A 18 días como desaparecida, exigen justicia por Kimberly Moya en Naucalpan

Jacqueline González pidió justicia y verdad por la desaparición de su hija Kimberly en Naucalpan.


Por Martín García | Reportero                                      

Con voz firme, pero afectada, Jacqueline González se presentó ante los tribunales mexiquenses para exigir justicia y la aparición con vida de su hija, Kimberly Hilary Moya, de 17 años. La joven desapareció el pasado 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, que gobierna Issac Montoya. La audiencia se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

“No quería venganza, solo verdad y respuestas. Mi hija no se fue por voluntad propia; alguien la arrebató de nuestra vida”, afirmó González ante el juez. Su declaración conmovió a los presentes, entre ellos familiares, amigos y defensores de derechos humanos. La exigencia fue clara: localizar a Kimberly y sancionar a los responsables.

La estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan fue vista por última vez cuando salió de su domicilio rumbo a clases. Desde entonces, colectivos y vecinos se organizaron para realizar búsquedas en la zona. La familia denunció omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Detenidos por desaparición

Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó a Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, por el delito de desaparición cometida por particulares. Las investigaciones indicaron que ambos sujetos habrían interceptado a la adolescente para subirla por la fuerza a un vehículo Volkswagen gris. A pesar de su captura, el paradero de Kimberly continuó desconocido.

El proceso judicial avanzó con la presentación de pruebas periciales y testimonios de testigos presenciales. De acuerdo con los informes oficiales, la desaparición ocurrió cerca del mediodía en una calle principal de San Rafael Chamapa. Los acusados permanecieron bajo prisión preventiva mientras se resolvía su situación jurídica.

Familiares de la víctima solicitaron protección, argumentando amenazas recibidas desde que comenzaron las búsquedas. Organizaciones civiles documentaron la falta de acompañamiento institucional durante los primeros días posteriores al hecho. Esa omisión fue considerada determinante para la pérdida de rastros clave en la investigación.

Clamor vecinal y escolar

Habitantes de San Rafael Chamapa expresaron indignación y temor ante la inseguridad persistente. “Es inaceptable que una joven desaparezca a plena luz del día y nadie intervenga”, declaró Carmen López, vecina del sector. Los residentes denunciaron la falta de patrullajes y la ausencia de cámaras funcionales en la zona.

En paralelo, la comunidad del CCH Naucalpan se movilizó en apoyo a la familia. Estudiantes y maestros organizaron vigilias y marchas pacíficas hacia la sede regional de la FGJEM. Portaban carteles con la frase “Nos falta Kimberly”, exigieron búsqueda inmediata y protocolos eficaces.

Las acciones de solidaridad continuaron durante toda la semana con recolección de firmas y difusión de carteles digitales. Los alumnos reiteraron su reclamo para que las autoridades educativas y de seguridad implementaran medidas preventivas. “Cada día sin respuestas fue una tortura”, expresó una compañera de Kimberly.

Búsqueda y exigencias

La madre de la adolescente aseguró que no descansaría hasta encontrarla. “Mientras no haya un cuerpo, mi hija está viva”, declaró al salir de los juzgados. Su testimonio se convirtió en un llamado a las instituciones estatales y federales. Colectivos feministas replicaron su mensaje en redes sociales.

Diversas agrupaciones convocaron a una movilización frente a la FGJEM para exigir avances en el caso. Las manifestantes portaron fotografías y consignas dirigidas a la fiscal Marta Patricia Aguilar, responsable de la región. Demandaron que el delito fuera investigado bajo protocolos de feminicidio.

El gobierno federal fue notificado del caso a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las autoridades prometieron reforzar las labores de localización con apoyo de la Guardia Nacional. Hasta la fecha, no se reportaron hallazgos concluyentes sobre el paradero de la menor.

Contexto de violencia

El caso de Kimberly Moya se sumó a los más de 1,200 reportes de desaparición activa en el Estado de México durante 2025. Organizaciones especializadas señalaron un repunte de casos en municipios conurbados de la Cdmx. Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec encabezaron la lista de incidencias.

