Crimen organizado obliga pago a gasolinerías en Michoacán
El cobro de piso paralizó gasolinerías en Buenavista. El crimen organizado exigió pagos semanales.
Por Alfredo Martinez | Corresponsal
Empresarios de Michoacán denunciaron extorsiones del crimen organizado contra estaciones de gasolina. Los afectados aseguraron que integrantes del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG) exigieron 15 mil pesos semanales. Las amenazas incluyeron advertencias de incendiar instalaciones o atentar contra sus vidas.
Debido al hostigamiento, al menos cuatro gasolinerías suspendieron operaciones de forma temporal. Según los testimonios, las extorsiones fueron dirigidas contra propietarios que se negaron a pagar. El grupo criminal estaría conformado por disidentes del CJNG y remanentes de Los Viagras.
La suspensión del servicio generó temor entre automovilistas y transportistas del municipio. Cientos de personas realizaron recargas de emergencia ante el riesgo de desabasto. Habitantes expresaron incertidumbre por la falta de combustible y la violencia creciente.
Denuncias, bajo amenaza
Los empresarios afectados indicaron miedo de acudir a las autoridades por temor a represalias. Sostuvieron que tanto ellos como sus empleados corren peligro si denuncian. La amenaza constante inhibe cualquier intento de acercamiento con corporaciones policiacas.
La población también criticó la estrategia de seguridad en la región, por considerarla ineficiente. Reprocharon que, pese al despliegue militar y policiaco, el crimen sigue operando con impunidad. Lamentaron que la violencia haya alcanzado incluso a los sectores comerciales más básicos.
Desde hace meses, Buenavista enfrenta un repunte en actos de violencia vinculados al crimen organizado. Comerciantes, transportistas y agricultores han reportado amenazas y cobros de piso. Sin embargo, los operativos federales no han frenado el control territorial de los grupos armados.
Los habitantes dijeron sentirse abandonados por las autoridades federales, estatales y municipales. Enfatizaron que las extorsiones afectan tanto a empresarios como a consumidores. Afirmaron que la economía del municipio se encuentra debilitada por el hostigamiento criminal.
Operativo en gasolinerías
Ante la presión ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) activó un operativo. Informó que junto con la Sedena, desplegó vigilancia en estaciones afectadas. El objetivo fue restablecer el servicio de combustible en Buenavista.
La SSP detalló que el patrullaje se mantuvo en torno a las gasolinerías en conflicto. Además, instaló filtros de inspección vehicular en los accesos al municipio. Las medidas buscaron inhibir actos delictivos que pongan en riesgo a los trabajadores y usuarios.
No obstante, las autoridades no aclararon si el operativo sería permanente o temporal. La dependencia evitó informar si hubo detenidos por los hechos recientes. Hasta el momento, el servicio de gasolina ha sido restablecido, aunque bajo vigilancia armada.
Los empresarios se dijeron agradecidos por el operativo, pero exigieron garantías a largo plazo. Pidieron acciones sostenidas y presencia continua de seguridad en la región. Aseguraron que no basta con medidas reactivas cuando la amenaza persiste.
Crimen sin freno visible
Las extorsiones contra negocios de Michoacán han crecido de forma alarmante en los últimos meses. Reportes ciudadanos documentaron amenazas similares en otros municipios del estado. El cobro de piso se ha extendido desde el sector agrícola al comercial y energético.
Organizaciones civiles denunciaron el crecimiento de estos delitos ante la indiferencia de autoridades. Aseguraron que en muchos casos las víctimas no denuncian por miedo. Afirmaron que el crimen mantiene control sobre amplias zonas rurales y urbanas.
Expertos en seguridad advirtieron que el cobro de piso es una forma de control territorial. Señalaron que permite a los cárteles financiar su estructura sin necesidad de narcotráfico. También identificaron una red de operadores locales encargados de la recaudación forzada.
En el caso de Buenavista, los grupos armados han operado sin contención durante años. Autoridades locales reconocieron dificultades para frenar su avance. La inseguridad ha causado migración forzada de pobladores y cierre de múltiples negocios. –sn–
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