“No se tolerará la corrupción inmobiliaria; perfilamos tipificarla como delito”: Ricardo Mejía Berdeja

La Corrupción inmobiliaria se refleja en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores. Mujeres jefas de familia y adultos mayores quienes quedan indefensos frente a estas prácticas. La falta de titulación legal agrava el problema y aumenta los riesgos de despojo y desplazamiento”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, a fin de que el delito de corrupción inmobiliaria se incorpore al catálogo en el que el Ministerio Público solicite prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad y efectos sociales.

“Es indispensable cerrar el paso a quienes, en complicidad con funcionarios deshonestos, abusan del patrimonio de las familias y se enriquecen con prácticas ilegales que afectan directamente el derecho a una vivienda digna”, señaló.

Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), explicó que la corrupción inmobiliaria se refleja en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores para facilitar adjudicaciones directas de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y la comercialización de inmuebles que no cumplen con la infraestructura adecuada o que están fuera de la legalidad.

El legislador federal por Coahuila –también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía—  subrayó que este fenómeno ha propiciado fenómenos como la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de la vivienda y desigualdad social, lo que se traduce en multimillonarios desfalcos en contratos con inmobiliarias y, al mismo tiempo, en problemas de acceso a servicios básicos en distintas comunidades, en perjuicio de millones de familias mexicanas.

En la ciudad de México, dijo Mejía Berdeja, muchas denuncias de despojo responden a contextos complejos, que van desde disputas familiares hasta operaciones diseñadas por funcionarios corruptos y operadores jurídicos que aprovechan la vulnerabilidad de la población.

“Son principalmente mujeres jefas de familia y adultos mayores quienes quedan indefensos frente a estas prácticas, pues carecen de recursos para litigar y defender su patrimonio. La falta de titulación legal agrava el problema y aumenta los riesgos de despojo y desplazamiento”, puntualizó el también ex titular de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ricardo Mejía, actual presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, recordó que los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años. “En Querétaro, una vivienda cuesta en promedio 2 millones de pesos y en la capital del estado hasta 3 millones. En 2015, el precio nacional rondaba 1 millón de pesos, por lo que en tan solo una década se duplicó o incluso triplicó. Para millones de familias mexicanas hoy es prácticamente imposible adquirir un patrimonio propio”.

“El Tigre” Mejía dijo que dicha iniciativa parlamentaria plantea que el Congreso de la Unión, en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, realice las adecuaciones correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir el delito de corrupción inmobiliaria.

De igual forma, agregó el legislador petista, establece que los servidores públicos y particulares que en los 180 días anteriores hayan incurrido en conductas de corrupción inmobiliaria deberán ser investigados bajo este nuevo marco jurídico.

Asimismo, el Ejecutivo federal y la Fiscalía General de la República tendrán un plazo de 180 días para emitir lineamientos de capacitación dirigidos al personal de obra, procuración de justicia y notariado, con el fin de reforzar la prevención y sanción de estas prácticas.

Finalmente, señaló el legislador federal Mejía Berdeja, “la Fiscalía deberá rendir un informe público anual en el que detalle los casos iniciados, sanciones aplicadas y mecanismos de prevención implementados”.

“Con esta reforma buscamos un mensaje claro: en México no se tolerará la corrupción inmobiliaria. No más despojos, no más fraudes con la vivienda. Defender el patrimonio de las familias es una obligación del Estado y un acto de justicia social”, concluyó Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–

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Sheinbaum critica a senadores de oposición, los califica de «hipócritas»

Acusaciones contra líderes del PRI y PAN

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente a senadores de oposición. Señaló a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, y a Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. Los calificó de “vende patrias” e “hipócrita”, respectivamente.

Durante su tradicional conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que el poder debe ejercerse con humildad. Insistió en que los integrantes de Morena deben actuar con sencillez y sin excesos, siguiendo la tradición de Benito Juárez y el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que la oposición practica la hipocresía y cuestionó el pasado de algunos de sus integrantes. Recordó que el coordinador del PAN no pudo explicar un supuesto fraude en Querétaro. Además, comentó que se ausentó del país durante seis años.

