Y otra legislativa victoria de Milei: Senado también baja imputabilidad penal a 14 años en Argentina
Y otra legislativa victoria de Milei: Senado también baja imputabilidad penal a 14 años en Argentina
Por Samuel Salgado “El que las hace, las paga”. Esta fue la proclama del presidente Javier Milei en redes sociales para celebrar la aprobación de la reforma penal e [...]
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Milei convoca extraordinarias con un menú explosivo: presupuesto, reforma laboral y nuevos intentos de blindaje judicial
El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre y puso sobre la mesa un temario hecho a medida del ajuste, la desregulación y los retrocesos ambientales. En el paquete aparecen el presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma del Código Penal y el proyecto de “inocencia fiscal”, entre otros. Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI Un diciembre caliente en el Congreso El llamado a sesiones extraordinarias quedó oficializado con el Decreto […]
Diputados avalan nueva ley contra extorsión
El Congreso aprobó endurecer sanciones y fijó nuevas obligaciones institucionales. Cámara aprobó endurecimiento penal y Senado consolidó cambios clave.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta enviada por el Senado que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y lo hizo tras avalar un esquema que elevó las penas hasta cuarenta y dos años de prisión. El Pleno avaló el proyecto con cuatrocientos nueve votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención, lo que confirmó el consenso mayoritario para avanzar en la reforma. Con ello, la aprobación dejó listo el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual quedó pendiente de ser formalizada por la presidente Claudia Sheinbaum.
El dictamen fue retomado tras la discusión iniciada en la Cámara Alta, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la efectividad de agravar castigos como herramienta exclusiva frente a la crisis de seguridad. El legislador rechazó señalamientos de adversarios políticos que acusaron la existencia de “narco gobiernos”, y planteó que la reforma debía analizarse en función del fenómeno criminal. Durante el debate, Monreal sostuvo que la medida representaba un paso relevante para enfrentar un delito de alto impacto.
El coordinador morenista defendió la pertinencia de la reserva que había impulsado en la primera versión de la reforma aprobada en Diputados y explicó los motivos de su planteamiento inicial. También expuso que las modificaciones del Senado obedecieron a la revisión propia de un órgano colegislador. Al cierre del intercambio, afirmó que aceptaría los cambios porque formaba parte de un proceso bicameral.
Cambios en el Senado
Monreal confirmó que se allanaba a la minuta modificada en el Senado, al argumentar que las cámaras funcionan como instancias revisoras entre sí. Indicó que la colegisladora evaluó de manera integral la reserva presentada días antes y determinó ajustar la propuesta original. En su exposición, recordó que su postura garantista no se contraponía con su voto favorable al dictamen.
El Congreso elevó de forma sustancial las sanciones previstas, pues la nueva ley estableció un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco años de prisión para las personas sentenciadas por extorsión. Esta decisión amplió los límites penales, ya que el proyecto inicial contemplaba un rango de seis a quince años de cárcel. Los cambios quedaron concentrados en el artículo primero del decreto que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores argumentaron que las penas previstas originalmente podrían favorecer a personas previamente condenadas por este delito, lo que justificó el incremento en los umbrales de prisión. También señalaron que la revisión se realizó para evitar vacíos legales. Con ello, el Congreso cerró la posibilidad de reducciones que alteraran sentencias vigentes.
Nuevas obligaciones
La reforma incorporó por primera vez la obligación de que todas las autoridades actuasen con pleno respeto a los derechos humanos en la investigación y persecución de la extorsión. Este requisito no aparecía en la minuta aprobada inicialmente por la colegisladora. La disposición quedó incluida como principio rector de actuación institucional.
Para fortalecer la respuesta penal, la ley ordenó que las fiscalías federales y locales contasen con unidades especializadas, personal ministerial capacitado y policías evaluados y certificados en delitos de extorsión. El Congreso determinó que estas áreas operaran bajo estándares técnicos reforzados. Hasta su implementación, las unidades encargadas del combate al secuestro asumieron provisionalmente la investigación del delito.
La iniciativa también estableció incrementos de penas en casos agravados, como aquellos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitaran condiciones para cometer extorsión. En tales situaciones, se añadió un castigo adicional de tres a cinco años, sumado al rango general de quince a veinticinco años de prisión. El dictamen fijó parámetros específicos para sancionar estas conductas.
Medidas adicionales
El Congreso determinó sanciones para funcionarios responsables de prevención, investigación o administración de justicia que omitieran denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Las penas fueron fijadas entre diez y veinte años de cárcel. La medida tuvo como fin cerrar espacios a la impunidad institucional.
El dictamen también contempló castigos de seis a doce años de prisión para quienes introdujeran dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imagen en centros penitenciarios o de internamiento para menores sin autorización. El Congreso sostuvo que estos equipos podían facilitar la comisión de extorsiones desde reclusorios. La disposición estableció un mecanismo adicional para inhibir operaciones ilícitas internas.
Finalmente, el proyecto precisó que los recursos derivados de decomisos o procedimientos de extinción de dominio vinculados a casos de extorsión se aplicarían preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. La norma definió este destino como prioridad en el manejo de bienes asegurados. Con ello, la reforma incorporó un enfoque de reparación directa. –sn–
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Senado aprueba Ley General contra la extorsión
Senado avaló nueva ley y legisladores alertaron impacto nacional.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual homologó el tipo penal en el país, y aumentó hasta 42 años las penas aplicables. La votación registró 110 sufragios a favor en la sesión ordinaria. El dictamen incorporó ajustes técnicos que ampliaron su alcance operativo.
