Sob denúncias de irregularidades, privatização da Copasa é concluída

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Aprueba el IECDMX procedencia de los reglamentos internos del PRD capitalino

Las prerrogativas a las que tiene derecho, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, permanecerán sujetas a la conclusión de la cadena impugnativa. | Nora Arias exige a las fiscalías justicia en los casos de feminicidio. En busca del voto en el extranjero, el PAN designó al diputado Raúl Torres, Coordinador de Mexicanos en el exterior  

Por Luis Muñoz  

Este lunes, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la resolución mediante la cual determinó la procedencia constitucional, legal y estatutaria de los reglamentos internos presentados por el Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD CDMX) que dirige la diputada Nora Arias Contreras, en cumplimiento de diversas resoluciones emitidas por autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales relacionadas con su registro como partido político local.

La determinación, señaló el Instituto, es resultado de un amplio proceso de revisión derivado de la pérdida del registro nacional del Partido de la Revolución Democrática y de su posterior constitución como instituto político local en la capital del país. Dicho procedimiento incluyó diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En un comunicado emitido este día, explicó que como parte de las acciones ordenadas en resoluciones previas, el PRD CDMX presentó para su análisis nueve reglamentos relacionados con la organización y funcionamiento de sus órganos internos, mecanismos de afiliación, justicia intrapartidaria, transparencia, capacitación, administración de recursos y protección de derechos humanos, entre otros aspectos fundamentales para la vida interna del instituto político.

El Consejo General concluyó que los reglamentos presentados cumplen, en términos generales, con los principios constitucionales, las disposiciones legales aplicables y el Estatuto del partido, por lo que determinó su procedencia constitucional, legal y estatutaria.

No obstante, el Instituto Electoral identificó algunas disposiciones que requieren ajustes para armonizar plenamente su contenido con las normas estatutarias del propio partido. 

La resolución reconoce el derecho de auto-organización y vida interna del partido político local, por lo que los ajustes señalados quedan a su libre determinación, en su caso, podrán presentarlos ante el Instituto Electoral para la valoración correspondiente conforme a la legislación electoral vigente.

Además de declarar procedente la mayor parte de la normativa interna presentada, el Consejo General instruyó a las áreas competentes del Instituto para dar seguimiento a cualquier modificación futura que el partido realice a sus reglamentos, a fin de verificar su congruencia con la Ley General de Partidos Políticos y con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Finalmente, el Consejo General señaló que, debido a las impugnaciones promovidas contra resoluciones relacionadas con el proceso de regularización del PRD CDMX, las prerrogativas a las que tiene derecho dicho instituto político correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026 permanecerán sujetas a la conclusión de la cadena impugnativa respectiva de manera previa a realizarse el depósito de los recursos públicos que le correspondan.

JUSTICIA ANTE CASOS DE FEMINICIDIO, EXIGE NORA ARIAS

Por cierto, la dirigente y legisladora del PRD, Nora Arias Contreras, pidió a las fiscalías de la Ciudad de México y Oaxaca la aplicación de justicia ante los recientes casos de feminicidio ocurridos en dichas entidades.

Dijo además que los servidores públicos no pueden ni deben “normalizar la indiferencia y complicidad” de los hechos de violencia contra las mujeres porque “la omisión también genera responsabilidades”.

En su calidad de coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Arias Contreras destacó que

la impunidad no puede seguir cobrando vidas porque “la justicia que llega tarde, también es una forma de violencia”.

“Cuando las instituciones callan e ignoran, los servidores públicos fallan en su deber de proteger y hacer justicia”, aseguró la también delegada en Gustavo A. Madero, quien advirtió que el deber del servidor público no sólo debe ser en el discurso sino en los hechos.

Arias Contreras declaró lo anterior en respuesta al femicidio cometido contra una asambleísta del PRD en Oaxaca el viernes pasado, que se suma al ocurrido en octubre de 2025 en el Comité del PRD en Cuajimalpa de la Ciudad de México, y del cual, por cierto, la Fiscalía de Justicia no ha entregado resultados.