Críticas a la oposición

Claudia Sheinbaum también dirigió sus señalamientos contra Jorge Romero, presidente del PAN. Lo acusó de iniciar el caso del “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Este caso implica corrupción por la violación del uso de suelo y concesión irregular de permisos.

Mencionó que funcionarios municipales se beneficiaban de la construcción de pisos adicionales a cambio de sobornos. La presidente comentó que estas acciones afectaban directamente a la población. Criticó que en este asunto la oposición permanece en silencio.

Sobre el líder nacional del PRI, afirmó que también incurre en actos reprochables. Señaló que presentó denuncias sin pruebas en Estados Unidos. Por ello, afirmó que Moreno es “corrupto” y “vende patria”. La presidenta insistió en la necesidad de aclarar estos hechos.

Poder con humildad

Sheinbaum recordó que el poder debe ejercerse en justa medida. Reiteró que la humildad y sencillez son valores fundamentales para su movimiento. Afirmó que el pueblo no quiere gobernantes que se distancien de la gente ni ostenten parafernalia.

Comentó que mantendrá su comportamiento sobrio, basado en principios personales. Señaló que esa actitud la acompañó desde antes de ser servidora pública. Reafirmó que los morenistas deben conducir sus responsabilidades con honestidad.

Ante las acusaciones, defendió que su grupo político actúa con ética. Aseguró que la crítica hacia sus adversarios responde a comportamientos evidentes. La presidente insistió en separar la corrupción de la transformación política que representa Morena.

Acusaciones específicas

Al referirse a Ricardo Anaya, recordó que nunca explicó el presunto fraude en Querétaro. Dijo que su ausencia prolongada en el extranjero genera dudas sobre su compromiso político. Además, cuestionó que regresó como senador plurinominal amparado por el fuero.

En cuanto a Jorge Romero, puntualizó que encabezó un esquema corrupto en Benito Juárez. Detalló que esa red permitía la construcción irregular de edificios a cambio de pagos ilegales. Indicó que esas prácticas dañaban a la comunidad y la imagen pública.

Por último, acusó a Alejandro Moreno de presentar denuncias sin fundamento. Reiteró que esas acciones dañan la reputación del país. Llamó a poner cada cosa en su lugar, sin confundir a la ciudadanía. –sn–

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En Puebla, inmobiliaria ofrece departamentos en disputa legal

Anuncian venta de propiedades arrebatadas ilegalmente en San Andrés Cholula por el #CartelInmobiliario. Contacto bloqueado por responsable.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Inmobiliaria San Román colocó anuncios en varios sitios web para ofrecer a la venta los departamentos de Adán Larracilla, los cuales le fueron arrebatados de forma ilegal por el denominado Cártel Inmobiliario. Los inmuebles se ubican en la calle General Rosendo Márquez, de la colonia Gobernadores, en el municipio de San Andrés Cholula.

La víctima de este despojo ocurrido el pasado 16 de julio fue alertada por otra de las siete personas afectadas. En el portal propiedades.com aparecía un anuncio de los departamentos, que tenían un avance del 95% en su construcción y estaban destinados originalmente para renta.

El anuncio fue retirado después de que se advirtió que el inmueble estaba inmerso en una disputa legal. La publicación incluyó una leyenda de advertencia que indicaba “Fuera del Mercado” y señalaba un precio de venta de 1.3 millones de pesos.

En entrevista con Urbano Noticias, Adán Larracilla explicó que en 2023 adquirió el terreno donde edificó los departamentos, los cuales ya se encontraban en etapa final de acabados para ser ofrecidos en renta.

Contacto bloqueado por responsable

El afectado comentó que intentó comunicarse con Guillermina San Román, señalada como responsable del anuncio, pero fue bloqueado tras revelarle que él era el legítimo propietario de los departamentos. Relató que desde hace algunos años se dedica a la construcción de inmuebles para rentar como parte de un negocio familiar, y que esta fue la primera vez que enfrentó una situación de este tipo.

