación integró las pruebas necesarias para acreditar los delitos ante la autoridad judicial. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México emitió su resolución después de revisar las actuaciones ministeriales. Los dictámenes periciales y testimonios fueron incorporados como elementos determinantes durante la audiencia.

Sentencia en proceso federal

La resolución estableció que Leonardo “S” recibió una condena de 58 años de prisión y José “R” obtuvo una pena de 57 años. Ambos fueron declarados responsables de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas. Las sanciones incluyeron multas superiores a 250 mil pesos por cada procesado.

En el mismo fallo, la autoridad judicial impuso penas de 54 años de prisión a Ricardo “S” y Alejandro “R”. Los dos fueron considerados responsables de delincuencia organizada y secuestro en agravio de dos víctimas. Las multas económicas se fijaron conforme a los cargos acreditados en la causa penal.

Las autoridades informaron que los sentenciados fueron asignados a distintos centros penitenciarios. El traslado respondió a criterios de seguridad y clasificación interna del sistema federal. Cada recluso quedó bajo custodia conforme a las disposiciones legales vigentes.

Antecedentes y vínculos

La FGR precisó que la célula desarticulada formó parte de un grupo que operaba en varias zonas urbanas. Las indagatorias señalaron que existían vínculos entre los procesados y otras personas detenidas previamente por delitos similares. La identificación plena permitió consolidar la imputación contra los cuatro acusados.

Entre los acusados se ubica a Leonardo Sales Andrade, conocido como “El Tolmex”. Esta persona enfrentó cargos adicionales en procedimientos anteriores. De acuerdo con los expedientes, se presume que mantenía una relación con Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien ya contaba con sentencia firme. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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FGR obtiene sentencia histórica contra Alfonso Miranda Gallegos, ex edil e integrante de grupo criminal

Sentencia de 82 años expone red criminal y refuerza acciones federales. Sentencia por delincuencia organizada.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República informó que Alfonso Gabriel Miranda Gallegos recibió sentencia de 82 años de prisión y una multa de superior al millón de pesos, después de que las autoridades concluyeron que operó dentro de una estructura criminal y que participó en un secuestro cometido en 2013 en Amacuzac, Morelos.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indicó que el caso se integró con pruebas documentales y testimoniales para acreditar la conducta ilícita. Además, la dependencia explicó que el fallo se dictó tras una valoración penal realizada por el órgano jurisdiccional competente.

Además, la Fiscalía Especializada detalló que, el ahora sentenciado, fue identificado como integrante de una organización denominada “Los Rojos”, dedicada a delitos contra la salud y privación ilegal de la libertad, con acciones desarrolladas en distintos municipios de Morelos.

La autoridad señaló que ese señalamiento se sustentó en informes periciales y en diversos actos de investigación integrados desde 2013. El expediente estableció que el secuestro ocurrió durante la tarde del mes de junio de aquel año y que la víctima permaneció retenida bajo vigilancia armada.

En 2018, elementos ministeriales detuvieron a Miranda Gallegos mediante una orden judicial que se cumplió en Morelos, y que posteriormente el detenido fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 14 en Gómez Palacio, Durango. La Fiscalía explicó que el imputado quedó a disposición del Juez Sexto de Distrito con sede en La Laguna. La institución añadió que la causa penal avanzó con diligencias realizadas en coordinación con autoridades estatales.

Proceso judicial

La FEMDO indicó que el Ministerio Público federal presentó dictámenes, testimonios y análisis de comunicaciones para completar la acusación contra Alfonso Gabriel Miranda Gallegos. La autoridad señaló que esas pruebas permitieron confirmar su participación directa en el secuestro ocurrido en 2013. El órgano judicial determinó que el acusado actuó en conjunto con otros individuos vinculados con actividades ilícitas en la región.

