elDiario.es - Periodismo a pesar de todo🎙 PODCAST | Villarejo visita a Cospedal: los audios que no se investigan
eldiario.es (bot no oficial)Montoro recibió un escrito de la caja B del PP elaborado por uno de los fiscales que ahora limitan la investigación contra él https://www.eldiario.es/politica/montoro-recibio-escrito-caja-b-pp-elaborado-fiscales-ahora-limitan-investigacion_1_12502793.html Pedro Águeda #FiscalíaAnticorrupción #Corrupciónpolítica #AudienciaNacional #PP-PartidoPopular #CristóbalMontoro #CajaB
Montoro recibió un escrito de la caja B del PP elaborado por uno de los fiscales que ahora limitan la investigación contra él
Un correo inédito de su jefe de gabinete informa al entonces ministro de Hacienda de que el documento del fiscal Anticorrupción les ha llegado sin firma por dos vías y que lo utilizarán para preparar una respuesta al juzgado dentro del caso de financión irregular del Partido Popular
La investigación a Montoro incluye correos de maniobras de Hacienda para salvar al PP y atacar a Podemos https://www.eldiario.es/politica/investigacion-montoro-incluye-correos-maniobras-hacienda-salvar-pp-atacar_1_12473453.html Pedro Águeda #MinisteriodeHacienda #JuanCarlosMonedero #PP-PartidoPopular #AgenciaTributaria #CristóbalMontoro #Brigadapolítica #MarianoRajoy #Corrupción #Podemos #CajaB
La investigación a Montoro incluye correos de maniobras de Hacienda para salvar al PP y atacar a Podemos
El jefe de gabinete del ministro abordó con el entonces titular de Hacienda la respuesta que había que dar al juez Ruz para que no pudiera acusar al PP de delito fiscal en el caso de la caja B; también le informó de los pasos para acorralar a Monedero
Riquiñez 
Esta noticia, en una España cuyos medios no fuesen el perro faldero del PP, sería el tema principal de tertulias e informativos en todo el país durante semanas.
Dudo mucho que veamos algo así.
Básicamente, Esperanza #Aguirre y #Rajoy compitieron en las elecciones dopados por muchos más millones de euros contra sus adversarios. De forma ilegal y con dinero negro.
Es muy muy grave. Y ya vemos los resultados: no hay quien les quite ciertos gobiernos regionales una vez llegan al poder.
https://www.eldiario.es/politica/guardia-civil-esperanza-aguirre-financiacion_1_3395799.html
#Democracia #Medios #Periodismo #PP #Política #Financiación #CajaB
Carabanchelnet 🔻 #7291VICTIMAS 🍉📌Génova 13, la zona cero de la Gürtel: el Supremo recuerda que la ‘caja B’ era del PP y no de Luis Bárcenas
#Carabanchel #Madrid #Gürtel #CoruPPcion #cajaB #Genova13 #Supremo
Génova 13, la zona cero de la Gürtel: el Supremo recuerda que la 'caja B' era del PP y no de Luis Bárcenas
La última sentencia firme del caso pone la sombra de la corrupción sobre la sede central del Partido Popular y revive la trama con la que la formación se financió irregularmente durante años en algunos de sus grandes feudos de MadridEl número 13 de l
Anticorrupción pedirá que Esperanza Aguirre sea condenada a pagar 26.000 euros por la caja B del PP de Madrid https://www.eldiario.es/politica/anticorrupcion-pedira-esperanza-aguirre-sea-condenada-pagar-26-000-euros-caja-b-pp-madrid_1_11284344.html Pedro Águeda #FiscalíaAnticorrupción #EsperanzaAguirre #PPdeMadrid #CajaB
Anticorrupción pedirá que Esperanza Aguirre sea condenada a pagar 26.000 euros por la caja B del PP de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción, que en 2022 pidió el archivo de la causa de la caja B del PP de Madrid para Esperanza Aguirre, solicitará durante el juicio que la ex presidenta madrileña y de la formación regional sea condenada como responsable civil a título lucrativo. Anticorrupción considera que, sin haber participado en los delitos que se juzgan, Aguirre se benefició de la trama y deberá abonar por ello 26.000 euros en concepto de responsable civil a título lucrativo. En su escrito de conclusiones, Anticorrupción pide condenar a 7 años y 10 meses años de cárcel al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a 3 años y 6 meses de