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El tábano economistaAranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil
Por: Lic Alejandro Marcó del Pont
¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)
Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.
La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.
La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.
Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americanas, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.
En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.
La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.
OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?
Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.
La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.
La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.
Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño que lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.
Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.
Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.
La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.
La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.
Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.
Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.
Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.
El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.
En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.
La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.
PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?
Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.
El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.
Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.
Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.
El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.
Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.
Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.
Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.
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Sociedad NoticiasGoogle celebra el Mundial con animación en su buscador
Google activa animación futbolera y se suma al Mundial.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Google se suma a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 con una animación especial integrada en su buscador, una herramienta que permitió a millones de usuarios interactuar con el torneo desde sus dispositivos. La función aparece durante las búsquedas relacionadas con los partidos y selecciones participantes. l.
La compañía tecnológica incorporó efectos visuales inspirados en el futbol dentro de los resultados de búsqueda. Los usuarios observaron una interfaz temática vinculada al desarrollo del campeonato. La experiencia digital acompañó la consulta de marcadores, calendarios y estadísticas.
La activación coincide con el arranque de la justa mundialista y reforzó la presencia del torneo en entornos digitales. La herramienta estuvo disponible para usuarios de diferentes países. La propuesta acercó información deportiva mediante elementos interactivos diseñados para la ocasión.
Experiencia interactiva
La animación apareció al realizar búsquedas relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 y los encuentros programados. Los efectos visuales incluyeron referencias directas al balón y a la competencia internacional. La función complementó la información deportiva mostrada en pantalla.
Miles de aficionados utilizaron el buscador para consultar resultados, horarios y detalles de los partidos. La plataforma integró contenidos actualizados durante el desarrollo de la competencia. La experiencia fortaleció la interacción entre los usuarios y el evento deportivo.
La estrategia digital formó parte de las iniciativas desarrolladas por Google para acontecimientos de alcance global. El buscador ha incorporado herramientas similares durante eventos deportivos internacionales. Estas funciones han permitido ampliar el acceso a contenidos especializados. –sn–
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Facebook presenta falla global y afecta acceso de usuarios
Usuarios reportan caída de Facebook y errores de acceso.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Facebook registra este viernes 12 de junio una interrupción de servicio que afecta a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. La plataforma propiedad de Meta mostra mensaje de error al momento de iniciar sesión y limitó el acceso normal a diversas funciones.
Los primeros reportes sobre la caída de Facebook comenzaron a multiplicarse durante la jornada. Usuarios de diversos países informaron dificultades para ingresar a sus cuentas y problemas para visualizar contenido publicado en la plataforma. La interrupción se convirtió en tendencia en otras redes sociales debido al volumen de reportes.
La afectación también alcanzó funciones relacionadas con la carga de publicaciones y la actualización del contenido en tiempo real. Algunas personas señalaron que las páginas permanecieron en blanco o tardaron varios minutos en responder. Otras indicaron que el sistema mostró mensajes automáticos relacionados con problemas técnicos temporales.
Reportes de usuarios
La captura difundida por diversos usuarios muestra el mensaje en inglés: “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Ese aviso apareció en distintas regiones y confirmó que la incidencia no se limitó a una sola zona geográfica. La leyenda es utilizada habitualmente por la compañía cuando detecta fallas operativas en sus sistemas.
Ante la interrupción, miles de personas recurrieron a otras plataformas digitales para verificar el alcance del problema. La red social X concentró buena parte de las conversaciones relacionadas con la caída del servicio. Los usuarios intercambiaron capturas de pantalla y compartieron experiencias similares sobre las dificultades de acceso.
La situación generó incertidumbre entre quienes dependen de Facebook para actividades comerciales y de comunicación. Diversas páginas empresariales reportaron complicaciones para administrar contenido durante el periodo de afectación. La interrupción también impactó a creadores de contenido y administradores de comunidades digitales. –sn–
Facebook, foto: AP | @SociedadN_¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Canadá busca prohibir redes sociales a menores de 16 años
El Gobierno de Canadá planea prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años
SN Redacción | EFE
Toronto (Canadá).- El Gobierno de Canadá presentará en las próximas horas un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y justificó la medida porque «los chicos están muriendo».
La iniciativa, que podría presentarse este mismo miércoles en el Parlamento canadiense, es una «prioridad», declaró este martes el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.
«Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo», declaró Miller a los medios de comunicación en Ottawa.
El proyecto de ley, denominado Ley de Seguridad Digital, también contemplará la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales y exigir medidas para reducir los riesgos que afrontan los menores en internet, según detalles filtrados a los medios.
Las plataformas que demuestren que cumplen esos estándares podrían solicitar excepciones que les permitan admitir usuarios menores de 16 años.