La sentencia estableció que Miranda Gallegos debía enfrentar una pena de 82 años seis meses de prisión y una multa superior al millón de pesos. El juez concluyó que la evidencia reunida cumplió con los parámetros legales para acreditar responsabilidad penal. El fallo incluyó medidas accesorias y lineamientos sobre el régimen penitenciario que deberá cumplir el sentenciado.

Las autoridades sostuvieron que la resolución constituyó un avance para el combate a delitos de alto impacto en Morelos y Coahuila. La FEMDO mencionó que la coordinación institucional permitió consolidar la carpeta de investigación. La dependencia resaltó que la sentencia respondió a procesos judiciales desarrollados desde la aprehensión del acusado en 2018.

Antecedentes del caso

El expediente judicial señaló que Alfonso Miranda Gallegos, quien fue exalcalde y exdiputado local, participó en una estructura ligada a secuestros realizados en municipios colindantes con Guerrero. La investigación determinó que la víctima del caso de 2013 fue interceptada en Amacuzac y trasladada a un punto de resguardo controlado por dicho grupo. El informe oficial señaló que la liberación ocurrió tras una intervención discreta de las autoridades estatales.

Los registros ministeriales establecieron que desde 2013 existieron vínculos entre Alfonso Miranda Gallegos y líderes delictivos que operaron en la zona sur de Morelos. La documentación integró reportes de vigilancia, declaraciones y datos financieros que sustentaron la acusación. La FEMDO indicó que la información permitió definir la ruta judicial seguida hasta el cierre del caso. –sn–

Alfonso Miranda Gallegos

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Exigen justicia para Jorge Raúl Tirado Ambriz preso de manera injusta

La familia de Jorge Raúl Tirado Ambriz pide su liberación tras casi cinco años preso injustamente.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Desde 2021, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante desde los 17 años y padre de tres hijos, permaneció recluido en el Penal Neza–Bordo, Estado de México, acusado por un delito fabricado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero. Fue detenido el 12 de enero de 2021.

https://youtu.be/krYJYU9vjVY

La aprehensión ocurrió de forma violenta mientras realizaba la entrega de termómetros digitales que vendía por internet. Policías armados, a bordo de dos camionetas sin distintivos, lo interceptaron y mostraron retratos de personas que él aseguró desconocer. Durante el traslado, recibió burlas y comentarios que evidenciaron la arbitrariedad del operativo.

Uno de los agentes le confesó que lo habían vigilado durante cuatro años sin encontrarle nada ilegal. “Te tocó la de malas”, le dijo el policía, frase que marcó el inicio de una historia de presunta fabricación de pruebas y abuso de autoridad.

Evidencias cuestionadas

De acuerdo con el expediente FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, la detención se sustentó únicamente en un registro de llamadas. Su número telefónico apareció en la lista de contactos de un policía municipal de Nezahualcóyotl investigado por secuestro en 2016, a quien Jorge Raúl había llamado para pedir apoyo en un accidente automovilístico.

Ese contacto fue utilizado como vínculo directo para imputarlo como “negociador” del secuestro, solo porque el policía se refirió a él como “jefe”. No existió evidencia material, testigos presenciales, ni pruebas periciales que acreditaran su participación en el delito.

En la misma carpeta, las víctimas y sus familiares rechazaron haberlo visto o escuchado. Tras observar fotografías de Tirado Ambriz, afirmaron desconocerlo por completo y no reconocer su voz en los audios presentados por la autoridad.

Pruebas periciales dudosas

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR utilizó grabaciones de enero de 1994 como base para comparar la voz del presunto negociador con la de Jorge Raúl. En ese año, él tenía apenas 16 años, mientras que las conversaciones del expediente correspondían a un adulto.

https://youtu.be/0m5iwZirO_Q?t=8780

A pesar de esa inconsistencia cronológica, la FGR utilizó dichos audios como argumento pericial para sostener la acusación. La defensa presentó recursos para invalidar esa prueba, pero el proceso judicial continuó sin resolución definitiva.

