Pensión alimenticia es derecho humano y su incumplimiento es sancionable

El incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

Por Martín García | Reportero                                      

La pensión alimenticia es un derecho humano esencial para la subsistencia, y su obligatoriedad recae principalmente en los progenitores, extendiéndose a otros parientes si es necesario, así lo afirmó Gerardo Ortiz Marmolejo, juez en materia Familiar de proceso escrito del Tribunal Superior de Justicia TSJ de la ciudad de México (Cdmx), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Ortiz Marmolejo subrayó que la pensión alimenticia es esencial ya que garantiza recursos para la salud, alimentación, vestido, esparcimiento y educación de personas menores de edad, con diversidad funcional y adultos mayores que no pueden proveerse por sí mismos.

Advirtió que el incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

El impartidor de justicia destacó que las principales consecuencias de incumplimiento son: la inscripción en el Registro de Deudores Morosos, restricciones personales, en las cuales el deudor puede enfrentar la restricción para obtener licencias de conducir o incluso la prohibición de salir del país, y la vía penal, la cual puede configurarse como delito en casos donde se busca evadir la responsabilidad dejando el trabajo. –sn–

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Justicia avanza con enfoque de género

Justicia cercana y acciones institucionales avanzan en beneficio de mujeres. Poder Judicial impulsa igualdad

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) trabajó con firmeza para mantener una justicia cercana a las mujeres y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la institución avanzó hacia un modelo más accesible, transparente y próximo a la ciudadanía.

El magistrado explicó que el fortalecimiento institucional permitió ampliar la cobertura de atención judicial en la capital. También señaló que el compromiso central consistió en garantizar que cada proceso ofreciera certeza y protección efectiva.

En el Primer Informe de Actividades de la senadora María Guadalupe Chavira De La Rosa, realizado en la antigua sede del Senado de la República, Guerra Álvarez expresó que la perspectiva de género se consolidó como un eje constante del quehacer judicial. Informó que este enfoque permitió reforzar criterios, procedimientos y mecanismos internos para garantizar la igualdad sustantiva. Añadió que la adopción de estos lineamientos integró mejores prácticas internacionales aplicables al entorno local.

El magistrado explicó que desde el PJCDMX se implementaron acciones para asegurar que las mujeres encontraran instalaciones seguras y dignas para la defensa de sus derechos. Señaló que estas medidas incluyeron fortalecimiento de unidades de apoyo, capacitación especializada y supervisión permanente. Además indicó que cada sede judicial fue adaptada para garantizar accesibilidad y acompañamiento integral.

Compromisos institucionales vigentes

En su intervención afirmó que el compromiso institucional consistió en hacer efectivos los derechos en cada resolución emitida. Expuso que el objetivo principal fue lograr que las sentencias tuvieran un impacto real en la vida de quienes acudieron a los tribunales. Añadió que la perspectiva de género dejó de ser un concepto y se convirtió en práctica diaria en áreas jurisdiccionales y administrativas.

Frente a Chavira De La Rosa, a diversas legisladoras y a alcaldesas asistentes, el magistrado señaló que la participación de las mujeres representó un derecho y que la igualdad constituyó una exigencia del Estado mexicano. Subrayó que la transformación pública avanzó al integrar la voz, experiencia y visión femenina en todos los espacios institucionales. También mencionó que esta integración permitió ampliar la agenda de prioridad social en materia de justicia.

