Sociedad NoticiasJul 2

Inicia pago bimestral de Pensión Bienestar

Secretaría del Bienestar activa calendario oficial. Pensión Bienestar cubre julio y agosto 2025. Inicia depósito a beneficiarios.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto de 2025, durante la conferencia Mañanera del Pueblo.

El depósito bancario comenzó el martes 1 de julio y se realiza con base en el apellido paterno de los beneficiarios, de lunes a viernes, hasta el jueves 24 del mismo mes.

https://twitter.com/A_MontielR/status/1940411241861918808

Este programa incluye apoyos para adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y beneficiarias del programa Mujeres Bienestar.

La dependencia recordó que no es necesario retirar el recurso el mismo día del depósito, ya que el dinero permanecerá disponible en la cuenta del Banco del Bienestar.

Fechas asignadas por apellido

El calendario para el bimestre actual se distribuyó de la siguiente forma: A, martes 1 de julio; B, miércoles 2 de julio; C, jueves y viernes 3 y 4 de julio.

Para las letras D, E y F, el pago se realizó el lunes 7; G, martes y miércoles 8 y 9; H, I, J y K, jueves 10 de julio; L, viernes 11.

Beneficiarios con inicial M cobraron lunes y martes 14 y 15 de julio; N, Ñ y O, el miércoles 16; P y Q, jueves 17; R, viernes 18 y lunes 21.

Siguió la letra S el martes 22; T, U y V, el miércoles 23; y finalmente W, X, Y y Z, el jueves 24 de julio, cerrando el ciclo de pagos bimestrales.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar exhortó a las personas registradas a revisar sus fechas de pago antes de acudir a retirar el monto asignado, para evitar aglomeraciones.

También informó que las personas podrán acudir al módulo del Bienestar más cercano o utilizar las redes oficiales en caso de presentarse alguna incidencia con su depósito.

El recurso se mantiene disponible en la tarjeta correspondiente y no hay fecha límite inmediata para retirarlo, lo cual permite mayor seguridad a los usuarios.

En todos los casos, los beneficiarios deberán presentar su credencial vigente del INAPAM o identificación oficial para realizar gestiones presenciales.

Prioridad para adultos mayores

La Pensión Bienestar se consolidó como uno de los programas más robustos en materia social, dirigido principalmente a garantizar el ingreso de las personas mayores de 65 años.

La estrategia forma parte de los programas prioritarios del gobierno federal, implementados en todo el país desde hace más de cinco años, con dispersión bancaria directa.

Con la reorganización de las sucursales del Banco del Bienestar, el esquema de pagos se optimizó para garantizar coberturas regionales y reducir intermediarios.

Las fechas de depósito continuarán de forma bimestral, por lo que el siguiente pago se prevé para el mes de septiembre.

Atención en módulos oficiales

Para recibir atención en casos de pagos no reflejados, errores en el depósito o cambio de datos personales, los beneficiarios deben acudir a los módulos del Bienestar autorizados.

El personal capacitado brindará orientación en la actualización de información o resolución de trámites, siempre bajo protocolos oficiales.

Asimismo, se habilitaron líneas de contacto y redes sociales institucionales para canalizar reportes específicos y atender dudas sobre el programa.

La Secretaría del Bienestar reiteró su llamado a no compartir datos personales con terceros y evitar gestores no autorizados para trámites relacionados. –sn–

Tarjeta del banco del bienestar

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Inicio - teleSURJun 21

Claudia Sheinbaum visita Oaxaca y promete ayuda a damnificados tras el huracán Erick

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/sheinbaum-visita-oaxaca-ayuda-damnificados-huracan/

Sociedad NoticiasJun 10

Gobierno federal debe responder al impuesto de remesas en EU

Diputada Rejón llama a proteger familias migrantes con programas sociales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada federal Ariana Rejón Lara solicitó al gobierno federal diseñar una estrategia coordinada para apoyar a las familias mexicanas afectadas por el nuevo impuesto de Estados Unidos. Este gravamen representa un 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por migrantes. La legisladora subrayó que es indispensable proteger el bienestar de los hogares que dependen de estos recursos económicos.

