Detención de defensora genera exigencia de liberación inmediata en SLP

Red de defensoras denunció detención de activista en San Luis Potosí. Alerta por detención

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresó su preocupación por la detención de la defensora feminista Celia García Valdivieso, fundadora y directora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A. C., ocurrida este 14 de junio de 2026 en la ciudad de San Luis Potosí. La organización denunció que la aprehensión fue arbitraria e ilegal. Asimismo, exigió su liberación inmediata y el respeto a sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la información difundida por la red de defensoras, los hechos ocurrieron mientras Celia García Valdivieso participaba en un retiro espiritual. En ese contexto, elementos policiales intentaron detener a un joven en las inmediaciones del lugar. Testimonios recabados señalaron que dicha actuación habría ocurrido de manera arbitraria e injustificada.

La defensora intervino en su calidad de abogada y promotora de derechos humanos para señalar presuntas irregularidades en la actuación policial. También advirtió sobre un posible abuso de autoridad derivado de la detención del joven. Posteriormente, fue detenida por elementos de la policía municipal de la capital potosina.

Señalan irregularidades

La organización informó que, al momento de emitir su pronunciamiento, la defensora permanecía retenida en la Comandancia Poniente Horizontes de la ciudad de San Luis Potosí. Según los reportes recibidos, permaneció aislada y sin acceso a representación legal. Además, no se habían informado cargos que justificaran su detención.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México sostuvo que estos hechos podrían constituir violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. También señaló posibles afectaciones a la libertad personal de la activista. La agrupación manifestó preocupación por las condiciones en las que permanecía retenida.

El pronunciamiento indicó que la detención de una persona defensora por cuestionar la legalidad de una actuación policial representa un hecho alarmante. La organización sostuvo que las personas defensoras desempeñan una función esencial en la protección de derechos fundamentales. Asimismo, recordó que su labor debe realizarse sin intimidaciones ni represalias. –sn–

Celia García Valdivieso

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[Carta al Director] Escuelas protegidas: el desafío está en los reglamentos
La Ley de Escuelas Protegidas busca dotar a los colegios de herramientas para enfrentar situaciones de riesgo, pero la correcta

https://www.laopiniononline.cl/carta-al-director-escuelas-protegidas-el-desafio-esta-en-los-reglamentos/

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Defensa de Rodolfo “El Wero Bisnero” cuestiona investigación en Tlalnepantla

El proceso continuará conforme a las etapas previstas por el sistema de justicia penal mexiquense.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

En la audiencia intermedia celebrada hoy en el Juzgado de Control de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos, estado de México, la defensa de Rodolfo “N” —conocido mediáticamente como El Wero Bisnero— argumentó con absoluta claridad que su cliente es inocente del homicidio que se le imputa dentro de la causa penal 2641/2025.

Esta afirmación se sustenta en hechos probados y datos objetivos que contradicen la narrativa pública, de corte acusatorio, que se ha expuesto durante meses, señaló el abogado Rodolfo Pérez Vázquez.

En el punto central de su exposición, el abogado señaló de manera contundente que demuestran la inocencia de Rodolfo “N”. 

A esa anomalía se suman otros elementos graves que deben ponderarse:

  • No se ha localizado el arma homicida.
  • No se han presentado rastros físicos atribuibles a Rodolfo en el departamento donde se cometió el delito.
  • Ingresaron al domicilio de la esposa del imputado sin autorización de quien lo habitaba, ni autorización judicial.
  • Al ingresar, invadieron su privacidad, pues la vieron en paños menores.
  • Tomaron fotografías a uno de sus hijos, de tres años de edad.
  • Su esposa y sus hijos fueron retenidos desde las 3:00 a.m. durante más de cuatro horas a las afueras del fraccionamiento donde ocurrieron los hechos.
  • Después de que policías y personal de la Fiscalía los sacaron del lugar, ingresaron al departamento de El Wero Bisnero sin autorización.
  • Coaccionaron a la esposa para que declarara, bajo la amenaza de incriminarla falsamente si no cooperaba en los términos pretendidos por la Fiscalía.
  • No existen pruebas que evidencien su participación en el hecho ni un móvil claro.

Y, sobre todo, quedaron líneas relevantes de investigación sin agotarse plenamente.