Agradeció la invitación al informe legislativo y reconoció el trabajo de la senadora en la Cámara Alta. Explicó que Chavira De La Rosa impulsó iniciativas encaminadas a fortalecer la dignidad de las mujeres en México. Añadió que compartió agenda con mujeres legisladoras que realizaron modificaciones legales y ejercieron liderazgo público en distintas entidades. –sn–

Poder Judicial capitalino

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«Tentativa de homicidio» es la acusación que enfrentan los detenidos en marcha de la Generación Z

Manifestantes detenidos enfrentaron cargos graves y autoridades capitalinas judicializaron el caso. Detenidos enfrentaron cargos graves y policías resultaron lesionados.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Un total de 13 manifestantes detenidos durante el enfrentamiento del sábado enfrentaron acusaciones por tentativa de homicidio, según confirmó la autoridad ministerial capitalina que dirige Bertha Alcalde Luján.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de Méixco (Cdmx) informó que integró el expediente con testimonios policiales y reportes médicos. El órgano procurador indicó que determinó la responsabilidad inicial de los detenidos tras revisar indicios recuperados en la zona.

La Fiscalía General de Justicia decidió judicializar el caso ante un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Cdmx. El Ministerio Público presentó la carpeta correspondiente y explicó que el análisis se basó en lesiones causadas a agentes de seguridad. La Fiscalía afirmó que los elementos afectados fueron inscritos en dictámenes médicos legales para definir la gravedad del ataque.

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Después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, la Fiscalía informó que de 20 detenidos solo 13 fueron investigados por lesiones dolosas. Las autoridades precisaron que 60 policías resultaron lesionados y 40 fueron trasladados a hospitales. La dependencia añadió que la actuación operativa se realizó conforme a protocolos establecidos.

Cargos y perfil de detenidos

Se trató de cinco mujeres y ocho hombres de entre 19 y 30 años identificados mediante registros oficiales. Las autoridades señalaron que estas personas participaron en agresiones directas contra elementos de la Policía Auxiliar. Los policías heridos fueron llevados a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que visitó a 14 agentes que permanecieron en observación médica. El funcionario explicó que las lesiones atendidas no representaron riesgo de vida para los policías. También indicó que la corporación documentó cada incidente para integrarlo a los informes oficiales.

Las autoridades capitalinas registraron que los hechos ocurrieron durante una movilización que terminó en confrontación. El informe confirmó que varios agentes utilizaron equipo de protección y aun así sufrieron golpes contundentes. La Secretaría de Seguridad señaló que reforzó la vigilancia en zonas donde ocurrieron los incidentes.

Postura del gobierno capitalino

Por su parte, el jefe de Gobierno respaldó la actuación policial y expresó solidaridad con los lesionados. La autoridad local afirmó que el operativo se realizó bajo normas que priorizaron el orden público. El funcionario declaró que su administración mantuvo el compromiso de proteger a toda la población.

El gobierno federal reiteró que no aplicaría medidas represivas contra manifestantes. Las autoridades señalaron que cumplirían con su obligación de garantizar la paz en la capital. La postura oficial indicó que la ley sería aplicada en todos los casos con responsabilidad institucional.

La administración señaló que los grupos responsables participaron en agresiones que requirieron intervención inmediata. Los reportes confirmaron que las autoridades actuaron para contener actos violentos en zonas críticas. La Fiscalía sostuvo que continuará con la investigación para determinar la intervención individual de cada detenido. –sn–

Redes Sociales

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Manifestación en el Zocalo

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Sentencian a exsubdirector de Naucalpan por extorsión

La Fiscalía mexiquense obtiene condena de 40 años y refuerza la Operación “Enjambre”.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Por el delito de extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió una sentencia de 40 años de prisión contra Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, detenido durante la Operación “Enjambre” en noviembre de 2024.

Las investigaciones determinaron que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2024, cuando el entonces funcionario y otro individuo no identificado interceptaron a dos víctimas que circulaban en un vehículo por calles del municipio.

De acuerdo con el expediente judicial, los agresores descendieron de la patrulla y, utilizando lenguaje violento, exigieron cuatro mil pesos a cambio de permitirles continuar su camino sin represalias.

Omar Leyva Montalvo

Durante el incidente, una de las víctimas fue obligada a subir a la unidad oficial, donde recibió golpes y amenazas directas por parte de Leyva Montalvo, quien aseguró que podía “desaparecerla” si no entregaban el dinero solicitado.