prisión al que fuera gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, al considerar que son máximos responsables de la presunta 'caja b' del partido a nivel regional, solicitando igualmente la declaración como testigo de la expresidenta Esperanza Aguirre durante el juicio. En ese escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también considera responsable civil a título lucrativo a Ignacio González, al que reclama 28.293,22 euros. Según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, Anticorrupción solicitará en el trámite de las cuestiones previas, al inicio del juicio, que Aguirre y González sean condenados en la citada modalidad. La Fiscalía pide distintas penas de cárcel e inhabilitación para a la que fuera directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, al exjefe de gabinete de la presidenta, Borja Sarasola, al exdirectivo de la Comunidad José Martínez Nicolás, al presunto 'conseguidor' de Púnica, Alejandro de Pedro, y a Diego Mora. Según Anticorrupción, Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos orgánicos dentro del PP de Madrid --siendo el primero secretario general y gerente regional el segundo-- "sabedores de que en mayo del año 2011 correspondía la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y que iban a ser designados como director de la campaña y administrador electoral de la misma respectivamente". De esta forma, "se concertaron para, de forma similar a campañas anteriores, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad 'afines' a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral, así como posteriormente, ocultados a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid". "Así las cosas, Granados comenzó a programar los actos desde, al menos, inicios del mes de septiembre de 2010 de tal manera que, con fecha 8 de noviembre de 2010 el mismo ya había adjudicado la principal ejecución material de la campaña a la mercantil El Laboratorio de Almagro 36, S.L., así como consensuado con su responsable, María Luisa de Madariaga, realizar la misma y cómo se debería de facturar por parte de su empresa, así como a qué persona jurídica", relata la Fiscalía. Finalmente, recuerda el escrito, las elecciones fueron convocadas por Aguirre, abriéndose "el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley Orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid". Tal y como ya se preveía, apunta Anticorrupción, el principal responsable de la campaña electoral fue Granados, al tiempo que el encargado de los fondos a título de gerente de la campaña, como en las anteriores, fue Beltrán que, igualmente, fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral. El organigrama principal de la campaña se desglosaba a su vez en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los que la Fiscalía destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, como en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego. En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, "a efectos de dar cumplimiento a la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el que presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes". Y esto era así, apunta Anticorrupción, en tanto que "el total del coste declarado fue de 2.986.624*89 euros, remitiéndose como adjunto al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en que se basaba y justificaba tal cifra". "Conforme a la misma, se declararon un total de 35 proveedores, al tiempo que se remitieron las facturas presentadas por estos, la contabilidad analítica y por cuentas de estas, el libro diario de operaciones y los medios de pago, así como el extracto de movimientos de la cuenta de campaña", añade el escrito. Sin embargo, explica la Fiscalía, "tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido". "Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas", aduce. La Fiscalía argumenta que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados". "Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas", explica.