Hay un patrón procesal que no puede ignorarse

De las audiencias públicas y constancias revisadas se desprende un patrón procesal que no puede ignorarse:

  • Al menos 10 omisiones o respuestas incompletas atribuibles a la Fiscalía.
  • Al menos 8 actos relevantes de investigación no agotados o parcialmente agotados.
  • 6 momentos procesales críticos con posible afectación al derecho de defensa.
  • Al menos 5 líneas sustantivas no suficientemente exploradas o incluso inexploradas.
  • 3 decisiones que consolidaron el cierre de la investigación pese a pendientes relevantes.

Las fiscalía parece haber investigado para confirmar una hipótesis y no para esclarecer la verdad

El abogado Pérez Vázquez señaló que, si bien la defensa no acusa públicamente a terceros, sí exige que se explique por qué no se investigaron de manera exhaustiva antecedentes, accesos, cámaras, comunicaciones, trayectorias, posibles contextos previos y toda la información relevante de la víctima vinculada con el hecho.

De igual forma, pidió que se revisen las pruebas ya que aun no cuenrtan con ellas en su totalidad, debido a que la fiscalía ocultó información relevante para el caso, se depuren las omisiones, se contrasten los dichos con evidencia objetiva y no se permita que la presión mediática sustituya al debido proceso.

Asimismo, solicitó que se garantice plenamente el derecho de la defensa a acceder, obtener y ofrecer pruebas. La defensa ha sostenido que la Fiscalía mantuvo fuera de su alcance información relevante de la investigación y entregó copias de registros apenas dos días antes del vencimiento del plazo de seis meses, lo cual impidió conocer oportunamente el contenido de la carpeta, proponer actos de investigación y controvertir de manera efectiva la evidencia, por lo que se señaló su continuación para el 18 de junio de 2026 a las 08:30ª.m.

Por ello, la defensa sostiene que al haberse concedido el diferimiento de la audiencia para que preparan sus pruebas, con ello no busca dilatar el procedimiento, sino permitir que la audiencia intermedia cumpla su función constitucional como verdadero filtro judicial, antes de avanzar hacia una etapa de juicio oral con una acusación marcada por omisiones, inconsistencias y líneas de investigación no agotadas. –sn–

Sociedad Noticias

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Corral desiste de impugnación y mantiene denuncias federales

Corral retiró impugnación y mantuvo denuncias ante la FGR.

Por Martín García | Reportero                                      

El senador Javier Corral Jurado anunció que desistió de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024. La decisión fue comunicada mediante un posicionamiento conjunto elaborado con el despacho Schütte & Delsol Abogados.

De acuerdo con el documento difundido por el senador, la determinación respondió a diversos factores relacionados con el tratamiento público que recibió el caso. La postura fue acompañada por argumentos jurídicos y políticos expuestos por su equipo legal. El desistimiento implicó el cierre de esa vía de impugnación dentro del proceso iniciado en la capital del país.

Razones del desistimiento

Javier Corral Jurado sostuvo que existió una distorsión informativa alrededor del expediente relacionado con el intento de detención. Según el comunicado, también observó una utilización mediática y política del caso por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. El senador señaló que no participaría en escenarios que, a su juicio, fortalecieran interpretaciones políticas sobre el asunto.

El legislador afirmó que la mandataria estatal mantuvo posturas distintas respecto al mismo expediente en diferentes contextos públicos. Indicó que en la Ciudad de México el asunto fue presentado como un caso de persecución política. También sostuvo que en Chihuahua fue utilizado como argumento para respaldar una narrativa de exoneración.

La notificación formal del desistimiento fue difundida por el equipo jurídico que representa al senador. El documento explicó que la cobertura pública del caso favoreció intereses políticos y mediáticos vinculados con el gobierno estatal. La determinación fue presentada como una decisión estratégica dentro del contexto jurídico existente. –sn–

Javier Corral Jurado

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Octavio Martínez impulsa reformas de justicia y amnistía en el Congreso mexiquense

Justicia, amnistía y rendición de cuentas: el balance legislativo de Octavio Martínez

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El diputado Octavio Martínez Vargas concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Estado de México impulsando iniciativas orientadas a modernizar el marco jurídico mexiquense y ampliar las herramientas de atención a diversas demandas sociales.