Debido a modificaciones introducidas por los senadores, la minuta regresará a la Cámara de Diputados, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que se “allanarán” a los cambios. La decisión legislativa mantuvo el trámite ordinario de revisión. La colegisladora confirmó que la aprobará tal como quedó modificada.
En el debate, legisladores de distintos partidos reconocieron la gravedad del delito en el territorio nacional, y expusieron su efecto directo en la economía. Algunos senadores revelaron que también fueron víctimas de extorsionadores. Las intervenciones marcaron coincidencias sobre la necesidad de fortalecer capacidades institucionales.
Recursos y exigencias
Los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI votaron a favor, aunque solicitaron recursos para implementar la Ley. Las bancadas advirtieron que sin presupuesto no se lograrían los objetivos planteados. Los posicionamientos incluyeron llamados a revisar las capacidades estatales.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión fue el segundo delito más cometido en el país. La legisladora subrayó que la cifra negra alcanzó 97%. Sus declaraciones retomaron comparaciones con el robo en vía pública y transporte.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el incremento de casos respondió a una debilidad institucional. La legisladora indicó que se requerían presupuesto, fortalecimiento policial y capacidad ministerial. También mencionó que los gobernadores necesitaban voluntad política para atender el problema.
Cambios aprobados
Entre los ajustes aprobados destacó la prohibición de beneficios de libertad anticipada para personas sentenciadas por extorsión. El dictamen indicó que tampoco procedería la conmutación o sustitución de pena ni preliberaciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las restricciones fueron incluidas para delimitar claramente el régimen sancionador.
El documento estableció que quien introdujera o intentara introducir dispositivos electrónicos a centros de readaptación social enfrentaría penas de seis a 12 años de prisión. La disposición abarcó tecnología análoga, telefonía, radiofrecuencia, internet o mecanismos satelitales. La previsión buscó cerrar vías de comunicación ilícitas desde cárceles.
El Pleno discutirá el dictamen este miércoles, conforme a lo previsto en la agenda legislativa. Las comisiones involucradas informaron que se cumplió el proceso de deliberación. La Junta de Coordinación Política confirmó que mantendrá el trámite sin modificaciones adicionales. –sn–
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Kenia López impulsa sanciones más severas contra reclutadores de menores
La legisladora propuso duplicar penas para quienes involucren a niñas, niños y jóvenes en delitos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Kenia López Rabadán, quien preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que la Comisión de Justicia dictaminaría una iniciativa de su autoría para endurecer las penas contra quienes reclutaran a menores de edad para el crimen organizado. El objetivo fue fortalecer la protección de niñas, niños y jóvenes en todo el país.
https://twitter.com/kenialopezr/status/1975726516408660374
La legisladora explicó que la reforma al artículo 201 del Código Penal Federal incrementaría las sanciones actuales, que van de siete a doce años, a un rango de diez a veinte años de prisión. Con ello, se buscó inhibir la participación delictiva de menores reclutados por grupos criminales.
López Rabadán subrayó que esta modificación legislativa representó una respuesta directa al aumento de casos en los que adolescentes fueron utilizados como informantes, halcones o sicarios. Recalcó que el crimen organizado vulneró el presente y el futuro de la juventud mexicana mediante mecanismos de manipulación y violencia.
La legisladora enfatizó que el Estado debía asumir un papel firme ante estas prácticas delictivas. Dijo que endurecer las penas era una medida de justicia social para resguardar la integridad y los derechos de los menores frente a redes criminales.
Endurecimiento penal y protección infantil
La Comisión de Justicia sesionó para analizar el dictamen a las 17:00 horas, junto con otras iniciativas relacionadas con la protección de grupos vulnerables. De aprobarse, el documento sería turnado al Pleno para su discusión y eventual votación en el próximo periodo ordinario.
La legisladora explicó que las reformas contemplaban sanciones ejemplares para quienes promovieran, facilitaran o financiaran el reclutamiento de menores. Precisó que la finalidad era cerrar espacios legales que actualmente permitían penas reducidas o beneficios procesales para los responsables.
López Rabadán añadió que la propuesta fue elaborada con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales reflejaron un incremento en la participación de menores en delitos relacionados con narcotráfico y extorsión. Según los informes, las entidades más afectadas fueron Guanajuato, Michoacán, Sonora y Cdmx.
Insistió en que el fortalecimiento de las leyes penales debía acompañarse de políticas públicas de prevención y reinserción social. Consideró necesario brindar alternativas educativas y laborales para evitar que la juventud fuera captada por las organizaciones delictivas.
Responsabilidad institucional y coordinación
Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Justicia analizaron el impacto de las reformas en el sistema judicial. Coincidieron en la urgencia de armonizar los marcos normativos estatales con el Código Penal Federal para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional.
López Rabadán recalcó que la propuesta surgió tras un amplio proceso de consulta con especialistas en derecho penal, organizaciones civiles y dependencias del gobierno federal. Aseguró que la intención fue reforzar el sistema de justicia en materia de protección a la infancia.
La legisladora recordó que el crimen organizado utilizó la vulnerabilidad social y económica de los jóvenes para integrarlos en sus filas. Explicó que esta práctica, además de constituir un delito grave, afectó el tejido social y la seguridad pública de comunidades enteras.
Asimismo, la dipitada federal planteó que la aprobación del dictamen representaría un avance en la lucha nacional contra la delincuencia organizada. Subrayó que el endurecimiento de las penas debía ir acompañado de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales. –sn–
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La ineficacia del castigo: propuesta de reforma carcelaria
⛓️ El #encarcelamiento no reduce la reincidencia. Es hora de un enfoque en #educación, terapia y apoyo comunitario para una verdadera reforma.
💪 ¡Propongamos un sistema de justicia más humano!
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Martin Alonso Aceves Custodio