Rejón Lara presentó un Punto de Acuerdo para que diversas dependencias e instituciones implementen acciones conjuntas. La intención no es sustituir el ingreso de remesas, sino mitigar su impacto social negativo. Señaló que el Estado mexicano debe anticiparse y actuar con rapidez ante esta amenaza económica.

La diputada enfatizó la importancia de que el Poder Ejecutivo Federal diseñe medidas extraordinarias para atender a los más de 11 millones de hogares afectados. Reiteró la urgencia de aplicar programas sociales que amortigüen los efectos adversos del nuevo impuesto.

El llamado incluyó fortalecer la atención en zonas con alta migración, para prevenir el deterioro social y económico. La coordinación interinstitucional resulta clave para atender este desafío nacional.

Propuestas para mitigar impacto

Entre las propuestas, solicitó que la Secretaría del Bienestar refuerce programas como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Estas iniciativas deben priorizar municipios con alta dependencia de las remesas, explicó la diputada. La intención es apoyar el autoconsumo agrícola y mejorar las condiciones rurales.

Además, planteó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) otorgue subsidios y asistencia técnica a las familias receptoras. Esto facilitaría la autosuficiencia alimentaria y disminuiría la vulnerabilidad económica en estas comunidades.

La diputada también propuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) amplíe sus programas de capacitación y vinculación laboral. Esto favorecería la generación de empleos formales en las zonas con elevada emigración.

La expansión de estas opciones laborales busca reducir la dependencia exclusiva de las remesas, ofreciendo alternativas sostenibles de ingresos.

Participación de otras instituciones

Rejón Lara incluyó en sus planteamientos al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También consideró necesario que el Banco de México se involucre en la formulación de estrategias para apoyar a las familias receptoras. Esta colaboración institucional buscaría optimizar los recursos y políticas públicas destinadas a los connacionales.

Recordó que en 2024 México recibió 64 mil 745 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Resaltó que estas aportaciones representan el segundo ingreso más importante del país.

Superan ampliamente a la inversión extranjera directa y solo son menores que las exportaciones automotrices. Este dato refleja la magnitud económica y social de las remesas para México.

Impacto regional en Campeche

Aunque Campeche no figura entre los estados con mayor captación absoluta, recibió 169.3 millones de dólares en remesas durante 2024. La cifra representó un incremento respecto al año anterior.

Los municipios de Campeche, Escárcega y Candelaria fueron los principales receptores en el tercer trimestre del año, con 9.82, 8.7 y 7.8 millones de dólares, respectivamente. Estos datos reflejan la relevancia económica de las remesas en la región.

La diputada advirtió que el impuesto puede aumentar las desigualdades regionales si no se implementan políticas públicas compensatorias. Señaló que en Campeche persisten retos estructurales como pobreza, empleo informal e insuficiente infraestructura.

Sin medidas de mitigación, el impuesto podría agravar la precarización de miles de hogares en esta entidad y en otras zonas vulnerables del país.

Llamado a políticas públicas

Ariana Rejón insistió en la urgencia de que el gobierno federal actúe con prontitud para proteger a las familias receptoras. La aplicación de programas sociales debe ser integral y efectiva.

Destacó la importancia de mantener el apoyo a quienes dependen de las remesas para cubrir necesidades básicas. Señaló que esta acción es fundamental para evitar crisis sociales derivadas de la nueva carga fiscal.

La diputada instó a que las acciones atiendan la diversidad territorial y social del país, con énfasis en comunidades marginadas y con alta emigración. La inclusión social debe ser el eje central de las estrategias gubernamentales.

Finalmente, expresó que México debe prepararse ante esta nueva realidad económica para preservar la estabilidad social. –sn–

Ariana Rejón Lara

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Sociedad NoticiasJun 7

Magisterio disidente retira plantón tras disturbios en la Cdmx

Integrantes de la CNTE levantaron su plantón; realizaron marcha y dejaron el Zócalo.

Por Fausto Hernández | Reportero                                    

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiraron esta noche su plantón. La protesta acumuló 23 días con bloqueos y disturbios en la capital.

Los manifestantes desmontaron casas de campaña y lonas. Estas estructuras cubrieron buena parte de la plancha del Zócalo durante su estadía.

