UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema

El análisis publicado por Mario Maldonado indicó que autoridades mexicanas enfrentaron la posibilidad de judicializar los expedientes para evitar tensiones con Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un dictamen para ordenar a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La medida ocurre después de las acusaciones formuladas desde los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.}

La informaicón se da a canocer a partir de un reportaje publicado hoy por Emeequis, del periodista Jorge García Orozco, y se detalla que la UIF giró la instrucción a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar operaciones y activos en el sistema financiero mexicano de estas personas. La medida se toma como acción preventiva en el marco de investigaciones internacionales.

El acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó la suspensión total de operaciones financieras relacionadas con Rubén Rocha Moya. El documento también contempla el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano y restricciones bancarias inmediatas.

La disposición de la UIF incluyó a otras nueve personas señaladas dentro del mismo procedimiento financiero. Entre los afectados figuraron Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense con licencia.

Congelan activos financieros

La lista de personas sujetas a bloqueo también integró a Enrique Inzunza Cázares, secretario general del gobierno de Sinaloa. Asimismo, apareció Enrique Díaz Vega, secretario de administración y finanzas de la administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

La orden financiera estableció que las instituciones bancarias debieron ejecutar el bloqueo dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la publicación en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el calendario oficial, el plazo para cumplir la instrucción concluirá el próximo 19 de mayo.

Las medidas dictadas por la UIF se conocieron mientras la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo públicamente que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes contra el mandatario sinaloense. La titular del Ejecutivo federal reiteró que cualquier procedimiento legal debía sustentarse en evidencias formales.

Presión política crece

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano podía ser procesado sin pruebas suficientes. La mandatario indicó que cualquier acusación requería un juicio justo y un procedimiento legal conforme al marco jurídico mexicano.

La presidente explicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación propia relacionada con las acusaciones formuladas desde Estados Unidos. El posicionamiento ocurrió en medio de un debate político y judicial sobre el futuro del gobernador con licencia de Sinaloa.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo contrastaron con el endurecimiento de las medidas financieras implementadas por la UIF. El caso incrementó la presión sobre el gobierno federal debido al impacto político y diplomático derivado de las acusaciones. –sn–

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Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna

Sobrino de ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) transfirió y recibió millones de empresario sentenciado en EU. La historia llega hasta la familia del gobernador de Sonora, Alfonos Durazo, también líder del partido Movimiento de Renegeración Nacional (Morena).

Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                                      

Empresas de Gilberto Salazar Escoboza –sentenciado por un esquema de exportaciones simuladas– transfirieron y recibieron recursos del contralmirante de la Semar Fernando Farías Laguna, detenido este jueves en Argentina y acusado de ser el líder de una mafia de huachicol fiscal. Las operaciones se entrelazan con negocios de un socio del mando de la Marina y vínculos con el entorno político en Sonora, reveló este viernes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) Rafael Ojeda Durán y líder de una red de huachicol fiscal, mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escoboza, empresario sonorense sentenciado en 2013 en los Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema millonario de exportaciones simuladas.

Las transferencias fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y forman parte de la causa penal que la FGR sigue en contra de Farías Laguna y otros miembros de la Secretaría de Marina que integraban la red de huachicol fiscal que el gobierno federal descubrió tras el arribo del buque Challenge Procyon al puerto de Tampico en marzo de 2025.

El expediente, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre las que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. 

Por su parte, el contralmirante de la Semar realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE.

Aunque la causa penal no menciona quiénes son los accionistas o representantes de Agronegocio SE y Agroexportadora SE, MCCI pudo comprobar, mediante una búsqueda en registros mercantiles, que detrás de ellas se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías.

La causa penal tampoco establece el motivo de las transferencias; sin embargo, ambas sociedades tienen como objeto social la compraventa y comercialización de ganado, hortalizas, frutas y verduras, así como la inversión en todo tipo de actividad agrícola.

El 14 de julio de 2012, Salazar Escoboza fue detenido en San Diego, Estados Unidos, y acusado de tres cargos de fraude bancario por defraudar por más de 4.4 millones de dólares a El Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. (EXIM Bank), institución cuya misión es facilitar las exportaciones de productos estadounidenses a través del otorgamiento de préstamos a compañías extranjeras que tengan la solvencia de comprarlos e importarlos a sus países de origen. 