Solicitó al poder judicial agilizar los procedimientos para que tanto él como los otros seis afectados recuperen sus propiedades. Añadió que todos cuentan con un amparo admitido que busca restituirles su patrimonio. Recordó que los siete vecinos de la colonia Gobernadores fueron desalojados con amenazas y armas de fuego por individuos a quienes denominan Cártel Inmobiliario.

Juicio sin precisión de construcción

El despojo se originó porque Emma Dulce Flores Hernández exigió a Ángel Andrés Bustos Flores el pago de 1 millón de pesos. Este último se acreditó como dueño legítimo de un terreno de más de 700 metros cuadrados para cubrir la deuda. En el juicio no se mencionó que en ese predio ya existían construcciones, ni que ambas personas se conocían y vivían en la misma calle Rosendo Márquez. Tampoco se indicó que, presuntamente, actuaron de común acuerdo para apropiarse de los inmuebles.

El grupo al que los afectados identifican como Cártel Inmobiliario contó con el apoyo del juez Paulino Coronel Díaz, titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con sede en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca. Este juez ejerce en una jurisdicción ajena al estado de Puebla, a 249 kilómetros de la colonia Gobernadores y a siete horas de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Zona limítrofe y conexiones

La demarcación donde actúa el juez se ubica en una región limítrofe con Chilchotla, Puebla, y Cosolapa, Veracruz, perteneciente al Distrito de Tuxtepec, en la región del Papaloapan. De acuerdo con las víctimas, esta distancia y ajenidad jurisdiccional fortalecen las sospechas sobre la legalidad de las resoluciones emitidas en su contra.

Los afectados insistieron en que el proceso legal presenta irregularidades y carece de sustento jurídico para justificar el despojo de sus viviendas. Reiteraron que continuarán su defensa legal hasta recuperar cada una de las propiedades, señalando que la publicación en portales inmobiliarios es parte de una estrategia para vender los bienes de manera fraudulenta.

Solicitan intervención federal

Los siete afectados han solicitado la intervención del gobierno federal para frenar la venta de los inmuebles. Argumentaron que, mientras el caso se mantenga en disputa judicial, cualquier intento de comercialización violenta sus derechos patrimoniales.

Asimismo, llamaron a las autoridades de Puebla a colaborar en la investigación sobre la presunta red inmobiliaria que opera en la región. Enfatizaron que la situación representa un riesgo para otros inversionistas o propietarios que pudieran ser víctimas de procedimientos irregulares. –sn–

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Venta ilegal de departamentos en San Andrés Cholula involucra a presunto #CártelInmobiliario

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De 10 o 20 años de prisión será sancionada la corrupción inmobiliaria: Mejía Berdeja

Genera mercado negro de vivienda, encarecimiento y desplazamientos forzado. Se impondrán penas de 10 a 20 años de prisión y de 400 a 900 días de multa. El Cartel Inmobiliario vulnera su derecho a una vivienda segura en perjuicio de los ciudadanos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca tipificar y sancionar el delito de corrupción inmobiliaria, mediante reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El legislador federal Mejía Berdeja denunció que este delito ha generado un mercado negro de vivienda, provocando el encarecimiento desmedido de los precios, desplazamientos forzados de habitantes y una creciente desigualdad urbana, particularmente en alcaldías como Benito Juárez de la capital del país y entidades federativas como Coahuila.

“La corrupción inmobiliaria ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estructura criminal compleja, que involucra a servidores públicos, desarrolladores y operadores jurídicos que lucran con el derecho humano a una vivienda digna”, sostuvo el legislador petista.

Penas y sanciones

La iniciativa del diputado federal Mejía Berdeja propone crear un Capítulo XIV dentro del Código Penal Federal, con un Artículo 224 Bis, que impondría penas de 10 a 20 años de prisión y de 400 a 900 días de multa a quienes, como servidores públicos o particulares, alteren documentos o gestionen de forma ilegal trámites relacionados con la construcción, compraventa o cambio de uso de suelo, entre otras prácticas ilícitas.

Asimismo, Mejía Berdeja, también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, explicó que se plantea la adición del Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que considera falta grave cualquier acto de alteración documental o facilitación de obras ilegales vinculadas al desarrollo inmobiliario.

“La corrupción no tiene colores, pero algunos la llevan tatuada. El llamado Cártel Inmobiliario panista en la alcaldía Benito Juárez ha operado impunemente por más de 15 años, afectando la calidad de vida de miles de familias en todo el país”, declaró Mejía Berdeja.

Colusión con constructoras

El diputado federal por Coahuila, también conocido como “El Tigre”, presentó casos documentados en los que exfuncionarios del PAN recibieron departamentos como soborno a cambio de autorizaciones irregulares, como el caso de Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras en Benito Juárez, investigado por enriquecimiento ilícito y colusión con constructoras.

Además, denunció que en Coahuila, el actual gobernador Manolo Jiménez Salinas, del PRI, ha utilizado su poder para beneficiar a empresas inmobiliarias ligadas a su familia, con la asignación de terrenos públicos y contratos de obra sin transparencia.

Enfoque de género

El legislador subrayó que el delito de corrupción inmobiliario también debe analizarse con enfoque de género, ya que las mujeres, especialmente las jefas de familia, son desproporcionadamente afectadas por los despojos, desplazamientos y la falta de titulación legal, lo que vulnera su derecho a una vivienda segura.

La propuesta también contempla disposiciones transitorias para que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un plazo máximo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República deberán emitir lineamientos para capacitar a personal de obras, notariado y procuración de justicia en esta materia.

Finalmente, el diputado federal Ricardo “El Tigre” Mejía hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para respaldar esta propuesta, “la vivienda no puede seguir siendo una mercancía sujeta al lucro desmedido de mafias políticas y empresariales. Es un derecho humano, y como tal, debemos protegerlo mediante el castigo ejemplar a quienes lo violen”, concluyó el político coahuilense. –sn–

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Acusan presiones para frenar comisión para investigar el Cártel Inmobiliario

Diputado denuncia amenazas por proponer investigación del cártel inmobiliario en la capital. Morena denuncia intentos del PAN.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, denunció que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) intentaron frenar la creación de una comisión investigadora sobre el llamado “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México.

Ávila acusó que legisladores del PAN le enviaron mensajes con advertencias, buscando que retire su propuesta de indagar el presunto esquema de corrupción en construcciones de la alcaldía Benito Juárez.

El legislador afirmó que ha recibido presiones personales y advertencias sobre una campaña de difamación en su contra. Entre los temas que se le han señalado se incluyen contratos de su empresa con las Fuerzas Armadas y una propiedad en Estados Unidos.

“Mientras más amenazas reciba, más motivos tengo para seguir”, expresó Ávila ante medios en el recinto legislativo de San Lázaro. Agregó que los mensajes no lo intimidarán ni lo harán renunciar a la propuesta.

Insisten en guerra sucia

El diputado refirió que las comunicaciones se enviaron por medio de otros legisladores que funcionan como emisarios. En los mensajes se le advirtió que, si continuaba, la “guerra sucia” en redes sociales persistiría.

Aunque reconoció que no se trataron de amenazas directas, dijo que los mensajes tienen como objetivo disuadirlo. “Me quieren presionar con calumnias”, dijo, sin revelar los nombres de los emisores.

Celebró que la presidente de la República haya mostrado su aprobación a que la investigación se realice desde el Congreso. Consideró que existen suficientes elementos para indagar la posible corrupción inmobiliaria.

Indicó que la comisión propuesta tendría 15 integrantes de distintos partidos, incluidos representantes del PAN. El grupo contará con 180 días para emitir un informe legal y político sobre los hallazgos.

Testimonios de empresarios

Ávila reveló que su oficina ha recibido testimonios de empresarios y funcionarios afectados por extorsiones relacionadas con desarrollos inmobiliarios. También han llegado aportaciones de legisladores de otras bancadas.

Señaló que la también diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han mostrado interés en sumarse a la investigación.

El vocero de Morena detalló que existen al menos 28 expedientes abiertos sobre irregularidades en desarrollos inmobiliarios. En ellos se involucra a personas cercanas a Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN.

Según Ávila, se permitieron más de 200 pisos adicionales de manera irregular en distintos inmuebles. Añadió que se identificaron transferencias por más de 350 millones de pesos a cuentas relacionadas con el círculo de Romero.

Las obras señaladas se habrían realizado durante la administración de Romero en la alcaldía Benito Juárez. El legislador planteó que este tipo de actos deben ser investigados a fondo, “tope donde tope”.

Mencionó que, mientras desde el PAN se exigen explicaciones a Morena por casos estatales, no se ha cuestionado públicamente a Romero sobre estas acusaciones.

Participación plural

Carlos Ulloa, diputado con licencia de Morena, también manifestó conocer información sobre el tema. Ávila recalcó que se trata de un tema que atraviesa a distintos sectores y niveles de gobierno.

Calificó la corrupción inmobiliaria como un asunto de interés nacional, al afectar a empresarios, ciudadanos y funcionarios honestos. La comisión buscará documentar las irregularidades con rigor legislativo.

El legislador de Morena reiteró que no dará marcha atrás pese a las presiones. Insistió en que el Congreso debe ser el espacio legítimo para esclarecer estos hechos.

Afirmó que su propuesta no tiene tintes personales, sino el objetivo de combatir prácticas estructuradas de corrupción urbana.

Investigación legislativa necesaria

Ávila dijo que el Congreso cuenta con atribuciones para crear comisiones especiales. Añadió que esta sería una herramienta clave para sancionar responsabilidades administrativas y políticas.

Aseguró que el pronunciamiento presidencial a favor de la investigación refuerza la legitimidad de su propuesta.

Legisladores de otras bancadas no han fijado postura oficial, pero algunos reconocieron la necesidad de abordar el tema. Se prevé que en los próximos días se debata formalmente la creación de la comisión.

Ávila comentó que continuará reuniendo testimonios y documentación. Señaló que los ataques mediáticos no impedirán que avance la investigación.

El legislador concluyó que el “cártel inmobiliario” representa una red de intereses que debe ser desmontada. Reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. –sn–

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Avanza investigación sobre el Cártel Inmobiliario: FGJ

La Fiscalía de Justicia investiga a funcionarios y empresarios por corrupción inmobiliaria. Clara Brugada llama a colaboración legislativa.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas 55 líneas de investigación relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, según confirmó la titular Bertha Alcalde Luján. Los expedientes abiertos incluyen delitos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios.

La fiscal informó que existen actualmente 22 carpetas individuales y 33 bloques de casos que configuran una red de actos delictivos, no como hechos aislados sino como parte de un patrón estructurado de corrupción.

“Tenemos ya cuatro sentencias condenatorias y 16 investigaciones en proceso”, detalló Bertha Alcalde, quien afirmó que las pesquisas no se limitan a un solo periodo gubernamental ni a una alcaldía específica.

Las investigaciones abarcan desde directores generales de obras hasta accionistas y representantes de firmas inmobiliarias que habrían participado en construcciones irregulares.

Corrupción estructural

La funcionaria subrayó que la Fiscalía continuará actualizando la información conforme los casos avancen en sede judicial. Mencionó que los delitos investigados reflejan un “modus operandi estructural” con participación tanto pública como privada.

La mayoría de los hechos corresponde al periodo 2015-2018, aunque se revisan también etapas anteriores y posteriores, lo que evidencia la amplitud del entramado inmobiliario.

Los implicados enfrentan procesos por autorizar obras fuera de norma, alterar usos de suelo y manipular permisos con apoyo de figuras del sector privado.

Entre las prioridades de la Fiscalía se encuentra el análisis de zonas donde se ha detectado presión inmobiliaria y alteraciones sistemáticas del tejido urbano.

Puertas abiertas al Congreso

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene apertura para colaborar con diputadas y diputados federales interesados en conocer detalles del caso.

“Esta ciudad tiene las puertas abiertas a cualquier información sobre el Cártel Inmobiliario”, afirmó la mandataria capitalina, quien convocó a fortalecer la coordinación con el Congreso local.

Llamó a los legisladores a articular esfuerzos para revisar casos concretos y trazar acciones conjuntas frente al fenómeno de gentrificación y corrupción inmobiliaria.

Consideró esencial que la lucha institucional contra estas prácticas se nutra también con participación ciudadana.