Denunció que “la omisión también genera responsabilidades cuando se deja de actuar ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas”, y resulta aún más grave cuando existen antecedentes, denuncias y elementos del conocimiento de las autoridades, incluidos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La diputada Nora Arias manifestó que en el caso del feminicidio de Cuajimalpa, al Fiscalía de la CDMX sigue sin dar respuesta alguna, “dejando a las familias en dolorosa espera de justicia”.

Por ello, insistió, “exigimos a las fiscalías de Oaxaca y de la Ciudad de México, el esclarecimiento inmediato de ambos casos de feminicidio, y a todas las autoridades a asumir con seriedad su obligación de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia”.

TORRES BARRON, DESIGNADO COORDINADOR DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Con la designación del diputado Raúl Torres Guerrero como coordinador de mexicanos en el exterior, el Partido Acción Nacional se enfocará en la atracción del voto opositor fuera del país.

Torres Guerrero funge actualmente como enlace con la comunidad migrante mexicana.

El voto exterior, principalmente en Latinoamérica, ha sido crucial para los partidos de oposición, como es el caso de Perú, que le dio el triunfo a Keiko Fujimori (hija de Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000) en el Perú. Hoy el PAN entiende que “es una prioridad atender a la economía mexicana en el exterior”.

Raúl Torres se comprometió a sumar esfuerzos con la titular de la Secretaría de Asuntos internacionales, la panista Mariana Gómez del Campo y dijo que “llegó el momento de abrir y posicionar aún mejor al PAN en el exterior, y ayudarle a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a tejer una mejor relación con otras naciones del mundo, en especial con Estados Unidos, donde los gobiernos de Morena han tenido un desempeño patético”.

El panista indicó que los mexicanos en el exterior “somos las fuerzas fundamentales para el presente y el futuro de nuestro país.  Hoy más que nunca debemos trabajar unidos y organizados para contribuir a que México recupere las oportunidades que merecen nuestras familias desde cualquier lugar del mundo”.

Por su parte, Mariana Gómez del Campo, titular de Asuntos Internacionales del PAN, comentó que millones de mexicanos viven fuera de nuestras fronteras y durante años muchos de ellos se han sentido olvidados y poco escuchados a pesar de la enorme contribución que hacen a nuestro país.

“En el PAN, prometió, les queremos decir que su voz importa y que hoy México los necesita más que nunca. Expuso que México también se construye desde cada rincón del mundo y advirtió que “no vamos a permitir que células o brigadas de Morena engañen a nuestros mexicanos en el exterior con presiones o chantajes a sus familias que radican en la CDMX con la suspensión de programas sociales como vivienda, casa, apoyos, becas, entre otros”.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: “Carpetazos” en la Fiscalía relacionados con acoso sexual

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La denuncia y el proceso penal: Sus derechos como víctima y la exigencia de Justicia. Por Alvarez Abogados Tenerife, estrategia procesal, defensa penal y protección de los derechos fundamentales en Canarias desde 1954.
https://alvarezabogadostenerife.com/2026/06/la-denuncia-y-el-proceso-penal/

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Suspendido el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, en una investigación por comportamiento sexual inapropiado

https://fed.brid.gy/r/https://elpais.com/internacional/2026-06-08/suspendido-de-sus-funciones-el-fiscal-jefe-del-tribunal-penal-internacional-karim-khan.html

Moraes concede novo prazo para PGR concluir investigação contra Vinícius Gurgel na BR-156

Ministro do STF atendeu a pedido da PGR por mais tempo para cruzar dados financeiros e eletrônicos sobre suposto esquema de corrupção na rodovia amapaense, que investiga fraude em licitações e o uso de influência política no DNIT

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu, no último dia 21 de maio de 2026, um novo prazo de 60 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) conclua a análise dos dados coletados na investigação sobre supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo o deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP). A decisão, tomada de forma estratégica no âmbito do Inquérito 4.889 sob relatoria do magistrado, atende a uma necessidade técnica de esmiuçar o grande volume de informações digitais e bancárias obtidas pelas equipes de fiscalização e diligências da Polícia Federal. O objetivo central do prolongamento dos trabalhos é esclarecer se houve direcionamento de licitações e pagamentos de propina em contratos de manutenção da BR-156, a principal rodovia federal que corta o estado do Amapá.

