Graves omisiones en el DIF Nuevo León tras muerte de un menor: CNDH
CNDH acreditó violaciones graves contra menores bajo resguardo del DIF Nuevo León. Investigación federal.
Por Martín García | Reportero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León. Los hechos involucraron a dos personas menores de edad bajo resguardo institucional. Una de ellas falleció mientras permanecía internada.
El organismo nacional exigió a la autoridad estatal aceptar y cumplir una resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La negativa previa del DIF motivó la intervención de la instancia federal. La CNDH resolvió el caso mediante una recomendación formal.
La resolución quedó asentada en la Recomendación 148/2025. El documento derivó de un recurso de impugnación presentado ante la negativa del DIF estatal. La CNDH ordenó el cumplimiento integral de las medidas propuestas.
Muerte bajo custodia
El primer caso ocurrió el 8 de febrero de 2022 en el Albergue Fabriles del DIF Nuevo León. Una persona adolescente internada fue víctima de actos de violencia dentro del centro. Posteriormente, la menor falleció mientras permanecía bajo custodia institucional.
La autoridad estatal reportó como causa del fallecimiento una peritonitis. Sin embargo, testimonios recabados durante la investigación señalaron que la víctima habría recibido golpes por parte del personal del albergue. Estos señalamientos no fueron investigados de forma inmediata.
La CNDH determinó que el DIF omitió dar vista al Ministerio Público y al Órgano Interno de Control. Esta omisión vulneró el derecho al debido proceso, así como la seguridad jurídica y la legalidad. El organismo también señaló la inobservancia del principio del interés superior de la niñez.
Traslado irregular
El segundo caso se registró el 4 de noviembre de 2020. Otra persona menor de edad ingresó al mismo albergue del DIF. Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó a un familiar sobre un supuesto internado especializado.
La autoridad indicó que el menor recibiría educación y atención médica durante seis meses. Sin embargo, el traslado se realizó sin consentimiento familiar ni orden judicial. El menor fue llevado a un centro de rehabilitación en Veracruz. –sn–
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Malasia planea prohibir uso de redes sociales a los menores de 16 años
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Urgen penas máximas contra reclutamiento de menores por el crimen organizado: Mejía Berdeja
Ponerle un alto al número de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones del crimen organizado. Jóvenes de entre 14 y 20 años son quienes han sido detenidos tras participar en homicidios, “halconeo” o secuestros.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja propuso una reforma legal para establecer penas más severas y cárcel obligatoria para quienes capten, enganchen o utilicen a personas menores de edad en actividades delictivas.
“El reclutamiento forzado de nuestros jóvenes debe castigarse con la pena máxima. Los criminales se aprovechan de redes sociales falsas, anuncios de empleo inexistentes, amenazas, represión y adoctrinamiento para obligarlos a participar en actividades ilícitas. Necesitamos mayor cercanía de los padres con sus hijos, pero también sanciones ejemplares para quienes destruyen vidas a través de estas prácticas”, expresó a través de un video en redes sociales.
El legislador Mejía Berdeja –ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal— resaltó que se necesita armonizar el marco legal para ponerle un alto al alarmante número de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones del crimen organizado, fenómeno que se ha convertido en un eslabón clave para la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y cobro de piso.
Halconeo” o secuestros
Ante el asesinato reciente del edil de Uruapan, Michoacán, ejecutado por un joven de 17 años el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) recordó que en entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Durango, se registra un número alarmante de jóvenes de entre 14 y 20 años quienes han sido detenidos tras participar en homicidios, “halconeo” o secuestros, todos ellos reclutados por medio de ofertas falsas de empleo, videojuegos en línea o redes sociales manipuladas.
Menor sicarioEn este sentido, el legislador coahuilense Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que la falta de una legislación contundente facilita que grupos criminales recurren cada vez más a menores y jóvenes, tanto por su vulnerabilidad como por los vacíos legales que los utilizan como “carne de cañón” sabiendo que, en muchos casos, recibirán penas menores.
El parlamentario Mejía Berdeja enfatizó que con penas más elevadas y una tipificación clara del reclutamiento forzado, muchos de los crímenes recientes cometidos por jóvenes —la mayoría actuando bajo coerción o engaño— podrían haberse evitado.
Reclutan a menores
“Debe castigarse de manera firme y sin ambigüedades a quienes reclutan a menores. La impunidad incentiva la repetición. No debemos permitir que nuestros jóvenes sigan siendo utilizados como herramientas del crimen”, señaló.
Mejía Berdeja, también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa podría tipificar que el reclutamiento forzado debe definirse como un delito autónomo; contemplar una pena máxima para quien reclute, obligue o utilice a jóvenes en actividades criminales; precisar, además, agravantes cuando el reclutador sea menor de edad o se utilicen redes sociales, engaños laborales o amenazas.
Reclutar jóvenes
El diputado federal, Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que esta reforma no solo busca castigar, sino disuadir, “si los criminales saben que reclutar jóvenes les costará décadas en prisión, dejarán de utilizarlos como herramientas para generar violencia”.
