“Lo que tenemos claro es que mientras Puerto Rico perderá más de $18,400 millones solo por concepto de la Ley 22. Esto es dinero que podría estar apoyando el acceso a vivienda asequible, escuelas, cuidado de salud y energía. Mientras tanto, nuestras comunidades enfrentan desplazamiento, alzas en vivienda, servicio de electricidad y costos de vida.”