Desde entonces, Jorge Raúl Tirado ha permanecido en prisión preventiva, sin sentencia y sin pruebas directas que lo relacionen con el delito. Su familia denunció irregularidades en el manejo del expediente y omisiones en la valoración de las pruebas de descargo.

Familia exige revisión del caso

Los familiares solicitaron a la FGR y al Poder Judicial de la Federación revisar de inmediato el expediente y valorar las pruebas que evidencian su inocencia. Han enviado escritos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo de la Judicatura Federal para pedir la intervención institucional.

La defensa sostuvo que se trata de un caso de detención arbitraria y fabricación de culpables, práctica que ha afectado a múltiples personas inocentes en procesos relacionados con delincuencia organizada.

El abogado del caso aseguró que los elementos presentados por la fiscalía carecieron de sustento técnico y jurídico, y que el procedimiento violó los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las pruebas.

Cinco años sin justicia

Durante su reclusión, Jorge Raúl Tirado Ambriz ha enfrentado deterioro en su salud y en la economía de su familia. Su esposa y sus tres hijos continúan con campañas en redes sociales y frente a las sedes judiciales para exigir su liberación.

https://www.instagram.com/p/DP-izkyDZ6z/?utm_source=ig_web_copy_link

En cartas enviadas a medios de comunicación y autoridades, la familia insistió en que el proceso judicial ha sido prolongado sin avances sustanciales, lo que agrava la vulneración de sus derechos humanos.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha emitido una respuesta formal a las peticiones de revisión. La defensa solicitó una audiencia extraordinaria para evaluar las pruebas y obtener su liberación inmediata. –sn–

Jorge Raúl Tirado Ambriz

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FGR obtiene formal prisión contra ex funcionario del servicio de aduanas

La FGR logró auto de formal prisión y reveló vínculos con “Rápido y Furioso”.


Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que un juez dictó auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, el ex funcionario acusado de introducir armas y explosivos de uso militar.

El implicado fue detenido en Hermosillo, Sonora, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la captura ocurrió en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal tras cumplimentar una orden de aprehensión.

Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) permitieron la resolución judicial. Con ello, Hernández Coronado quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora”, donde permaneció bajo resguardo.

Relación con tráfico de armas

De acuerdo con la investigación, el ex funcionario estuvo vinculado con el caso denominado “Rápido y Furioso”. Este operativo permitió la entrada ilegal a México de armamento militar proveniente del estado de Arizona entre 2009 y 2010.

En su cargo como parte de la Central de Operación Aduanera de las Aduanas del Norte, autorizó el paso de armas; dicho armamento cruzó la frontera sin permisos oficiales, en violación directa de la normativa vigente para importaciones.

El material introducido incluyó rifles de asalto, cartuchos y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, la acción generó un riesgo para la seguridad nacional al fortalecer la capacidad bélica de organizaciones criminales.

La FGR señaló que los registros oficiales acreditaron la actuación de Hernández Coronado en esas operaciones. La información formó parte del expediente que sustentó el auto de formal prisión emitido en su contra.

Procedimiento judicial en curso

El juez consideró suficientes las pruebas presentadas por el MPF en la audiencia respectiva. El proceso avanzó bajo estricto cumplimiento del marco legal y conforme a los procedimientos del sistema de justicia penal.

La FEMDO confirmó que la acusación incluyó la introducción clandestina de armas, municiones y explosivos. Estos elementos fueron clasificados como de uso exclusivo militar, lo que elevó la gravedad de la imputación.

Fuentes oficiales indicaron que el exfuncionario no presentó permisos de la autoridad competente. El hecho resultó determinante para acreditar la ilegalidad de las operaciones realizadas entre 2009 y 2010.

El caso fue integrado como parte de las indagatorias relacionadas con tráfico de armamento internacional. Las autoridades judiciales mantuvieron la revisión de pruebas documentales y testimoniales entregadas por la parte acusadora. –sn–

Aduana Mexico

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FGR obtiene sentencia por delincuencia organizada

La FGR sentenció a David “S” por delincuencia organizada y delitos contra la salud.


Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalia General de la República (FGR) obtuvo sentencia contra David “S” por delincuencia organizada y delitos contra la salud. La resolución judicial se dictó en el Estado de México después de un proceso que inició en 2016. El caso involucró investigaciones federales y pruebas ministeriales determinantes.

La FGR informó que en abril de 2016, autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión contra David “S”. Posteriormente fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número Uno, conocido como “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado estuvo vinculado con una organización criminal dedicada al narcotráfico. Sus operaciones principales se localizaron en Guatemala, además de los estados de Chiapas y Tabasco. La Fiscalía señaló que esta red ilegal mantenía estructuras y actividades en territorio nacional.

Investigación judicial y pruebas

El Ministerio Público Federal reunió pruebas y testimonios relacionados con la actividad criminal atribuida al acusado. Los peritajes y documentos oficiales acreditaron vínculos directos con operaciones de tráfico de drogas en la región. Tras diversas audiencias y recursos legales, se fortaleció el expediente presentado ante el juzgado.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México evaluó las evidencias. La autoridad judicial determinó la responsabilidad penal del imputado conforme a la normatividad vigente. La sentencia condenatoria se dictó con base en los delitos acreditados por el Ministerio Público.

La condena final estableció 12 años seis meses de prisión contra David “S” por delincuencia organizada. Además, el juez impuso una multa equivalente a 157 mil 698 pesos con 80 centavos. La resolución se emitió en la sede judicial de Toluca, Estado de México.

Coordinación de fiscalías federales

El proceso fue resultado del trabajo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Ambas instancias coordinaron acciones con la Fiscalía General de la República. La cooperación permitió fortalecer las líneas de investigación contra organizaciones criminales.

Autoridades informaron que los procedimientos se realizaron en apego a la normatividad aplicable en materia penal. El expediente se integró con información aportada por distintas áreas de inteligencia y seguridad. La sentencia se consolidó como un precedente en casos vinculados con el narcotráfico.

El gobierno federal indicó que estas acciones formaron parte de una estrategia nacional contra la delincuencia organizada. La coordinación interinstitucional fortaleció las capacidades de respuesta frente a estructuras criminales transnacionales. Los resultados se sumaron a procesos judiciales en curso en distintos estados.

Repercusiones del fallo

La sentencia contra David “S” reflejó el compromiso institucional de perseguir delitos de alto impacto. El fallo judicial se convirtió en un referente de la actuación de la justicia federal en México. Las fiscalías involucradas confirmaron que continuarán integrando expedientes contra otros integrantes de la red.

El caso evidenció la presencia de organizaciones criminales con vínculos internacionales y operaciones en varias regiones del país. La FGR explicó que la colaboración entre instancias permitió superar obstáculos procesales y consolidar pruebas. El fallo se notificó formalmente a las partes involucradas tras la audiencia respectiva.

La resolución judicial incluyó el registro de la condena en los archivos oficiales y su seguimiento penitenciario. El interno permanecerá en reclusión conforme a lo dispuesto por el juez federal en la sentencia. Las autoridades penitenciarias del “Altiplano” garantizaron el cumplimiento de la sanción. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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Detienen militares a operador financiero del CJNG en la Cdmx

La Secretaría de la Defensa Nacional informó detención de operador del CJNG y acciones coordinadas.


Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó que este miércoles detuvo a Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención se realizó tras investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en cumplimiento de una orden de aprehensión, con apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Oscar “N” fue capturado en el interior del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Cdmx, tras arribar en un vuelo procedente de Barcelona, España, donde se le acusó de delitos graves relacionados con delincuencia organizada.

Delitos imputados al detenido

Se informó que Oscar “N” enfrentó cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos de manera sistemática dentro del CJNG.

Autoridades indicaron que el detenido era considerado el principal operador financiero del cártel, involucrado en la adquisición de propiedades y operación de empresas relacionadas con el sector tequilero y ganadero.

La detención se realizó con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, según señaló la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado oficial.

Oscar “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Coordinación interinstitucional

El operativo reflejó la colaboración de múltiples instituciones de seguridad, incluyendo Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, SSPC y el CNI, lo que permitió la detención exitosa en la terminal aérea de la Cdmx.

El gobierno federal reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de inhibir la actividad de la delincuencia organizada en todo el país, priorizando la seguridad de la población.

Se informó que la investigación contra Oscar “N” incluyó seguimiento a operaciones financieras y empresariales, así como monitoreo de bienes inmuebles vinculados al CJNG.

Autoridades precisaron que la detención permitió asegurar evidencia relacionada con la recepción y transferencia de recursos ilícitos, contribuyendo a la desarticulación de las redes financieras del cártel.

Estrategia Nacional de Seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que la operación se alineó con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enfocada en la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades de inteligencia.

Se explicó que el despliegue de fuerzas combinadas garantizó que la captura se realizara sin alteraciones a la operación aeroportuaria ni riesgo para terceros.

El gobierno federal afirmó que este tipo de acciones busca reforzar la paz y la seguridad de la población, disminuyendo el impacto de actividades ilícitas en la economía y sociedad.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de colaborar con otras instancias para inhibir delitos de alto impacto, incluyendo lavado de dinero y delincuencia organizada.

Impacto financiero del CJNG

Autoridades revelaron que Oscar “N” administraba recursos que provenían de diversas actividades ilícitas, incluyendo empresas fantasma, adquisiciones inmobiliarias y operaciones dentro del sector ganadero y tequilero.

Se detalló que su captura permitirá el análisis de transacciones y propiedades para determinar el flujo de recursos ilícitos y posibles vinculaciones con otros integrantes del CJNG.

La FEMDO continuará las investigaciones con la finalidad de judicializar el caso y proceder conforme a la ley, incluyendo aseguramientos y decomisos correspondientes.

El gobierno federal insistió que esta acción refuerza la política de cero tolerancia frente al crimen organizado y protege la integridad de ciudadanos y sectores económicos vulnerables.

Derechos humanos y legalidad

La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que todas las actuaciones se llevaron a cabo respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales, con supervisión de instancias competentes.

Se destacó que la operación aérea fue planificada y ejecutada con protocolos de seguridad que minimizaron riesgos para terceros, pasajeros y personal aeroportuario.

El detenido fue trasladado bajo custodia a instalaciones judiciales, donde se verificará la legalidad de su detención y se iniciará el procedimiento correspondiente ante la FEMDO.

El gobierno federal aseguró que la acción busca inhibir estructuras financieras del crimen organizado, evitando que los recursos ilícitos se reinviertan en actividades delictivas.

Seguimiento del caso

Autoridades informaron que la investigación continuará para identificar posibles cómplices y conexiones internacionales del CJNG, fortaleciendo el combate al lavado de dinero.

Se destacó que la coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y CNI permitió interceptar al operador financiero antes de que pudiera ingresar nuevamente a territorio nacional con fines ilícitos.

La Fiscalía Especializada realizará la valoración de los delitos imputados y determinará la situación jurídica de Oscar “N”, así como medidas de aseguramiento de bienes relacionados.

El gobierno federal reafirmó que estas acciones forman parte de la política de seguridad nacional para proteger a la sociedad y desarticular organizaciones criminales.

Operativos similares

Se recordó que esta detención se suma a una serie de operativos realizados en distintas entidades para desarticular estructuras financieras y logísticas del CJNG.

Autoridades federales destacaron la importancia de las operaciones conjuntas, con inteligencia estratégica y coordinación operativa, para prevenir la expansión de cárteles y reducir la violencia asociada.

El seguimiento a bienes inmuebles, empresas y movimientos financieros del CJNG continuará con el objetivo de asegurar recursos y evidencias que fortalezcan las investigaciones judiciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que el caso será un referente de cooperación interinstitucional para futuras acciones contra el crimen organizado. –sn–

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