En este sentido, el político coahuilense pidió a las familias mexicanas reforzar la comunicación con sus hijos y a la sociedad mantenerse alerta ante prácticas de captación en redes sociales. –sn–
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Congreso de Durango aprueba «Ley Nicole»
Congreso de Durango aprobó reformas penales y fortaleció sanciones médicas.
Por Martín García | Reportero
El Congreso de Durango aprobó la Ley Nicole y modificó el Código Penal estatal para prohibir cirugías estéticas en personas menores de 18 años. La reforma incluyó excepciones para procedimientos reconstructivos con justificación médica. También incorporó sanciones más severas contra falsos profesionales de la salud.
La Comisión de Justicia presentó el dictamen ante el Pleno durante sesión ordinaria y señaló la corresponsabilidad de padres y centros hospitalarios. El documento apuntó a la concientización sobre los riesgos de estos procedimientos en menores de edad. Asimismo, la comisión subrayó la necesidad de reforzar la supervisión de quienes realizan estas intervenciones.
La Ley Nicole se originó por el caso de una menor de 15 años que falleció tras una cirugía estética realizada por la pareja de su madre. El dictamen planteó penas de dos a seis años de prisión a quienes se atribuyeran falsamente títulos o grados académicos. También estableció multas que oscilaron entre 200 y 500 UMA.
Sanciones y controles
El dictamen del Congreso indicó penalidades adicionales para quienes efectuaran servicios profesionales sin acreditaciones válidas. Las autoridades estatales precisaron que la falsificación de competencias afectó directamente la seguridad de pacientes. La reforma contempló mecanismos para identificar a responsables y fortalecer la vigilancia institucional.
Las modificaciones al Código Penal estatal añadieron penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes realizaran procedimientos médico-quirúrgicos sin certificación especializada. El texto legislativo incluyó multas de 300 a 600 UMA para estos casos. Las autoridades afirmaron que las medidas respondieron a un incremento de intervenciones riesgosas en la entidad.
El Congreso reportó que hospitales privados y consultorios independientes serían sujetos a revisiones periódicas. La legislación planteó criterios de evaluación para verificar certificaciones profesionales. El dictamen expuso que estas medidas buscaban reducir incidentes relacionados con prácticas irregulares.
Implicaciones legales
Los legisladores indicaron que la Ley Nicole generó nuevas obligaciones para instituciones médicas. El texto enfatizó que los centros hospitalarios debieron corroborar la autenticidad de las acreditaciones de su personal. También señaló que la omisión de esta verificación implicaría consecuencias legales.
La reforma precisó que padres o tutores compartirían responsabilidad al autorizar intervenciones prohibidas. El Congreso destacó que la corresponsabilidad se aplicaría cuando existieran daños derivados de procedimientos no reconstructivos en menores de edad. Asimismo, la legislación determinó que estos casos serían investigados bajo criterios de protección de la infancia.
El dictamen sostuvo que las autoridades de salud debieron integrar un registro actualizado de especialistas certificados. Los legisladores apuntaron que el objetivo consistió en facilitar verificaciones para la ciudadanía. La medida incluyó coordinación con colegios médicos y organismos certificadores. –sn–
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Desactivan fiesta clandestina en la alcaldía Cuauhtémoc
Autoridades desalojan fiesta sin permisos y detienen a tres personas.
Por Fausto Hernández | Reportero
Personal de la Dirección General de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc desactivó una fiesta que se realizaba sin permisos ni medidas mínimas de seguridad. En el operativo fueron evacuadas cerca de 500 personas, en su mayoría menores de edad.
El despliegue terminó con la detención de tres individuos y la colocación de sellos de suspensión al inmueble. La acción preventiva formó parte de los operativos de supervisión y seguridad impulsados por la autoridad local.
Supervisión directa de la alcaldesa
Las acciones fueron encabezadas por la alcalde Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió personalmente al sitio para verificar la intervención. La denuncia ciudadana alertó sobre el ingreso masivo de jóvenes al edificio ubicado en Sevilla 30, colonia Juárez.
Al arribar, el personal de seguridad detectó que el inmueble no contaba con un plan interno de Protección Civil ni con extintores visibles en sus niveles superiores. También carecía de salidas de emergencia y rebasaba el aforo permitido.
Las autoridades constataron que el edificio ocupaba tres pisos y una terraza sin supervisión técnica ni control de ingreso, lo que representaba un riesgo inminente para los asistentes al evento clandestino.
Riesgo para menores de edad
Durante el operativo, los responsables intentaron cerrar las puertas del lugar con los menores adentro, lo que puso en peligro su integridad física.
La rápida intervención de los equipos de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Protección Civil permitió evacuar a todos los asistentes sin que se reportaran lesionados o incidentes mayores.
El inmueble no presentó ningún permiso para operar como giro mercantil autorizado ni contaba con registro de actividad comercial vigente. Por esa razón, fue suspendido de inmediato. –sn–
Clausura¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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