El Observatorio Nacional Ciudadano registró que el 78% de las víctimas desaparecidas en la entidad eran mujeres menores de 25 años. Expertos subrayaron que la falta de coordinación entre autoridades estatales y municipales retrasaba las búsquedas iniciales. La impunidad en estos delitos alcanzó niveles críticos.

En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) anunció que abriría una investigación paralela. El organismo indicó que vigilaría el cumplimiento de los protocolos de actuación. También solicitó garantizar apoyo psicológico y legal a la familia de Kimberly. –sn–

Kimberly Moya,

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Cuajimalpa enfrenta ola de homicidios en cuatro meses

Los homicidios en Cuajimalpa aumentaron drásticamente; el Observatorio Nacional Ciudadano la ubicó entre las más peligrosas.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Durante los últimos meses, la alcaldía Cuajimalpa, gobernada por Carlos Orvañanos, registró un repunte alarmante en homicidios dolosos. Entre mayo y agosto de 2025, se multiplicaron los casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Lo que a inicios del año fue considerada una de las zonas más tranquilas de la Cdmx, ahora figura entre las cuatro más peligrosas.

De acuerdo con los informes oficiales, en ese periodo se abrieron siete carpetas de investigación por asesinatos cometidos en la demarcación. Estas cifras representaron un incremento sustancial respecto a los primeros cuatro meses del año. En ese lapso inicial, únicamente se reportó una muerte atribuida a homicidio intencional, registrada en enero.

El Observatorio Nacional Ciudadano evaluó la situación de Cuajimalpa como crítica ante el aumento sostenido de violencia. El organismo ubicó a la alcaldía dentro del grupo con mayor riesgo para la población. En esa lista también figuraron Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Xóchimilco, encabezadas por Alessandra Rojo de la Vega, Mauricio Tabe y Circe Camacho, respectivamente.

Violencia en aumento

Los informes señalaron que en dichas demarcaciones se superó el promedio de un homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Esta proporción reflejó un deterioro en las condiciones de seguridad local. El Observatorio advirtió que el fenómeno podría tener repercusiones directas en la percepción ciudadana y en la movilidad vecinal.

En el caso particular de Cuajimalpa, las cifras del SESNSP mostraron una tendencia ascendente a partir de mayo. Los registros oficiales evidenciaron hechos violentos de impacto mediático, incluidos ataques con arma de fuego. La preocupación se extendió entre los habitantes y los sectores comerciales de la zona.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en las instalaciones del PRD local. De acuerdo con la dirigencia del partido, el evento derivó en la muerte de una persona, hecho que activó una investigación penal. La carpeta de investigación fue identificada con el número FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025.

Reacciones institucionales

En un comunicado, la diputada Nora Arias Contreras, dirigente local del PRD, confirmó los hechos y expresó su postura institucional. El mensaje indicó que la dirigencia se deslindó completamente del incidente ocurrido en el inmueble partidista. La declaración oficial fue difundida a través de los canales formales del partido capitalino.

El documento difundido precisó que las autoridades correspondientes ya tenían conocimiento del caso. Además, se informó que la Fiscalía de la Cdmx abrió una línea de investigación para esclarecer el homicidio. Las diligencias fueron acompañadas por elementos periciales y ministeriales del organismo de justicia.

Paralelamente, el gobierno federal recibió los reportes de la demarcación a través de sus instancias de seguridad. Las autoridades nacionales señalaron que se mantenía una coordinación con los gobiernos locales para atender la situación. Hasta el cierre de los informes, no se registraron detenciones relacionadas con los casos.

Contexto regional

El incremento de homicidios en Cuajimalpa contrastó con la tendencia descendente observada en otras alcaldías. Zonas como Iztapalapa y Tlalpan reportaron reducciones en delitos de alto impacto durante el mismo periodo. La disparidad de cifras llamó la atención de analistas en materia de seguridad pública.