La legislación también pretende abordar los riesgos asociados a los chatbots de inteligencia artificial y obligar a las empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios que utilizan para alertar a las autoridades cuando detectan usuarios con intenciones de autolesionarse o dañar a otras personas.
Preocupación por la seguridad de los menores
La iniciativa surge en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, donde se supo que las conversaciones del atacante, que mató a ocho personas, entre ellas seis niños, con ChatGPT se habían señalado internamente, pero no se comunicaron a la Policía.
Miller aseguró que el Gobierno adoptará «todas las medidas razonables» para proteger a los menores.
Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó además las críticas de quienes consideran que la iniciativa puede limitar la libertad de expresión y sostuvo que garantizar la seguridad de los jóvenes no implica renunciar a los derechos fundamentales.
La medida cuenta con un amplio respaldo de la opinión pública. Una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75 % de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87 % respalda al menos vetar determinadas plataformas para ese grupo de edad.
Además, el 94 % de los encuestados expresó preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores y otro 94 % por los riesgos de adicción.
Si finalmente es aprobada, Canadá se sumará a una creciente lista de países que han endurecido las restricciones al acceso de los menores a las redes sociales.
Australia fue pionera al implantar en diciembre de 2025 una prohibición para los menores de 16 años, mientras que países como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares. –sn–
Fotografía de archivo de aplicaciones de redes sociales en un teléfono inteligente. EFE/EPA/ Andy Rain¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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TecnoAp21Las grandes redes sociales pagarán 27 millones de dólares para cerrar una demanda por el impacto de sus plataformas en estudiantes
Meta, TikTok, Snapchat y YouTube han alcanzado acuerdos millonarios con un distrito escolar de Kentucky que las acusaba de contribuir a problemas de salud mental entre los jóvenes. El caso podría convertirse en un precedente para miles de demandas similares que siguen abiertas en Estados Unidos.
Las principales plataformas de redes sociales han acordado pagar cerca de 27 millones de dólares para poner fin a una demanda presentada por un distrito escolar del estado de Kentucky. Los acuerdos involucran a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a TikTok, Snapchat y YouTube. Aunque ninguna de las compañías ha reconocido responsabilidad alguna, el caso representa uno de los mayores acuerdos alcanzados hasta ahora en litigios relacionados con el impacto de las redes sociales sobre menores.
Meta asumirá la mayor parte del pago con una aportación cercana a los 9 millones de dólares, mientras que TikTok y Snapchat abonarán aproximadamente 8 millones cada una. Por su parte, YouTube contribuirá con algo más de 2 millones de dólares.
La salud mental de los estudiantes, en el centro del debate
La demanda sostenía que las plataformas fueron diseñadas para maximizar el tiempo de uso y fomentar comportamientos adictivos entre adolescentes y jóvenes. Según los demandantes, estas dinámicas habrían contribuido al aumento de problemas como ansiedad, depresión, autolesiones y dificultades de concentración, generando además una importante carga para los centros educativos.
El distrito escolar argumentó que había tenido que destinar recursos adicionales para atender las consecuencias derivadas del uso intensivo de redes sociales entre sus alumnos. A pesar del acuerdo económico, las empresas tecnológicas no estarán obligadas a modificar el funcionamiento de sus servicios como parte de la resolución alcanzada.
Las compañías mantienen que cuentan con herramientas específicas para proteger a los menores y continúan desarrollando funciones destinadas a mejorar la seguridad y el bienestar digital de los usuarios más jóvenes. El acuerdo permite cerrar el litigio sin llegar a juicio, evitando una decisión judicial que podría haber sentado un precedente legal de gran alcance.
Miles de demandas siguen abiertas
Aunque el caso de Kentucky ha concluido, la batalla judicial está lejos de terminar. Actualmente existen miles de demandas similares en diferentes tribunales estadounidenses. Numerosos distritos escolares, estados, municipios y particulares sostienen que las plataformas sociales han contribuido al deterioro de la salud mental juvenil y reclaman compensaciones económicas para financiar programas de apoyo psicológico.
Algunos de los mayores sistemas educativos del país, incluidos los de Los Ángeles y Nueva York, forman parte de estos procedimientos. Las tecnológicas afrontan una creciente presión regulatoria y la controversia llega en un momento de creciente escrutinio político y regulatorio sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.
Tanto en Estados Unidos como en Europa se están impulsando nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a posibles efectos negativos derivados del uso intensivo de plataformas digitales. Las compañías tecnológicas advierten de que esta presión regulatoria podría afectar a sus modelos de negocio, mientras los legisladores continúan evaluando posibles cambios normativos.
El acuerdo alcanzado en Kentucky no pone fin al debate, pero sí refleja cómo la relación entre redes sociales, educación y salud mental se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes dentro del panorama tecnológico actual.
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