La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, señala que, entre 2008 y 2009, Salazar Escoboza presentó documentos y cheques falsos afirmando que sus empresas habían comprado y recibido mercancía de la compañía estadounidense Cal-Pine, cuando en realidad dichas operaciones comerciales nunca se realizaron.

Esto le permitió obtener tres préstamos que sumaban 4.4 millones de dólares con el Frost Bank de San Antonio. En dichos créditos, EXIM Bank (el gobierno de EE.UU.) actuaba como intermediario y garante; si el deudor no pagaba, EXIM Bank cubría la deuda pendiente.

De acuerdo con la acusación, Salazar Escoboza usó los fondos para enriquecerse ilícitamente. 

Pese a que cada uno de los cargos implicaba una pena máxima de 30 años, Salazar Escoboza formalizó un acuerdo de culpabilidad que implicó resarcir 2.7 de los 4.4 millones de dólares defraudados, pagar una multa de 500 mil dólares y recibir un año de libertad condicional. 

En marzo de 2013, Salazar Escoboza fue declarado culpable de un solo cargo por declaración falsa a un banco y fue deportado a México.

Salazar Escoboza: en negocios con socio de Farías Laguna

Documentos del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) consultados por MCCI revelan que las empresas de Gilberto Salazar Escoboza también ha mantenido relaciones de negocios con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez, quien es socio del Contralmirante Fernando Farías Laguna en la compañía Inmobiliaria Falaycava SA de CV.

En noviembre de 2023, Agroexportadora SE –con la que Farías Laguna mantuvo operaciones millonarias– solicitó un crédito de 7 millones de pesos a la SOFOM LC Liquidez Corporativa. Como garantía de pago, la empresa de Salazar Escoboza dejó en prenda 21 vacas “cargadas”, 16 vacas “vacías”, 26 vaquillas tiernas y 2 vacas paridas cuya propiedad acreditó con la factura número F1936 de fecha 17 de octubre de 2022, emitida por Ramón Ángel Castillo Vázquez.

En septiembre de 2025, LatinUS dio a conocer que Castillo Vázquez también es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la empresa Sedona Springs SA de CV.

Castillo Vázquez, como se reveló entonces, también se encuentra asociado en Estados Unidos con Durazo Chávez en la empresa Proxima Centauri LLC, la cual ha construido desarrollos inmobiliarios en Arizona, Estados Unidos.

Sus vínculos con el poder en Sonora

Además de este vínculo con el hijo del actual Mandatario morenista, el empresario agroindustrial de Hermosillo, sentenciado en Estados Unidos, ha estado ligado al poder político en Sonora y se le ha relacionado con los ex gobernadores antecesores de Durazo. 

Durante su audiencia de detención preventiva en San Diego, el 24 de julio de 2012, la defensa de Salazar Escoboza presentó una carta de apoyo firmada por el entonces gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien estuvo en prisión más de dos años y enfrentó acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. 

La misiva de Padrés fue incluida junto con numerosas cartas que fueron presentadas por la defensa del empresario para dar testimonio de su buena reputación. –sn–

La investigación completa en MCCI

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La ministra Yasmín Esquivel advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias debe estar claramente definido en la ley. La SCJN avaló que la UIF pueda congelarlas sin orden judicial previa.

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México y Estados Unidos fortalecieron la cooperación financiera contra el crimen transnacional durante la reunión del TOC-WG en Washington.

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Exige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA

Más de 17 mil familias de AHMSA sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia. Investigación sobre delitos que pudo haber incurrido Ancira Elizondo, ex director de AHMSA.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió a las autoridades federales y estatales, realizar una investigación exhaustiva, transparente y coordinada sobre los posibles delitos relacionados con el caso Agronitrogenados y la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que se trata de uno de los episodios de mayor daño social, económico y laboral en la historia reciente del país.

“El colapso de AHMSA es el resultado de años de malas decisiones, posibles actos de corrupción y una cadena de irregularidades que hoy tienen a más de 17 mil familias sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia”, afirmó el legislador del Partido del Trabajo (PT).

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo “El Tigre“ Mejía solicitó, a través de un punto de acuerdo, “una investigación exhaustiva sobre los posibles delitos en los que pudo haber incurrido y hacer público el procedimiento legal del caso Agronitrogenados en contra del ciudadano Alonso Ancira Elizondo, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), que dio como resultado la quiebra de dicha empresa”.