Los especialistas consultados por organismos civiles señalaron que el aumento de violencia pudo vincularse con conflictos locales. También destacaron la necesidad de fortalecer la presencia policial y mejorar la coordinación institucional. El Observatorio insistió en la urgencia de implementar estrategias preventivas de alcance comunitario.

De acuerdo con el SESNSP, la capital del país acumuló 286 homicidios dolosos entre enero y agosto. Cuajimalpa representó un porcentaje menor en términos absolutos, pero significativo por su población. Los resultados mostraron una variación atípica respecto a los registros históricos de la alcaldía. –sn–

Cinta policial

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Gastan 17.5 mdp en seguridad en la Álvaro Obregón

Contratan patrullas y radios, pero sube la delincuencia.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El alcalde Javier López Casarín invirtió 17.5 millones de pesos en equipo de seguridad. Sin embargo, los delitos aumentaron y hubo inconformidades entre policías.

La alcaldía Álvaro Obregón destinó este 2025 más de 17 millones de pesos para renta de patrullas y radios. A pesar de ello, las estadísticas delictivas crecieron en los primeros meses del año.

Equipamiento contratado en 2025

La Dirección General de Seguridad Ciudadana firmó un contrato por 9 millones de pesos con Grupo Turbofin. El acuerdo cubrió del 20 de febrero al 30 de abril y contempló 92 patrullas y dos motopatrullas.

Del total, 46 unidades fueron tipo sedán y otras 46 pick up. Todas debían estar equipadas para operativos de primer contacto en la demarcación.

A este contrato se sumó otro por 8.5 millones de pesos con Servicios Troncalizados S.A. de C.V.. Este convenio cubre todo 2025 y contempla la renta de 620 radios portátiles.

Alcalde prometió seguridad

Durante su campaña, López Casarín acusó a anteriores administraciones de justificar la inseguridad por falta de presupuesto. Aseguró que su gestión sí invertiría en protección.

Pese a ello, elementos de la policía local reportaron fallas de coordinación y respuesta. Algunos señalaron falta de estrategia para atender las emergencias.

Las quejas de los uniformados surgieron durante el primer trimestre, cuando ya operaban las unidades y el nuevo sistema de radiocomunicación.

Aumentan delitos en la zona

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) revelaron un alza importante en delitos de alto impacto. En el primer bimestre, la extorsión subió 125 por ciento.

También crecieron el narcomenudeo (53%), las violaciones (64%) y los robos en transporte público (23%). Incluso los robos de vehículos aumentaron 12 por ciento.

Durante el segundo bimestre, las extorsiones crecieron otro 44 por ciento. Asimismo, los robos a casa habitación tuvieron un alza de 55 por ciento.

Preocupa falta de resultados

Pese al gasto ejercido, la percepción ciudadana de inseguridad no cambió, señalaron vecinos en foros vecinales. Además, exigieron resultados visibles.

Los contratos con Grupo Turbofin y Servicios Troncalizados representan un gasto mensual promedio de casi 1.5 millones de pesos para la alcaldía.

Ambas empresas han sido contratistas recurrentes de otras dependencias del sector público, pero en este caso no se logró reducir la incidencia delictiva.

Reclamos a la administración local

Vecinos en colonias como Las Águilas, Olivar del Conde y Santa Fe pidieron que el alcalde revise la estrategia. También cuestionaron el uso del presupuesto.

Aunque López Casarín presumió en enero el arranque del nuevo esquema de seguridad, no se ha hecho público un informe oficial de resultados.

El Comité Ciudadano de Seguridad solicitó reuniones para revisar el cumplimiento de los contratos y los mapas de riesgo de la demarcación.

Gasto sin mejoras tangibles

Al cierre del primer semestre, la alcaldía no ha informado si ampliará los contratos o cambiará de proveedor. Tampoco hay reportes de evaluación técnica.

La inversión hecha hasta ahora equivale al 15 por ciento del presupuesto total en seguridad del año pasado. No obstante, la violencia se ha mantenido.

Especialistas en políticas públicas advirtieron que sin una estrategia integral, los contratos son sólo paliativos. Señalaron que hace falta prevención. –sn–

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