Durante este periodo, el legislador promovió propuestas relacionadas con la Ley de Amnistía, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la supervisión de las políticas públicas, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de temas de interés social.

Reforma a la Ley de Amnistía

Uno de los temas centrales de la agenda impulsada por Octavio Martínez fue el fortalecimiento de la Ley de Amnistía del Estado de México.

El diputado promovió modificaciones para ampliar los supuestos de acceso a este beneficio legal e impulsó mecanismos legislativos orientados al análisis y seguimiento de las solicitudes presentadas por personas que consideran haber enfrentado violaciones al debido proceso o condiciones de vulnerabilidad durante sus procedimientos judiciales.

Las propuestas estuvieron orientadas a fortalecer el acceso a la justicia bajo una perspectiva de derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Justicia alternativa y solución de controversias

En materia de justicia, Octavio Martínez impulsó una propuesta para fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias en la entidad.

La iniciativa plantea fomentar herramientas como la mediación y la conciliación para resolver conflictos de manera más ágil, accesible y eficiente, con el propósito de acercar opciones de solución a la ciudadanía y contribuir a disminuir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. –sn–

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Fracción del PPSO exige respeto al debido proceso y condena cualquier acto de acoso sexual

Fracción del PPSO exige respeto al debido proceso y condena cualquier acto de acoso sexual
San José, 15 may (elmundo.cr) – La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) manifestó este jueves su postura frente a la actual [...]

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Fracción del PPSO exige respeto al debido proceso y condena cualquier acto de acoso sexual

Fracción del PPSO exige respeto al debido proceso y condena cualquier acto de acoso sexual Costa Rica - El Mundo CR

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Sheinbaum exige pruebas en extradiciones rechazadas por los Estados Unidos

La conferencia concluyó con un llamado de la presidente a evitar juicios anticipados sobre casos que permanecían en revisión judicial o ministerial.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que los Estados Unidos ha rechazado 38 solicitudes de extradición promovidas por México por considerar insuficientes las pruebas presentadas por las autoridades nacionales. La mandataria vinculó el tema con recientes debates públicos sobre procesos judiciales binacionales. La declaración ocurre mientras persisten cuestionamientos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionado en solicitudes de la justicia estadounidense.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la titular del poder Ejecutivo federal sostuvo que el principio legal de presunción de inocencia debía prevalecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con extradiciones internacionales. Sheinbaum Pardo reiteró que las autoridades mexicanas no podían actuar únicamente por presiones políticas o mediáticas sin elementos jurídicos sólidos. También afirmó que el gobierno federal mantuvo comunicación institucional con autoridades estadounidenses respecto a diversos expedientes abiertos.

Indicó que el caso de Rubén Rocha Moya provocó interpretaciones erróneas sobre la postura del gobierno federal frente a solicitudes internacionales. Explicó que la exigencia de pruebas suficientes formó parte de cualquier procedimiento legal contemplado en acuerdos bilaterales de cooperación judicial. Añadió que el respeto al debido proceso debía aplicarse sin distinción partidista ni política.

Caso Rocha Moya

Sheinbaum Pardo descartó cambios en su postura sobre el mandatario sinaloense con licencia y reiteró que no existían elementos públicos suficientes para proceder judicialmente. La presidente afirmó que el gobernador permaneció en Sinaloa y negó versiones relacionadas con una posible extracción internacional. También rechazó especulaciones sobre intervención de organismos extranjeros para ejecutar acciones fuera del marco legal mexicano.

La mandataria cuestionó análisis mediáticos que redujeron el debate a tres posibles escenarios sobre las solicitudes estadounidenses. Señaló que algunas voces plantearon únicamente extraditar de inmediato, encarcelar en México o ignorar las peticiones internacionales. Frente a ello, sostuvo que existía una cuarta vía basada en solicitar evidencias antes de iniciar cualquier procedimiento judicial.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano debía enfrentar consecuencias penales sin sustento jurídico verificable. Precisó que la exigencia de pruebas constituyó una obligación legal y no una decisión política del gobierno federal. La presidente insistió en que el respeto a los procesos judiciales fortaleció la relación institucional entre ambos países. –sn–

Joaquín «El Chapo» Guzmán

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