Coahuila enfrenta una crisis profunda

El legislador federal, que preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó que la región centro de Coahuila enfrenta una crisis profunda derivada de la quiebra de la principal siderúrgica del país, lo que ha impactado no solo a los trabajadores sindicalizados y de confianza, sino también a la economía local, comercios, proveedores y servicios básicos.

“Estamos hablando de una afectación masiva a derechos laborales y humanos. Hay trabajadores que llevan más de dos años sin salario, sin prestaciones y sin acceso pleno a seguridad social. Esta situación no puede normalizarse, ni quedar en la impunidad”, sostuvo.

El legislador por Coahuila explicó que existen antecedentes públicos que vinculan al exdirector de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, con operaciones que deben ser revisadas a fondo por las autoridades competentes, particularmente en materia penal, fiscal y financiera.

Las autoridades deben actuar de manera coordinada y con firmeza

“Es indispensable que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades de Coahuila y laborales actúen de manera coordinada y con firmeza para esclarecer responsabilidades, asegurar activos cuando sea procedente y garantizar la reparación del daño al Estado y a los trabajadores”, enfatizó.

Asimismo, Mejía Berdeja resaltó la importancia de que el proceso de quiebra y liquidación de activos se conduzca con absoluta transparencia y con prioridad en el pago de los créditos laborales, conforme a lo que establece la ley.

“No se puede permitir que, una vez más, los trabajadores queden al final de la fila. La prelación de los derechos laborales debe ser una realidad, no solo un principio en el papel”, expresó el también jurista en el documento parlamentario.

Situación legal de la planta Agronitrogenados

Además, el legislador petista hizo un llamado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que haga pública la información relacionada con la planta de Agronitrogenados, su estado legal y su impacto financiero, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas indispensable para el país.

Recordó que, Alonso Ancira adquirió, en el sexenio de Carlos Salinas, la siderúrgica más importante del país, sólo por una quinta parte de su valor; y que en 2014 el Estado mexicano, a través de Pemex le compró a Ancira la planta Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 200 millones más de lo que valían unas instalaciones que eran prácticamente chatarra después de años de abandono.

Daño social, económico y laboral

“Por la magnitud del daño social, económico y laboral, se requiere la intervención coordinada de autoridades penales, financieras, fiscales, laborales, de seguridad social y concursales, a fin de investigar, asegurar activos cuando proceda, perseguir responsabilidades y garantizar la reparación del daño, conforme al orden legal aplicable”, expresó.

“México necesita verdad, justicia y reparación a favor de las miles de familias afectadas. El caso AHMSA es una herida abierta que exige respuestas claras y acciones contundentes de manera pronta”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre» Mejía. –sn–

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#UIF congela cuentas de #RaúlRocha luego de volverse testigo protegido de la FGR por caso de “#HUACHICOL” | Latinus

🅿️ ¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN O SIMULACIÓN PACTADA EN LA #4T Y #MORENA?

https://efrainmartinezfigueroa.com/2025/12/05/uif-congela-cuentas-de-raulrocha-luego-de-volverse-testigo-protegido-de-la-fgr-por-caso-de-huachicol-latinus/?utm_source=mastodon&utm_medium=jetpack_social

Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional

Acciones binacionales bloquearon operaciones financieras ilícitas y redes corporativas simuladas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), realizó trabajos para ubicar y bloquear a una red delictiva transnacional. Las autoridades indicaron que esa estructura operó tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. También señalaron que se designaron 19 objetivos compuestos por 10 personas y nueve empresas.

Los análisis efectuados por la UIF permitieron detectar actividad financiera de 10 personas adicionales en México. La institución informó que esas personas serían incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones sospechosas. Además explicó que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La dependencia expuso que esos casos fueron turnados a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos fiscales. Las autoridades señalaron que las pesquisas incluyeron la identificación de empresas fachada y flujos que parecieron no corresponder con actividades económicas reales. También explicaron que los expedientes incluyeron datos bancarios, transferencias internacionales y estructuras societarias simuladas.

Red financiera global

La UIF informó que la información remitida por instituciones estadounidenses permitió trazar actividades atribuidas a esa organización criminal. Los reportes describieron esquemas complejos para ocultar el origen de recursos ilícitos y para dispersarlos en distintas jurisdicciones. Los documentos oficiales indicaron que la red operó mediante sociedades constituidas para simular operaciones comerciales.