Vínculos con grupos criminales

Las pesquisas establecieron la probable relación del sentenciado con una organización delictiva que operaba en Naucalpan, a la cual presuntamente proporcionaba información sobre operativos policiales y ofrecía protección aprovechando su rango jerárquico.

En noviembre del 2024, autoridades estatales y federales implementaron un amplio operativo coordinado para la captura de servidores públicos involucrados en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En el despliegue participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

También colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuya intervención permitió judicializar los casos y obtener órdenes de aprehensión contra funcionarios coludidos con redes criminales.

Resultados de la Operación “Enjambre”

Con la sentencia de Omar Leyva Montalvo, sumaron siete los objetivos capturados dentro de la Operación “Enjambre” que recibieron condenas firmes por diversos delitos de alto impacto.

La primera resolución correspondió a Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, condenado a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

Posteriormente, el 9 de julio de 2024, un juez dictó 50 años de prisión a Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, por secuestro exprés.

El 16 de julio, Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, también exagente de Nicolás Romero, fue sentenciado a 62 años y seis meses de prisión por el mismo delito, tras demostrarse su participación en la privación ilegal de la libertad de dos ciudadanos.

Más condenas en curso

El 8 de agosto, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, fue condenado a 10 años de prisión por extorsionar a dos comerciantes, a quienes exigió dinero a cambio de “protección” y amenazó con matarlos si denunciaban.

El 28 de agosto, Edgar Jiménez Ramos, exservidor público de Santo Tomás, recibió una pena de un año por evasión, mientras que el 12 de septiembre Agustín Gildardo Bringas Álvarez fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro.

Este último caso involucró el plagio del suegro de una candidata a la alcaldía de Santo Tomás de los Plátanos, delito cometido con el propósito de forzar su retiro de la contienda electoral de 2024.

Las autoridades judiciales del Estado de México confirmaron que las penas impuestas se sustentaron en pruebas técnicas, testimoniales y periciales que acreditaron la participación directa de los exfuncionarios en los hechos ilícitos. –sn–

Omar Leyva Montalvo

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La número 3 de Ayuso ataca los informes de la UCO y pide que se archive ya la causa de corrupción contra ella

https://fed.brid.gy/r/https://www.eldiario.es/politica/numero-3-ayuso-ataca-informes-uco-pide-archive-causa-corrupcion_1_12647201.html

INE cierra caso Pío López Obrador sin sanción

El INE concluye que no hubo ilícitos en el caso Pío López Obrador.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este jueves el caso de Pío López Obrador y determinó que no existieron elementos suficientes para acreditar conductas ilícitas en el proceso investigado. La resolución se dio después de cinco años de indagatorias formales.

En 2020 circularon videos en los que David León Romero, entonces titular de Protección Civil federal, entregaba dinero en efectivo al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó la salida del funcionario de su cargo por decisión propia.

La difusión de esas imágenes llevó a que el órgano electoral abriera una investigación para determinar si existió financiamiento ilícito a favor de campañas de Morena, partido al que se atribuyó la posible recepción de los recursos entregados.

El pleno del INE resolvió que no existieron pruebas que acreditaran aportaciones prohibidas ni irregularidades financieras en torno a las grabaciones difundidas.

Investigación del INE

De acuerdo con la consejera Carla Humphrey, el procedimiento se originó tras la aparición de los videos en agosto de 2020, donde se observaba a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero supuestamente destinado a actividades político-electorales de Morena.

Ante la denuncia, la Unidad Técnica de Fiscalización inició una investigación que se prolongó por cinco años, en la que se recabaron declaraciones, testimonios y solicitudes de información a distintas autoridades financieras.

Entre las diligencias se incluyeron oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera, con la finalidad de rastrear posibles transferencias bancarias o flujos económicos irregulares.

El resultado indicó que no existieron movimientos financieros que comprobaran la supuesta entrega ilícita de recursos.

Obstáculos en el proceso

Humphrey señaló que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó información vinculada al caso, lo que dificultó profundizar en algunas líneas de investigación que se consideraban clave.