Antes de retirarse, los docentes marcharon desde el Ángel de la Independencia. Avanzaron hacia la Plaza de la Constitución en una manifestación multitudinaria.

Al llegar al Zócalo, diversas secciones reiteraron su exigencia. Solicitaron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Disturbios en edificios públicos

Durante la movilización, un grupo de encapuchados vandalizó instalaciones. Provenían de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Los agresores rompieron cristales de la Secretaría del Bienestar con palos y tubos. También utilizaron extintores durante los daños al inmueble.

Trabajadores dentro del edificio intentaron proteger las entradas. Usaron cadenas y candados para cerrar los accesos principales.

Comerciantes del Centro Histórico cerraron cortinas metálicas por precaución. Los manifestantes no atacaron los locales.

Vandalismo en Palacio Nacional

Frente al Palacio Nacional, los docentes reiteraron su postura. Dijeron que acudirán a cada evento donde esté presente Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmaron que persistirán en exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE. El magisterio considera que dicha legislación vulnera sus derechos laborales.

Las protestas paralizaron la movilidad en más de una decena de puntos. Paseo de la Reforma resultó ser la vía más afectada.

Los bloqueos en glorietas de esa avenida ocurrieron desde Chapultepec hasta Insurgentes. Generaron caos vehicular y afectaciones a millones.

Intento de irrupción en Segob

El 4 de mayo, maestros intentaron ingresar por la fuerza a la Secretaría de Gobernación. Ahí se realizaba un diálogo entre autoridades y la CNUN.

Durante ese evento, robaron un vehículo oficial de la Secretaría del Bienestar. Trasladaron la unidad al Zócalo y la estacionaron ahí.

En ese mismo acto hubo empujones e intentos de ingreso al recinto. Los manifestantes señalaron que no obtuvieron respuesta oficial.

La tensión aumentó durante los últimos tres días de protestas. Varios actos de violencia marcaron el cierre del plantón.

Incendio en oficinas del SNTE

El 5 de mayo, atacaron la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Rompieron cámaras y puertas de acceso.

Dentro del inmueble, incendiaron muebles y archivos. El fuego se extendió por los primeros dos pisos.

Afuera quemaron propaganda, camisetas y fotos de Alfonso Cepeda Salas, líder sindical. También destruyeron equipo del sindicato.

El Heroico Cuerpo de Bomberos movilizó cuatro pipas para controlar el incendio. Dos elementos fueron atendidos por intoxicación.

Retiro sin acuerdos concretos

El plantón se disolvió por la noche, sin lograr acuerdos con el gobierno federal. Las exigencias centrales del magisterio no recibieron respuesta.

A pesar del retiro, las secciones indicaron que volverán a movilizarse. Afirmaron que acompañarán a Claudia Sheinbaum en futuros actos públicos.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante los disturbios. Tampoco se informó de detenciones o sanciones por los hechos.

Las demandas de la CNTE se centran en seguridad laboral, pensiones y servicios médicos. El magisterio pidió abrir una mesa formal de diálogo. –sn–

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Sociedad NoticiasMay 26

El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

Helicóptero – Efectivo de la Guardia Nacional | @SociedadN_

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Guardia Nacional | @SociedadN_

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

—o0o—

El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.

Efectivos de la Guardia Nacional | @SociedadN_

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Sociedad NoticiasMay 23

El Balcón de la Sociedad | ISSSTE: cuando el derecho a la salud se enfrenta al laberinto de la negligencia

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad…

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad en los consultorios, pasillos y mostradores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revela un panorama de desgaste institucional que se aleja del principio constitucional de garantizar el derecho humano a la salud.

Pese a los anuncios sobre el fortalecimiento de la infraestructura médica, la ampliación presupuestal y la digitalización de procesos, el servicio cotidiano que reciben millones de derechohabientes evidencia ineficiencia, omisiones y maltrato. Lo que en papel luce moderno y funcional, en la práctica, se ha convertido en una travesía kafkiana.

La Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE es un caso paradigmático. Personas adultas mayores con enfermedades crónicas acuden una y otra vez a solicitar una cita especializada sin éxito. El Sistema de Referencia y Contrarreferencia (Sireco), que debería agilizar sus procesos, se convierte en una barrera más.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Digitalización sin voluntad institucional

El Sireco fue presentado como un sistema digital para facilitar el traslado de pacientes entre niveles de atención y especialidades. Su finalidad se basa en tres ejes: reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a especialistas.

Incluso el propio ISSSTE presume que, gracias a esta herramienta, la disponibilidad de medicamentos aumentó de 87 a 95 por ciento. Sin embargo, en ventanillas de atención como el de Cuitláhuac, el Sireco carece de operadores capacitados y comprometidos.

Marti Batres

Esta brecha entre el discurso institucional y la vivencia cotidiana de los pacientes anula cualquier intención transformadora. No es solo una falla técnica o un caso aislado. Es una política pública desbordada por la negligencia administrativa.

El caso de la Clínica Cuitláhuac ha sido denunciado por múltiples usuarios que relatan cómo deben mendigar una cita, soportar malos tratos y resignarse a la indiferencia de quienes se supone deben proteger su salud.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Un derecho constitucional ignorado

La salud en México es un derecho establecido en el artículo 4º de la Constitución. El gobierno federal ha reiterado su compromiso con una atención digna, universal y gratuita. Pero mientras las fallas como las descritas no sean atendidas con firmeza, ese compromiso no trasciende del papel.

Los servicios públicos de salud deben garantizar accesibilidad, atención oportuna y trato respetuoso. La responsabilidad no recae únicamente en operadoras o personal de ventanilla, sino en quienes dirigen y diseñan las políticas de salud desde el centro.

Responsabilidad desde lo alto

En este contexto, el llamado es urgente. Claudia Sheinbaum, presidente de la República; David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud; Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Martí Batres, a cargo del ISSSTE, tienen una tarea monumental.

La expectativa no puede reducirse a conferencias o campañas informativas. Se trata de intervenir directamente en las clínicas, revisar el funcionamiento de sistemas como el SIRECO, y destituir a quienes sabotean desde dentro los esfuerzos institucionales, como Yadira Díaz, de la Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE.

El sistema público de salud, en especial el ISSSTE, no puede seguir operando con lógica burocrática mientras miles de pacientes ven comprometida su integridad física. La ineficacia también enferma, también mata, aunque no aparezca en diagnósticos.

La reconstrucción del ISSSTE no puede postergarse más. Si el gobierno federal se compromete con los derechos humanos, como lo promueve la Organización de las Naciones Unidas, debe comenzar por limpiar sus propias casas de salud.

—o0o—

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ISSSTE MArti Batres

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Sociedad NoticiasApr 21

El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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Sociedad NoticiasOct 19, 2024

El reciente anuncio de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla ha generado indignación entre la comunidad estudiantil, especialmente entre aquellos beneficiados por becas.

La obligación impuesta a estos estudiantes para adquirir boletos del evento de Los Ángeles Azules, so pena de perder su apoyo educativo, ha desatado un debate sobre la ética y los principios que la institución debería representar.

Este evento, que tendrá lugar el 9 de noviembre de 2024, tiene como objetivo principal recaudar fondos precisamente para los becarios de la universidad. Sin embargo, la contradicción es evidente: se obliga a los mismos estudiantes a quienes se busca ayudar, a participar de manera forzada en un mecanismo de recaudación que va en contra de los principios de libertad y equidad.

La carta enviada por la Ibero-Puebla a través de sus medios oficiales muestra un panorama preocupante. En lugar de invitar a la comunidad universitaria a colaborar en un evento en beneficio de los becados, opta por una estrategia coercitiva que contradice los valores humanistas que promueve. La universidad, de inspiración jesuita, siempre ha defendido la justicia social, los derechos humanos y la dignidad de la persona. Sin embargo, en este caso, parece que esos valores han sido relegados en favor de una medida que, lejos de fomentar la solidaridad, crea una sensación de presión y desconfianza entre los estudiantes.

El argumento central de la universidad para justificar esta decisión es la necesidad de recaudar fondos. No obstante, esta justificación cae en una contradicción lógica: obligar a los beneficiarios de las becas a pagar por un evento cuyo propósito es precisamente ayudarlos, resulta no solo irónico, sino también éticamente cuestionable.