Las autoridades mexicanas señalaron que dichos mecanismos incluyeron prestanombres para adquirir inmuebles y administrar bienes. Los análisis describieron movimientos ejecutados en plataformas digitales que permitieron ocultar activos sin trazabilidad inmediata. También indicaron que los fondos fueron distribuidos en distintos países para impedir el seguimiento financiero.

En los archivos se asentó que esa red global operó en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. Las autoridades explicaron que en esos territorios se identificaron empresas relacionadas con transferencias y movimientos patrimoniales presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Los documentos también señalaron que existieron conexiones con operaciones detectadas en México.

Triangulaciones y estructuras corporativas

La UIF informó que documentó flujos financieros irregulares asociados con triangulaciones entre empresas fachada. Los informes señalaron que esas corporaciones habrían sido utilizadas para ocultar la propiedad real de los recursos involucrados. También indicaron que se ejecutaron movimientos para evitar que las operaciones fueran detectadas por controles financieros convencionales.

Los análisis oficiales explicaron que parte de esos recursos fueron orientados a la adquisición de bienes inmuebles en distintas entidades del país. Los reportes mostraron que las operaciones inmobiliarias incluyeron discrepancias patrimoniales derivadas de los montos transferidos. Asimismo señalaron que las transacciones internacionales se alinearon con patrones previamente detectados en redes delictivas transnacionales.

Las autoridades informaron que esas acciones fortalecieron los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los reportes detallaron que los trabajos facilitaron el avance en la interrupción de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales. También indicaron que esas medidas impidieron la circulación de recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional. –sn–

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Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum

Regulación digital y red ilícita motivaron acciones oficiales. Regularización federal de plataformas.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal impulsa nuevos lineamientos para controlar casinos en línea y evitar operaciones ligadas al lavado de dinero. Señaló que plataformas digitales carecían de supervisión actualizada que permitiera verificar movimientos financieros. Explicó que las actividades virtuales mostraban vacíos normativos que facilitaron prácticas ilícitas.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su administración convocó a prestadores del servicio para elaborar reglas comunes. Recordó que un modelo similar operó en la Ley de Aduanas con mesas técnicas y acuerdos definitivos. Afirmó que los participantes aceptaron modificaciones profundas tras revisar observaciones integradas por especialistas.

Precisó que el diálogo con operadores permitió estructurar un marco regulatorio uniforme. Apuntó que la propuesta incluyó criterios de fiscalización y mecanismos de transparencia. Confirmó que la finalidad consistió en cerrar espacios a desvíos financieros.

Acción contra Grupo Hysa

La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses. La dependencia reportó bloqueos operativos y suspensión de actividades a 31 personas físicas y morales vinculadas con movimientos irregulares. Añadió que la medida derivó de análisis financieros compartidos por instancias de ambos países.

Hacienda sostuvo que la UIF presentó denuncias por posibles delitos relacionados con recursos de origen ilícito. Informó que también notificó a la Procuraduría Fiscal debido a indicios de conductas fiscales irregulares. Detalló que la red utilizaba empresas fachada para aparentar ingresos.

El gobierno federal indicó que la UIF, la OFAC y FinCEN colaboraron para desarticular una estructura transnacional asociada al Cártel de Sinaloa. Expuso que las empresas vinculadas a Grupo Hysa operaban casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento en tres continentes. Señaló que las organizaciones movieron flujos millonarios mediante triangulaciones en diversos países.

Sanciones de Estados Unidos

La OFAC anunció sanciones a empresas y personas relacionadas con actividades financieras ilícitas. Reportó que 26 entidades quedaron inscritas en su lista de control y sujetas a restricciones inmediatas. Afirmó que la UIF añadió cinco casos adicionales para integrar 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.

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El Tesoro estadounidense informó que la familia Hysa realizó operaciones de blanqueo mediante casinos y restaurantes en territorio mexicano. Indicó que los señalados utilizaron efectivo para trasladarlo hacia Estados Unidos a través de un socio nacional. Reiteró que estructuras europeas también participaron en movimientos sospechosos.

Datos estadounidenses señalaron que varios integrantes de la familia operaron establecimientos de juego en México para lavar recursos. Identificaron además transferencias hacia Canadá y Europa mediante sociedades creadas para la dispersión de capitales. Confirmaron que los negocios funcionaron con autorización criminal en zonas dominadas por el Cártel de Sinaloa. –sn–

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