Com essa determinação, a Suprema Corte mantém o foco sobre as complexas engrenagens que ligam a política partidária a grandes obras de infraestrutura na Região Norte do país. O caso ganhou contornos mais nítidos quando a própria PGR identificou indícios incontestáveis de que processos de contratação de serviços essenciais na rodovia amapaense estariam sendo manipulados para favorecer empresas específicas. Além disso, as suspeitas indicam que o parlamentar teria utilizado sua influência política para apadrinhar e indicar nomes estratégicos para cargos de chefia na Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Amapá. Essa interferência, segundo a linha de apuração, serviria para garantir que as engrenagens do suposto esquema continuassem girando sem sobressaltos ou fiscalizações rigorosas.

A BR-156 possui uma importância vital e dramática para a população amapaense, pois é a única via terrestre que conecta a capital, Macapá, ao extremo norte do estado, na fronteira com a Guiana Francesa. Há décadas a população sofre com trechos sem pavimentação, atoleiros no período de chuvas intensas e isolamento geográfico. O fato de os recursos destinados à manutenção dessa estrada estarem sob suspeita de desvio e loteamento político adiciona uma camada de urgência e indignação social ao processo, transformando uma investigação técnica de colarinho branco em um tema de impacto direto no cotidiano de milhares de cidadãos que dependem da infraestrutura local para escoar mercadorias ou buscar atendimento médico.

A decisão de Alexandre de Moraes reflete a postura do tribunal de dar o tempo necessário para que órgãos de controle elaborem relatórios periciais sólidos, evitando nulidades processuais futuras que costumam derrubar grandes operações. Nos bastidores do Judiciário em Brasília, o entendimento é de que o cruzamento de dados de quebra de sigilo bancário e fiscal exige prudência extrema, uma vez que os caminhos do dinheiro em esquemas de lavagem costumam passar por laranjas e empresas de fachada. A concessão de mais dois meses para a PGR é vista como um passo prudente para que o Ministério Público Federal possa, ao final do prazo, decidir com segurança se apresenta uma denúncia formal contra o deputado ou se arquiva o caso por falta de provas conclusivas.

O deputado Vinícius Gurgel, que exerce mandato na Câmara dos Deputados e tem base eleitoral consolidada no Amapá, nega as acusações e sua defesa vem reiterando que todas as suas emendas parlamentares e indicações políticas seguiram critérios estritamente republicanos e técnicos. Os advogados do parlamentar argumentam que a longa duração do inquérito impõe um desgaste desproporcional à imagem pública do político e que a prorrogação sucessiva de prazos sem uma conclusão definitiva viola o princípio constitucional da razoável duração do processo. No entanto, o STF tem sinalizado que a complexidade dos crimes financeiros e a necessidade de rastrear fluxos de capital justificam a extensão do período de apuração.

O desfecho desta análise de dados da PGR definirá os próximos rumos do cenário político amapaense e a própria estabilidade do mandato do parlamentar. Caso a perícia confirme o fluxo de vantagens indevidas e o direcionamento de licitações do DNIT, o procurador-geral da República poderá oferecer denúncia criminal ao STF. Se a Corte aceitar a acusação, o deputado passará à condição de réu, enfrentando um processo que pode culminar em severas penas de prisão, perda dos direitos políticos e o dever de ressarcir os cofres públicos pelos danos causados à já precária malha rodoviária do Amapá.

Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | “Carpetazos” en la Fiscalía relacionados con acoso sexual

*Esta decisión fue considerada por la activista en derechos humanos, Viviana Erika Solorio, como un retroceso en la defensa de las mujeres, orquestada desde el Congreso de la Ciudad de México.

Por Luis Muñoz  

Expertos en el tema revelan que los “carpetazos” (cierre anticipado o conclusión irregular de investigaciones sin una resolución judicial) en casos de acoso sexual, son extremadamente comunes y representan una de las principales causas de la percepción de impunidad.

En el sistema de justicia, el cierre arbitrario de expedientes suele derivar en una falta de castigo para los responsables y nula reparación para las víctimas.

Recientemente en la Fiscalía de la Ciudad de México encabezada por Bertha María Alcalde Luján, se conoció del cierre de carpetas de investigación por acoso sexual derivado de la modificación que realizó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino al Código Penal local y a la Ley de Cultura Cívica, “para garantizar el respeto a los derechos humanos de los victimarios”, lo cual parece una aberración.

Esto generó alarma en la población, porque las mediciones oficiales reflejan niveles de impunidad de hasta el 89.4%, lo que significa que solo una fracción minoritaria de los delitos denunciados obtiene una resolución efectiva.

Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos, maestra en Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política y Criminología, lo calificó de retroceso orquestado desde el Congreso, o como un cálculo equivocado en la estrategia para la protección de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que exigen diariamente que sus derechos humanos no sean vulnerados.

El argumento es que las modificaciones tienen como objetivo ajustar la aplicación retroactiva de la ley en beneficio de las personas, de conformidad con las reglas previstas para ese efecto y en atención al principio pro persona fijados por la Constitución Federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las jurisprudencias emitidas por órganos jurisdiccionales.

Pero, ¿qué es lo que originan los “carpetazos”?

Frecuentemente por la saturación de los Ministerios Públicos, la fabricación de culpables para simular avances, la corrupción o la incapacidad técnica para recabar pruebas.

Generalmente el cierre de casos sin una investigación exhaustiva genera desconfianza en las instituciones de procuración de justicia y deja a las víctimas en total estado de indefensión. 

Se sabe que la impunidad en el sistema de justicia penal de la ciudad de México alcanza el 94%, nivel en el cual los delitos quedan sin esclarecerse. El porcentaje de carpetas de investigación archivadas temporalmente, determinadas como incompetencia o enviadas a la “congeladora” sin castigo para el culpable, representa más del 85% de los casos denunciados. 

El archivo temporal o la reserva de la investigación son los principales mecanismos utilizados por el Ministerio Público para cerrar expedientes, amparados en causas como el rezago crónico de las fiscalías, la falta de pruebas periciales y la deserción de las víctimas ante el tedioso proceso de denuncia.

El “carpetazo” -conocido legalmente como archivo temporal, desestimación o facultad de abstenerse a investigar- ocurre cuando el MP o la Fiscalía decide suspender la investigación de un delito por las siguientes razones: No existen suficientes datos, huellas o testimonios para probar que el delito ocurrió o para identificar a un posible responsable.

El diputado Alberto Martínez Urincho explicó que este dictamen atiende a la necesidad de erogar un artículo transitorio, para asegurar la aplicación de la ley de manera más favorable, en coherencia con lo establecido por la Constitución Política de México, tratados internacionales sobre derechos humanos y jurisprudencias relevantes.

El objetivo fue derogar el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, y se reforma la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, en materia de género y acceso a una vida libre de violencias para las mujeres, publicado el 24 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que el legislador local señaló que los argumentos a favor de esta derogación se centran en el principio de retroactividad de la ley, para prohibir su aplicación en perjuicio de las personas. Al respecto, añadió que permite excepciones en beneficio de los particulares.

Con estas modificaciones los derechos humanos son vulnerados y las víctimas revictimizadas, muchas mujeres que decidieron denunciar sólo cuentan con un abogado de oficio, empleados de la propia Fiscalía. 

Según la Barra Mexicana de Abogados, los “carpetazos” son síntomas graves de impunidad sistémica, fabricación de culpables y nula autonomía institucional. 

Para este colegio de profesionistas, esta práctica afecta al sistema judicial de la siguiente manera: Al dar “carpetazo”, las Fiscalías simulan impartición de justicia para cerrar expedientes políticos o por falta de capacidad investigadora, sin llegar nunca a un tribunal judicial.

Además, el archivo exprés y la falta de transparencia en el cierre de casos relevantes vulneran el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las víctimas.

La BMA, tras las modificaciones constitucionales de 2024-2025 y la elección popular de jueces, ha advertido que el sistema actual corre el riesgo de politizar aún más las decisiones penales, y advierte que la creación de órganos de disciplina controlados políticamente podría utilizarse para dar “carpetazo” a quejas ciudadanas contra juzgadores afines al régimen, protegiendo intereses políticos en lugar de sancionar la corrupción. 

Frecuentemente, la organización gremial ha emitido diversos comunicados donde exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales erradicar la opacidad, garantizando que el cierre de cualquier investigación cuente con sustento técnico-jurídico y no responda a presiones políticas (o de otro tipo).

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: El color morado y su influencia en la sociedad

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