📌La Audiencia Nacional lleva a juicio a la mano derecha de Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid
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La Audiencia Nacional lleva a juicio a la mano derecha de Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid
El juez Manuel García Castellón sienta en el banquillo a Francisco Granados por delito electoral, tráfico de influencias, malversación y prevaricación pero rechaza declarar al partido partícipe a título lucrativo
El juez cita como testigos a los números dos de Interior y la Policía con Rajoy por una Kitchen paralela https://www.eldiario.es/politica/juez-cita-testigos-numeros-interior-policia-rajoy-kitchen-paralela_1_10850654.html Pedro Águeda #FranciscoMartínez #AudienciaNacional #PP-PartidoPopular #OperaciónKitchen #CasoVillarejo #LuisBárcenas #EugenioPino #CajaB
El juez cita como testigos a los números dos de Interior y la Policía con Rajoy por una Kitchen paralela
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha ordenado citar como testigos a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando el letrado representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero de la formación política. La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP. En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular. La declaración del antiguo secretario de Estado y del entonces director operativo de la Policía se producirá a petición de Gómez de Liaño, que ejerce la acusación particular, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, si bien el juez García Castellón no ha puesto aún fecha. En su providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, García Castellón asegura que hasta ahora ni imputados ni testigos han vinculado a Martínez con los hechos, al tiempo que justifica su citación porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas de Villarejo son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas. En ellas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como "Operación Kalasov", por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado lo desmiente tajantemente. El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de "Chisco": "Kalas - Liaño". El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: "Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza". Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como testigo, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño. Tanto Martínez como Pino se sentarán en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide una condena de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. La operación Kitchen es la maniobra parapolicial para destruir la investigación judicial de la caja B del PP. Por eso, la trama paralela para presionar al abogado de Bárcenas en la que han sido citados como testigos se ha venido a llamar Kitchen paralela o Kitchen jurídica. Cosidó se vuelve a librar De otro lado, García Castellón rechaza citar Alejandro Auset Domper pese a que la Fiscalía apunta a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un "lobby jurídico" que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. También se niega a citar al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. Alega García Castellón que Liaño no especifica si deben comparecer como testigos o imputados y que no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación, si bien el fiscal Anticorrupción preguntó en sus interrogatorios si el abogado del Estado en excedencia al que se refieren en el audio que origina la causa es Alejandro Auset.
Graban al alcalde de Ourense presumiendo de saber blanquear dinero en B para la campaña electoral https://www.eldiario.es/galicia/graban-alcalde-ourense-presumiendo-blanquear-dinero-b-campana-electoral_1_10184423.html elDiario.es Galicia #PP-PartidoPopular #Elecciones28M2023 #JoséManuelBaltar #Galicia #Ourense #CajaB
Graban al alcalde de Ourense presumiendo de saber blanquear dinero en B para la campaña electoral
El diario local La Región ha publicado la transcripción de una grabación de audio en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presume de saber cómo blanquear dinero en B. “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”, dice a un interlocutor que el periódico no ha “podido identificar con absoluta fidelidad”. Este le había preguntado lo siguiente: “Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas blanquear para poder gastarlo en campaña?”. ElDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Jácome para conocer su versión pero, por el momento, no hará valoraciones. Faltan 20 días para las elecciones municipales. La Región, cuya línea editorial es próxima a los intereses del PP de Manuel Baltar, ha publicado en los últimos días varios audios comprometedores para Jácome. El propio primer edil, que hasta el año pasado gobernó la ciudad en un pacto con los populares a cambio de apoyar a Baltar en la Diputación de Ourense, ha arremetido en sus redes sociales contra la prensa local, a la que acusa de “guerra sucia y manipulada”. Pero sobre la conversación publicada este lunes guarda silencio. Jácome, en todo caso, explica al interlocutor anónimo lo que “está haciendo” para la campaña. “La ley te permite financiar con un máximo de 50.000. Nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B, ¿no?”, afirma. Su interlocutor le responde entonces: “Y digo yo ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear para gastar en campaña?”. En ese momento es cuando el alcalde de Democracia Ourensana -formación de derecha populista- se jacta de sus dotes en la materia. “Pues con donaciones de la gente. Se lo doy...”, dice, a lo que el interlocutor responde: “Pero es mucho dinero...”. Y Jácome: “Nooo, me hacen donaciones... No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”. La última advertencia del interlocutor sobre que se trata de demasiado dinero cae en saco roto. La Región transcribe el diálogo solo hasta ese punto. El candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, se ha remitido a su “esperanza” en que la justicia actúe contra Pérez Jácome. “Estamos ante una situación muy seria. Todo el mundo se merece la presunción de inocencia, pero ahora le toca actuar a la justicia”, señaló, “quiero confiar en que va a actuar”. Rodríguez relacionó lo publicado por La Región con los excesos al volante de Manuel Baltar, cazado a 215 kilómetros por hora en un coche oficial de la Diputación conducido por él mismo. “Estos dos responsables políticos actúan con impunidad porque han interiorizado que las instituciones les pertenecen (…) me parece muy bien que que el PP denuncie la actuación del alcalde [Jácome] pero deberían tener la misma vara de medir con el presidente de la Diputación”, aseguró Rodríguez.