Las universidades deben ser espacios de libertad y pensamiento crítico, lugares donde se promuevan los derechos y el bienestar de sus estudiantes, no donde se impongan cargas adicionales a aquellos que ya enfrentan dificultades económicas. La medida de la IBERO Puebla no solo presiona a los becarios, sino que pone en riesgo su permanencia académica, creando una situación de vulnerabilidad aún mayor.

La amenaza de revocar el apoyo educativo de quienes no adquieran los boletos del evento es una forma de coacción que atenta contra el principio de gratuidad en la educación. Si bien las universidades privadas no están obligadas a ofrecer educación gratuita, el hecho de que un estudiante reciba una beca debe ser visto como un derecho ganado por mérito o necesidad, no como una concesión que puede ser retirada bajo condiciones arbitrarias.

Para muchos de estos jóvenes, la beca representa una oportunidad única para acceder a una educación de calidad. Sin embargo, la imposición de comprar boletos los coloca en una posición insostenible: o sacrifican recursos que probablemente no tienen para cumplir con la imposición, o arriesgan perder el apoyo que les permite continuar sus estudios.

La contradicción es evidente: la misma institución que ofrece ayuda a estudiantes en condiciones vulnerables, ahora les exige dinero como condición para mantener ese apoyo. Esta medida parece ignorar las realidades económicas de los becarios, quienes, en muchos casos, ya enfrentan dificultades financieras significativas.

La situación expone la necesidad de que las instituciones educativas reconsideren las formas en que gestionan sus políticas de apoyo financiero. Es necesario que la IBERO Puebla reevalúe su enfoque y busque alternativas que no pongan en riesgo a los estudiantes más vulnerables. Recaudar fondos es, sin duda, una necesidad para muchas universidades, pero esto debe hacerse de manera que no perjudique a aquellos a quienes se pretende beneficiar.

El enfoque coercitivo no solo daña la reputación de la universidad, sino que también socava la confianza de los estudiantes en la institución. La imposición de medidas como esta no solo afecta a los becarios, sino que envía un mensaje preocupante a toda la comunidad educativa: el apoyo económico puede estar condicionado por decisiones ajenas a los méritos académicos o las necesidades económicas.

La universidad tiene la responsabilidad de encontrar soluciones más éticas y sostenibles para la recaudación de fondos. Existen múltiples maneras de involucrar a la comunidad universitaria sin recurrir a la coacción. La creación de donaciones voluntarias, la organización de eventos participativos donde los estudiantes y profesores se sientan parte de un proyecto común, o incluso la búsqueda de patrocinios externos, son algunas de las alternativas que podrían explorarse.

https://twitter.com/angelesazulesmx/status/1794182685029699720

Es fundamental que la universidad promueva una cultura de apoyo mutuo y solidaridad, donde los becarios no sean vistos como una fuente de ingreso, sino como beneficiarios de una educación que les permita crecer y aportar a la sociedad. Solo de esta manera se podrá construir un ambiente educativo inclusivo y justo.

El costo real de esta medida no es únicamente financiero, sino también moral. Los estudiantes becados no deben ser colocados en una situación donde sientan que su futuro académico está condicionado por la compra de boletos de un evento. La universidad debería ser un lugar donde se fomente la libertad de pensamiento y acción, no donde se impongan obligaciones que atentan contra la dignidad de los más vulnerables.

Es necesario que la Ibero Puebla reflexione sobre el mensaje que está enviando con esta medida y que tome decisiones que verdaderamente beneficien a su comunidad. Solo así podrá recuperar la confianza de sus estudiantes y cumplir con los valores que, históricamente, han caracterizado a la institución.

En este contexto, es urgente que la Ibero Puebla rectifique su postura y ofrezca alternativas justas para recaudar fondos sin comprometer el bienestar de los estudiantes. La educación, especialmente para quienes más la necesitan, no debe ser condicionada de esta manera. Es tiempo de que la universidad demuestre con acciones su compromiso con la justicia y el apoyo a los más vulnerables.

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