A pesar de esos impedimentos, el INE determinó que la ausencia de pruebas era determinante para cerrar el expediente iniciado por presunta recepción de aportaciones indebidas.

La consejera mencionó que la Fiscalía General de la República había concluido previamente, en noviembre de 2022, el no ejercicio de la acción penal contra los señalados.

Esa decisión se sumó como antecedente para reforzar la conclusión del instituto respecto a que no hubo ilícitos comprobados.

Cierre del expediente

Durante la sesión del Consejo General, se informó que se realizaron múltiples diligencias en coordinación con autoridades financieras, sin que se acreditaran irregularidades en el flujo de dinero.

El dictamen quedó asentado como definitivo dentro de los procesos de fiscalización electoral, lo que dio por concluido un caso que generó controversia desde su difusión pública en 2020.

Los consejeros coincidieron en que el análisis exhaustivo permitió garantizar certeza jurídica, pues no se encontraron pruebas que demostraran la comisión de faltas en materia electoral.

Con ello, el órgano electoral confirmó el cierre total de la investigación y la inexistencia de infracciones atribuibles a Pío López Obrador y a David León Romero. –sn–

Siglas del INE

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Tras acuerdo de bonos extraordinarios, Tribunal capitalino reanudará actividades este lunes

PJ-Cdmx firma convenio con trabajadores y garantiza mejoras sin represalias. Acuerdan bono y basificación laboral.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Autoridades del Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) y la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México firmaron un acuerdo para reanudar labores este lunes 7 de julio en todas sus sedes.

El convenio estableció la entrega de un bono extraordinario para diciembre de 2025, adicional al que cada año se otorga en ese mismo mes a los empleados del órgano judicial.

Asimismo, se acordó una asignación de recursos única para el personal clasificado entre los niveles O46 y J20, monto que será depositado en igual fecha.

La suma será distribuida equitativamente entre las y los trabajadores que cumplan con dicho rango, sin que se afecten otras prestaciones vigentes.

Garantías laborales pactadas

El acuerdo fue suscrito por el alcalde oficial del PJ capitalino, Sergio Fontes Granados, en representación del presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, así como por representantes sindicales.

Uno de los puntos relevantes consiste en que el personal jurisdiccional y administrativo será basificado mediante convocatorias periódicas, con criterios de antigüedad y permanencia mínima de seis meses con un día.

Se estableció además el compromiso de abrir mesas de trabajo permanentes para buscar, de manera progresiva, mejoras salariales y condiciones laborales dignas durante el resto del año.

Estas mesas iniciarán el lunes 7 de julio y contarán con la participación de los representantes sindicales de las diferentes sedes judiciales.

Sin represalias a participantes

El PJ capitalino garantizó que no aplicará sanciones, descuentos ni medidas administrativas contra los empleados que participaron en el paro o las protestas realizadas.

Se reconoció el derecho legítimo de los trabajadores a ejercer acciones colectivas en defensa de sus derechos si los compromisos no se cumplen conforme al convenio.

La coalición señaló que mantendrá vigilancia sobre la implementación de los acuerdos y que se reserva el derecho de organizar nuevas movilizaciones si fuera necesario.

El acuerdo incluyó el compromiso institucional de sostener el diálogo como vía para resolver cualquier diferencia laboral que pudiera surgir.

Firma del acuerdo institucional

El documento fue firmado también por el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani Hneide, y el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, ambos representantes del gobierno de la Ciudad de México.

Con su firma, los funcionarios ofrecieron garantías institucionales para el cumplimiento de los puntos establecidos por ambas partes en el documento.

El convenio concluye una etapa de protestas laborales que, por varios días, interrumpieron la operación del órgano judicial capitalino.

Con la reanudación de actividades, el PJ capitalino operará en el horario establecido por la normatividad interna en todas sus sedes a partir de este lunes. –sn–

PJ Cdmx

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