La Audiencia Nacional archiva la causa sobre la caja B del PP https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-archiva-causa-caja-b-pp_1_9806586.html Alberto Pozas, Elena Herrera #Financiacióndepartidos #Financiaciónilegal #PP-PartidoPopular #AudienciaNacional #CasoGürtel #CajaB
La Audiencia Nacional archiva la investigación del cohecho en la causa de la caja B del PP
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar el caso de la caja B que indaga en las adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el Gobierno de José María Aznar. En un auto fechado este lunes, el magistrado cierra por falta de pruebas la línea de investigación sobre la posible conexión directa entre las supuestas donaciones en negro que grandes empresarios realizaron a esa caja B y las adjudicaciones de millonarios contratos de obra civil pública que estos mismos empresarios recibieron con sus constructoras de administraciones gobernadas por los conservadores. En su escrito, Pedraz explica que pese a una "intensa investigación" en la que se han examinado los expedientes de contratación de todas las empresas "no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido" los hechos investigados. "No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical... que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, interventores de la Fiscalía e Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)", afirma el juez. Esta correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas se ha investigado en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel. Esta vía del cohecho se cerró en marzo 2015 por falta de indicios pero volvió a abrirse dos años después, en 2017, tras la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo. Salvo este último, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido. El fiscal del caso, Antonio Romeral, pidió el pasado 9 de noviembre el archivo de la investigación tras conocer un informe de la IGAE en el que los técnicos descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha y afirman que no se puede establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados. Ese informe no fue incorporado a la causa hasta el pasado 4 de noviembre, con un año de retraso. En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, el juez entiende que ese informe tampoco arroja indicios de delito. A este respecto, Pedraz recuerda que en ese informe se ha analizado la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes y en ninguno de ellos se ha encontrado “arbitrariedad”, “irregularidad” ni “elemento alguno” que “permita la conexión de dichos contratos” con las donaciones de los papeles de Bárcenas. Y explica que los técnicos se basan para hacer estas afirmaciones en dos hechos concretos. Por un lado, en que las mesas de contratación estaban formadas por funcionarios públicos. Y, por otro, en que la dirección facultativa o asistencia técnica en cada contrato —encargada de firmar los modificados, los proyectos complementarios y las certificaciones— “era distinta al resto de contratos”. En el verano 2021, el magistrado, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, acordó no prorrogar otros seis meses la instrucción de este caso. Su decisión se conoció justo una semana después de que tomara declaración al principal testigo, Luis Bárcenas, quien volvió a hablar de algunas donaciones finalistas para la caja B del partido sin aportar ninguna prueba, con la tesis de que las que poseía le fueron sustraídas por la brigada política durante la Operación Kitchen. Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015. Ahora, según Pedraz, es "plenamente aplicable" lo acordado en ese auto. La acusación popular, ejercida por Observatori DESC, había solicitado que continuara la investigación y se practicaran nuevas diligencias, pero el juez rechaza esta petición con el argumento de que el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción (declaraciones de investigados y testigos, pruebas documentales…) y el citado informe de la IGAE concluye que no hay en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa, lo que imposibilita establecer una “relación” entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados.