Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

Un recinto de la Nación al servicio de privados

El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
 

El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Anticorrupción sanciona a funcionarios de Pemex, Salud e IMSS

Introducción: Sanciones administrativas alcanzaron a servidores públicos de varias dependencias.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de diversas sanciones administrativas a servidores públicos adscritos a organismos y dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (Salud), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las medidas fueron determinadas a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y de los Órganos Internos de Control correspondientes. Las resoluciones se emitieron conforme a los procedimientos administrativos previstos en la legislación vigente.

En el caso de Pemex, la dependencia impuso una inhabilitación de un año a Hilario M., quien se desempeñó como gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar el acta de entrega-recepción al concluir su encargo. Asimismo, aplicó una suspensión de 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no formalizar el acta correspondiente al término de una responsabilidad temporal. También sancionó con 15 días de suspensión a Gabriela P., jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto durante 2025.

Sanciones en Salud

La Secretaría de Salud concentró algunas de las sanciones más relevantes derivadas de actuaciones médicas registradas en años anteriores. La autoridad suspendió durante 30 días a Karen R., médico general “A”, así como a Graciela M., Joaquín L. y Edén L., médicos especialistas “A” adscritos al Hospital General de México. De acuerdo con la resolución administrativa, los servidores públicos omitieron la hospitalización de una paciente, situación que agravó su padecimiento, además de incumplir con la asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022.

Las resoluciones fueron emitidas tras las investigaciones y procedimientos correspondientes desarrollados por los órganos de control interno. La dependencia señaló que las determinaciones consideraron los elementos probatorios reunidos durante las indagatorias. También indicó que cada caso fue analizado bajo los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.

En Banjercito, la autoridad emitió una amonestación pública contra Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo. La medida respondió a la falta de gestión para actualizar las guías institucionales de archivo durante 2023 y 2024. El procedimiento concluyó con la imposición de una sanción considerada acorde con la naturaleza de la falta.

Casos en AIFA e ISSSTE

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Órgano Interno de Control suspendió por 15 días a Gibrán C., jefe del Departamento de Mercadotecnia. La resolución derivó de conductas consideradas faltas de respeto hacia una compañera de trabajo durante 2025. El expediente administrativo concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria correspondiente.

Por su parte, el ISSSTE aplicó sanciones a dos funcionarios vinculados con procesos de entrega-recepción. La dependencia suspendió por 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación Veracruz, y a América M., jefe de departamento en la Subdelegación Aguascalientes. Ambos casos estuvieron relacionados con la omisión de realizar las actas de entrega al concluir sus respectivos cargos en 2023. –sn–

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Artículo 19 exhibe opacidad tras desaparición del INAI

Indicó que la concentración administrativa dentro del Poder Ejecutivo generó un contexto de regresividad en materia de transparencia.

Por Martín García | Reportero                                      

La organización Artículo 19 informó que prevalece opacidad en el manejo y acceso a la información pública tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El señalamiento aparece en el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”. El documento analiza condiciones relacionadas con transparencia, acceso a la información, medios de comunicación y derechos ciudadanos en México.

De acuerdo con el reporte, el organismo Transparencia para el Pueblo desechó cerca de 99.6 por ciento de los recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información durante sus primeros meses de operación. La organización sostuvo que esa situación afectó la rendición de cuentas dentro del gobierno federal. También señaló que el nuevo esquema administrativo concentró funciones bajo control del Poder Ejecutivo.

El informe detalló que, tras la extinción del INAI, el gobierno federal creó Transparencia para el Pueblo como órgano responsable de asumir funciones relacionadas con transparencia y protección de datos. La nueva institución quedó adscrita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El cambio institucional ocurrió después de la aprobación de la reforma de simplificación orgánica en noviembre de 2024.

Recursos desechados

Según Artículo 19, durante los primeros meses de funcionamiento el organismo recibió 225 mil 312 recursos de revisión. Sin embargo, únicamente resolvió 457 expedientes. De esos casos, 455 terminaron desechados por presuntos incumplimientos administrativos.

La organización documentó que, al inicio de 2025, la mayoría de los recursos ciudadanos no avanzó dentro de los procedimientos administrativos. El reporte señaló que esa situación generó obstáculos para el acceso a documentos y datos públicos. También indicó que el escenario afectó mecanismos de supervisión social sobre acciones gubernamentales.

Para el 28 de octubre de 2025, el portal oficial reportó la recepción de 4 mil 512 recursos de revisión. De ese total, 3 mil 540 fueron admitidos y 753 resultaron desechados. Artículo 19 indicó que las cifras mostraron una disminución en los recursos rechazados y un incremento en los admitidos respecto de meses anteriores.

Desaparición del INAI

El INAI quedó extinguido tras la aprobación legislativa de la reforma institucional impulsada durante el inicio del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. La medida formó parte de una reforma heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso de la Unión avaló la desaparición del organismo autónomo como parte de la reorganización administrativa federal.

Después de la eliminación del instituto, el Ejecutivo federal transfirió funciones a Transparencia para el Pueblo. El nuevo órgano asumió tareas relacionadas con transparencia gubernamental y resguardo de información pública. La reorganización provocó cuestionamientos sobre independencia institucional y capacidad operativa.

El informe sostuvo que durante 2025 persistió falta de criterios claros para el manejo y resguardo de información pública dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La organización señaló que existieron inconsistencias en procedimientos relacionados con solicitudes ciudadanas. También documentó problemas para dar seguimiento documental a expedientes oficiales.–sn–

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El Salvador enfrento desafíos: Libertad de prensa, contratos gubernamentales y tensiones sociales

Hoy, El Salvador se encuentra en una encrucijada de problemas apremiantes, tanto a nivel nacional como internacional. La atmósfera está cargada de preocupaciones sobre la libertad de prensa, la transparencia gubernamental y la justicia social, reflejando una nación que lucha con dinámicas…

#Akerix #LibertadDePrensa #TransparenciaGubernamental #JusticiaSocial
https://akerix.com/pulse/sv/2026-05-20

Kenia López rechaza reserva de información sobre consejeros del INE

La transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                    

Al señalar que la transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas, la diputadad Kenia López Rabadán, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expresó su postura en contra de que la información del proceso de selección de consejeros del INE se reserve por 5 años.

En un mensaje leído por el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, la diputada presidenta fijó su postura en contra de que el Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años del proceso de elección de tres personas para ocupar Consejerías Electorales en el Consejo general del Instituto Nacional Electoral, mismo que concluyó hace unas semanas.

“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, indicó.

La transparencia, señaló, no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad, siempre respetando los límites legales relacionados con la seguridad, la privacidad y los datos sensibles. –sn–

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Balcón Social | Cuando la confianza del Estado dejó de valer

La confianza institucional no se destruye de un día para otro. Se erosiona en silencio, entre favores, expedientes manipulados y redes de protección que convierten áreas estratégicas del Estado en oficinas privadas al servicio de unos cuantos. Eso es lo que hoy vuelve a colocarse bajo sospecha en los Centros de Control de Confianza federal.

Diversas denuncias apuntan hacia Julián Flores de Anda, señalado por operar una estructura interna que manipula evaluaciones de control y confianza, altera resultados y utiliza dichos procesos como moneda de cambio para beneficiar a funcionarios y grupos de interés. La gravedad del señalamiento no radica únicamente en un posible acto de corrupción administrativa. El problema alcanza dimensiones de seguridad nacional.

Las evaluaciones de control de confianza surgen como una respuesta institucional frente a la infiltración criminal en corporaciones de seguridad. Polígrafos, pruebas toxicológicas, evaluaciones psicológicas y análisis patrimoniales pretendían blindar al Estado mexicano de la corrupción. Si esos mecanismos hoy se encuentran comprometidos desde adentro, el país enfrenta una fractura mucho más profunda de la que las autoridades admiten.

La acusación también involucra el supuesto uso de personal gubernamental en actividades privadas relacionadas con empresas del mismo ramo, además de posibles irregularidades en licitaciones para la adquisición de polígrafos. Esta desviación se trata de una red que habría utilizado recursos públicos para negocios de índole particular.

Los diversos testimonios juadicializados, en poder de SOCIEDAD NOTICIAS, añaden otros elementos delicados: represalias contra quienes deciden apartarse de esas prácticas. Bloqueos laborales, difamación e investigaciones internas sin sustento forman parte de un patrón que, según la denuncia, busca aislar y castigar a quienes rompen el pacto de silencio.

Sólo por poner un ejemplo, el caso más reciente involucra a Germán Valencia, servidor público vinculado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien interviene ante personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impedir el ingresos de ídole laboral. Los argumentos son, el «supuesto» extravío de un polígrafo durante servicios prestados en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), aunque, según se relata, no existe denuncia formal, ni notificación oficial alguna, por parte de las instituciones involucradas.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo obtuvo información de un asunto interno alguien ajeno a esa dependencia? La respuesta revela la existencia de redes informales de operación, intercambio de favores y tráfico de información entre áreas sensibles del gobierno federal.

El problema rebasa el ámbito laboral. La persona denunciante asegura que estas acciones afectan la estabilidad económica y emocional de sus hijas menores. Ahí aparece el rostro menos visible de la corrupción burocrática: familias enteras sometidas a presiones, vetos y amenazas silenciosas que rara vez llegan a los tribunales.

De esta forma, México arrastra una larga historia de instituciones contaminadas por intereses personales. Sin embargo, cuando las sospechas alcanzan a los mecanismos encargados de evaluar honestidad, confiabilidad y estabilidad psicológica de servidores públicos, el riesgo adquiere otra dimensión. Un sistema de control corrupto no sólo protege a funcionarios cuestionados; también expulsa perfiles honestos y premia la obediencia.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que su administración no tolerará prácticas heredadas del viejo régimen. Esa narrativa enfrenta ahora una prueba compleja. Ignorar denuncias de esta naturaleza dañaría la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder bajo la promesa de limpiar las estructuras públicas y fortalecer la ética gubernamental.

México no debe aspirar a una estrategia sólida de seguridad mientras existan dudas sobre quienes certifican la confiabilidad de policías, custodios, mandos e investigadores. El deterioro institucional inicia cuando la verdad deja de importar dentro de las oficinas encargadas de proteger al Estado.

Y quizá ahí reside la reflexión más inquietante: un país no se derrumba únicamente por el crimen organizado, sino por la normalización de las pequeñas complicidades que terminan por vaciar de legitimidad a sus instituciones. Cuando el miedo sustituye a la denuncia y la corrupción reemplaza al mérito, las próximas décadas dejan de pertenecer a la justicia y comienzan a pertenecer a quienes aprendieron a manipular el sistema desde dentro.

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Balcón Social | La ética pública que emana del Cusaem, empaña a la administración de Delfina Gómez

Nombramientos cuestionables y servidores públicos en la Cusaem llegan al poder bajo la sombra de señalamientos judiciales.

La reciente designación de Desiree Cataneo Dávila como coordinadora corporativa del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) abre un debate incómodo sobre los filtros éticos dentro del servicio público mexiquense. La funcionaria enfrenta, junto con su hermano Antonio Enrique Cataneo Dávila, una denuncia penal en Veracruz por presuntos delitos de falsificación de firma y fraude procesal, según la carpeta de investigación 865/2026.

El expediente deriva de un litigio civil iniciado en octubre de 2025 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz, bajo el número 1402/2025. De acuerdo con la información disponible, la ahora funcionaria tenía conocimiento del conflicto desde diciembre de ese mismo año, cuando se solicitaron copias certificadas del documento presuntamente alterado para promover una denuncia penal.

El asunto trasciende el terreno privado. La dimensión pública aparece cuando una persona bajo investigación policial ocupa un cargo estratégico dentro de una corporación mexiquense señalada históricamente por opacidad administrativa y manejo discrecional de recursos.

El Cusaem, durante años, ha operado bajo un modelo híbrido que le permitió administrar contratos multimillonarios sin los niveles de fiscalización aplicados a otras corporaciones. Diversas auditorías y observaciones legislativas cuestionan ese esquema. Por ello, cualquier nombramiento dentro de su estructura exige escrutinio absoluto.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de mensaje recibe la ciudadanía cuando un alto mando institucional llega al cargo bajo la presión de una denuncia penal activa?

El problema tampoco radica en anticipar culpabilidades. La presunción de inocencia permanece intacta y debe respetarse. Sin embargo, la ética pública demanda algo más que legalidad mínima. Exige congruencia, transparencia y confianza social.

En política, las formas importan tanto como los expedientes. Más aún en un país donde la corrupción destruyó buena parte de la legitimidad gubernamental. La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez construyó parte de su narrativa sobre la austeridad y el combate a las malas prácticas. Bajo ese contexto, cualquier omisión en la revisión de perfiles golpea directamente el discurso institucional.

Tampoco pasa inadvertido otro elemento, Desiree Cataneo Dávila cuenta con trayectoria dentro del ámbito judicial federal. Esa experiencia vuelve todavía más delicado el señalamiento, pues el conocimiento técnico del sistema jurídico obliga a niveles superiores de prudencia y responsabilidad.

La dimensión política del caso crecerá si las autoridades estatales optan por el silencio. La opacidad nunca reduce el daño; lo multiplica. En tiempos donde la información circula sin control, ocultar suele convertirse en la peor estrategia.

Por si fuera poco, México enfrenta un desgaste profundo de confianza pública. Cada designación cuestionada alimenta la percepción de que las élites políticas continúan protegidas por relaciones, recomendaciones y cercanía con el poder.

Además, el deterioro institucional no siempre inicia con grandes escándalos. A veces comienza cuando la sociedad deja de sorprenderse ante posibles conflictos éticos dentro del gobierno. Ese momento representa el verdadero peligro.

Porque las próximas décadas no pondrán a prueba únicamente la capacidad administrativa de los gobiernos, sino la resistencia moral de las instituciones frente a la tentación de normalizar las sombras. Y cuando un país deja de exigir integridad a quienes ejercen poder, termina por acostumbrarse a vivir entre ruinas éticas.

¿Qué mano veracruzana mese la cuna en la política de la entidad mexiquense?

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Se requieren resultados efectivos contra la tortura en México: GIDH

ONU evalúa compromiso de México contra la tortura: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” señaló que la conclusión de la tercera visita oficial a México del Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura representa un momento clave para evaluar el compromiso real del Estado mexicano frente a este grave delito.

Su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández explicó que dicha visita tuvo como objetivo examinar las medidas adoptadas por México para enfrentar la tortura y evaluar su impacto institucional, en un proceso que se desarrolló bajo estricta confidencialidad, sin embargo se sabe que, la delegación sostuvo reuniones con al menos 20 dependencias federales.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, indicó que la apertura mostrada por el Estado mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos es un paso necesario, pero subrayó que la cooperación debe traducirse en resultados verificables. Añadió que la erradicación de la tortura exige acciones sostenidas, sanciones efectivas y garantías de no repetición.

Promoción de libertades

El defensor del pueblo recordó que el Estado mexicano, de esta manera, reafirmó su compromiso con la protección y promoción de las libertades fundamentales, sin embargo, dijo que este compromiso debe reflejarse en la reducción de denuncias, investigaciones diligentes y sentencias firmes contra responsables.

El también abogado litigante explicó que, tras la visita iniciada el 25 de enero, se espera que la delegación del Subcomité emita un comunicado de cierre en los próximos días. El informe final será confidencial, por lo que corresponderá al gobierno federal decidir si lo hace público, un punto que el GIDH consideró crucial para la transparencia.

El Subcomité visitó también centros de detención en diversas entidades federativas para monitorear las condiciones de las personas privadas de la libertad. Estas visitas fueron facilitadas por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales, lo que permitió un acceso directo a espacios de reclusión.

Esfuerzos del Estado

El abogado Fierro Hernández recordó que los esfuerzos del Estado mexicano se sustentan en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, así como en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura de 2017 y la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. También mencionó la publicación, el 18 de febrero de 2025, del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con la información oficial, relató Jesús Rey, los encuentros estuvieron encabezados por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería; Reyna Celeste Ascencio, quien preside la comisión de Derechos Humanos del Senado; y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. –sn–

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Marko Cortés exige informe por envíos petroleros a Cuba

Cortés exigió transparencia por envíos petroleros y uso de recursos públicos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El senador Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al gobierno federal un informe exhaustivo, transparente y verificable sobre los envíos de petróleo y combustibles de México a Cuba. La solicitud se formuló ante lo que calificó como opacidad creciente en operaciones financiadas con recursos públicos. El legislador advirtió riesgos económicos, financieros y diplomáticos asociados a esas transferencias.

El representante por Michoacán recordó que información periodística reportó un incremento acelerado en los envíos durante los primeros meses de la actual administración. Los despachos de crudo y combustibles alcanzaron alrededor de tres mil millones de dólares entre mayo y agosto de 2025. La cifra superó lo enviado durante todo el sexenio anterior.

Cortés Mendoza señaló que esos recursos públicos se destinaron fuera de prioridades nacionales. Indicó que el país enfrentó crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura durante el mismo periodo. El senador calificó el manejo presupuestal como inaceptable.

Solicitud de transparencia

Desde octubre pasado, el legislador presentó un punto de acuerdo para solicitar información puntual sobre las operaciones. Reiteró que el informe debía detallar volúmenes totales y valores económicos estimados de petróleo crudo y derivados. También pidió especificar subsidios implícitos involucrados en los envíos.

La solicitud incluyó datos sobre diésel, turbosina y otros combustibles despachados. Cortés Mendoza requirió conocer los puertos de salida en México, entre ellos Coatzacoalcos, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas. Asimismo, pidió identificar los puertos de destino en Cuba.

El senador demandó una relación completa de buques utilizados en las operaciones. Solicitó rutas, fechas de zarpe y arribo, además de justificar el uso de embarcaciones sancionadas. La información debía presentarse con documentación verificable. –sn–

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