Reformas contra la corrupción

Clara Brugada recordó que ya existe en la capital una legislación específica para frenar abusos del mercado inmobiliario. Esa norma, dijo, nació tras la revelación de las prácticas del citado cártel.

Invitó a diputadas y diputados a presentar propuestas que fortalezcan el marco legal existente y cierren espacios a la especulación urbana.

“Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario”, expresó.

Indicó que se dará atención prioritaria a edificios que operan con usos de suelo distintos a los permitidos, especialmente en zonas de alta densidad.

Zonas de conflicto urbano

El gobierno capitalino ha identificado diversas áreas donde los traspasos irregulares y la gentrificación han encarecido el costo de vida.

Estos movimientos han generado conflictos vecinales, desplazamientos forzados y pérdida de identidad comunitaria, denunció la mandataria.

Se revisarán los inmuebles intervenidos sin autorización y los permisos expedidos durante administraciones anteriores que avalaron usos no permitidos.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de estas propiedades son operadas por consorcios que ocultaron información para obtener licencias.

Compromiso institucional

Bertha Alcalde Luján reiteró que la Fiscalía está comprometida con el combate a la corrupción inmobiliaria y seguirá documentando cada caso con base en pruebas sólidas.

Confirmó que varias de las investigaciones han derivado ya en imputaciones formales y vinculación a proceso de los implicados.

La Fiscalía continuará compartiendo datos públicos sobre estos procesos conforme lo permitan las etapas judiciales. El trabajo se coordina también con dependencias locales para garantizar la legalidad en futuras construcciones. –sn–

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Luisa María Alcalde reside en zona gentrificada

Datos oficiales revelan construcción sin registro completo en predio ubicado en la colonia Roma. Vinculan su propiedad con presuntas irregularidades urbanas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La dirigente Luisa María Alcalde vinculó gentrificación con corrupción; vive en zona afectada por ese fenómeno. Durante su intervención en la marcha contra la gentrificación del pasado 4 de julio, la líder de Morena señaló prácticas inmobiliarias irregulares en alcaldías gobernadas por el PAN, particularmente Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Alcalde Luján denunció que en esos territorios operó un “cártel inmobiliario”, una red de desarrollos fuera de norma, con presuntos actos de corrupción y construcción sin lineamientos. “Esta problemática está vinculada muchas veces a desarrollos inmobiliarios hechos sin reglas y con moches”, dijo.

Vive en zona señalada

Sin embargo, registros oficiales indican que tanto Luisa María Alcalde como su hermana, Bertha Alcalde, fiscal de justicia de la capital, residen en un edificio ubicado en la colonia Roma, una de las más afectadas por la gentrificación. En 2016, Luisa María Alcalde adquirió una vivienda de dos niveles en Roma Sur por 4.2 millones de pesos. Posteriormente, el inmueble fue demolido para edificar un edificio de cuatro pisos.

La obra concluyó en 2020, cuando Néstor Núñez, de Morena, fungía como alcalde de Cuauhtémoc. En ese predio, el uso de suelo autorizaba únicamente tres niveles. El nuevo edificio incluye un ‘roof garden’, jacuzzi, área de descanso y asadores, sin que exista registro de finalización de obra ni autorización formal de habitabilidad.

Construcción rebasó permisos

Según un reporte de Latinus publicado en febrero de 2024, la edificación no contaba con el aviso de terminación de obra ni con la constancia de uso y ocupación. La falta de estos trámites impide legalmente su uso habitacional, pero hasta la fecha no se han reportado sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

En su declaración patrimonial de 2019, Luisa María Alcalde reportó la propiedad de un tercio del inmueble. El monto estimado de la parte donada por sus padres fue de 1.7 millones de pesos. Por su parte, Bertha Alcalde informó haber comprado un departamento de 134 metros cuadrados en agosto de 2016, mes que coincide con la inscripción del predio ante el Registro Público de la Propiedad.

Al margen de la ley urbana

Los documentos revelan que la construcción inició antes de que se autorizaran cambios de uso de suelo o licencias para ampliar verticalmente el edificio. Expertos consultados por medios especializados señalaron que ese tipo de desarrollos contraviene las normas del plan parcial vigente para la zona.

La colonia Roma ha sido una de las zonas más afectadas por la gentrificación, según estudios de organizaciones urbanas como Suma Urbana y Fundar, que advierten desplazamientos sociales y presión sobre los servicios. Diversas investigaciones han documentado el papel de actores públicos y privados en el crecimiento inmobiliario irregular en esa zona, fenómeno que Morena ha criticado desde tribuna. –sn–

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Aplazan audiencia contra empresarios del Cártel Inmobiliario

Juez pospone procedimiento por ausencia de imputados

Por Fausto Hernández | Reportero                                    

La audiencia prevista en Cdmx contra 14 empresarios fue diferida por orden judicial. El caso involucra presuntos delitos de corrupción inmobiliaria.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) reprogramó la audiencia originalmente prevista para el 14 de febrero contra 14 empresarios implicados en el caso conocido como Cártel Inmobiliario. El procedimiento legal quedó pospuesto por decisión judicial.

El juez Enrique García Garrido determinó que varios imputados no asistieron a la audiencia y que otros no tuvieron acceso a la carpeta de investigación. Esta situación habría impedido una defensa adecuada, motivo por el cual se ordenó el aplazamiento.

La nueva fecha fue fijada para el próximo 17 de junio, según información publicada por el diario Reforma. La decisión del juzgador obedeció al principio constitucional de garantizar un juicio justo para los señalados.

Red de corrupción inmobiliaria

Este caso se relaciona con un entramado de corrupción operado desde la alcaldía Benito Juárez, donde funcionarios y exfuncionarios presuntamente concedieron permisos ilegales a empresas constructoras a cambio de beneficios económicos.

Entre los investigados figura el exalcalde Christian Von Roehrich, detenido por asociación delictuosa, y el exdirector jurídico Luis Vizcaíno, condenado previamente por enriquecimiento ilícito.

También se encuentran implicados el exdirector de Obras Nicias René Aridjis Vázquez, sentenciado en mayo de 2023, y Adelaida García González, exdirectora de Desarrollo Urbano, igualmente señalada.

A la audiencia habrían sido citados Alexis Braun Burillo, sobrino del empresario Alejandro Burillo, así como José Miguel, Carlos Emilio y Jorge Antonio Serio Canaan.

Funcionarios y empresarios señalados

Otros nombres en la lista incluyen a Miguel Omar, Eduardo y Carlos Emilio Serio Sucar, Guillermo Arturo Serio Asaf, Jorge Salvador Ibargüengoitia Villanueva, Federico Alonso Baptista Fernández, Sergio Roberto Yazpik Flores, Luis Ascención Hernández Almora y Alejandro Rangel Guerrero.

Según la fiscalía, los imputados habrían recibido beneficios a cambio de otorgar autorizaciones irregulares en desarrollos inmobiliarios. El esquema presuntamente operó durante varias administraciones panistas en la alcaldía.

El modus operandi incluía pagos en efectivo, traspasos de propiedades y favores personales a cambio de permisos de construcción y uso de suelo en zonas con alta plusvalía.

Sentencias por procedimiento abreviado

En septiembre de 2023, Luis Vizcaíno aceptó su responsabilidad penal mediante un procedimiento abreviado. Fue condenado a cuatro años de prisión y al decomiso de bienes.

Entre las propiedades confiscadas se encuentra un edificio ubicado sobre Avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, valuado en 30 millones de pesos. El inmueble era compartido con otro funcionario investigado.

Además, le fueron aseguradas cuentas bancarias vinculadas a dos empresas supuestamente usadas para canalizar recursos obtenidos ilícitamente.

Investigación en curso

La FGJCDMX indicó que la investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas órdenes de aprehensión. El caso sigue siendo uno de los escándalos de corrupción urbana más relevantes en la capital.

Autoridades aseguraron que buscan desarticular por completo la red de complicidades entre empresarios del sector privado y exservidores públicos que operaban en la demarcación.

El proceso judicial contra los 14 empresarios podría representar un avance en la rendición de cuentas, luego de años de permisividad inmobiliaria en Benito Juárez. –sn–

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