El PP ya incumple sus programas del 28M en Balears, Extremadura y València para pactar con Vox
Con decenas de pactos PP-Vox ya rubricados a nivel municipal y autonómico tras las elecciones del pasado 28 de mayo y con las generales a la vuelta de la esquina, comienza a evidenciarse en las instituciones y en los discursos hasta qué punto los conservadores se han plegado a los postulados –y hasta a la terminología– de la extrema derecha para asegurarse el poder, renunciando a avances y derechos clave a cuyo desarrollo se comprometían los populares en sus distintos programas electorales. Fruto de estas cesiones, negociadas a lo largo de estas últimas semanas bajo el más estricto secretismo, el PP ya ha incumplido buena parte de las medidas que prometía en varios de sus programas electorales regionales mientras su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, acuciado por polémicas como la de ocultar el sobresueldo que cobran los dirigentes del partido, presidente incluido, pretende alcanzar La Moncloa minimizando el impacto de los distintos acuerdos alcanzados con Vox, así como el hecho de que éstos se lleven por delante muchos de los compromisos adoptados por el PP con sus electores para pasar a abrazar la retórica del odio y la agitación. Una situación que es claramente patente en comunidades como Balears, Comunitat Valenciana y Extremadura, donde ya ha culminado el hermanamiento de los populares, tanto dentro de las administraciones como a nivel externo, con quienes se declaran antivacunas, niegan el cambio climático y la violencia machista, cargan contra el colectivo LGTBI y se confiesan supremacistas. "Lo que estamos viendo es el tráiler de una película tenebrosa", resumía hace varios días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al referirse a los acuerdos alcanzados entre conservadores y ultraderechistas a lo largo y ancho de la geografía española. Balears: el PP se "olvida" de la violencia machista En Balears, PP y Vox alcanzaron hace dos semanas un acuerdo para investir a la popular Marga Prohens como presidenta del Govern a cambio de la participación de los ultraderechistas en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de 110 medidas programáticas que excluyen gran parte de los compromisos anunciados por los conservadores, quienes asumen gran parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar las islas en solitario. En virtud de este acuerdo, Prohens fue investida el pasado jueves máxima autoridad de Balears gracias a la abstención de los de Santiago Abascal. El acuerdo barre, especialmente, las promesas electorales del PP balear en materia de crisis climática y derechos del colectivo LGTBI, evita hablar de "violencia machista" para diluirla en la "violencia intrafamiliar" –a pesar de que Prohens sí la mencionó en su discurso de investidura– e introduce una tajante defensa de la "unidad de la nación", concepto tradicionalmente enarbolado por Vox para arremeter contra la pluralidad identitaria en España. En concreto, los populares anunciaban en su programa medidas de "protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI y dispensando la protección efectiva a las víctimas de odio o trato vejatorio para así garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia con las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y no discriminación". En el documento suscrito con Vox, ni una sola palabra hace referencia a esta materia. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el acuerdo con Vox tampoco dedica apartado alguno a esta grave problemática, a pesar de que el PP lo señalaba como uno de sus principales retos. Entre otras promesas, los conservadores apostaban por la simplificación y agilización de los trámites y procedimientos para el impulso de proyectos de transición energética con el objetivo de facilitar la entrada de las energías renovables en las islas y la descarbonización y, de esta manera, "conseguir que Balears sea un polo de atracción de inversión privada verde en la lucha contra el cambio climático". También en esta área, el programa electoral de los populares se comprometía a impulsar ante la Unión Europea las medidas necesarias para la reducción de emisiones contaminantes de barcos en la lucha contra el cambio climático. Otro de los puntos más polémicos del acuerdo es la conexión que realiza entre inseguridad e inmigración ilegal, una constante en el discurso de los de Abascal en sintonía con los argumentos empleados por otros líderes de extrema derecha en diferentes partes del mundo para alentar la alarma y el miedo, a pesar de que los datos desmienten con creces esta teoría. En este sentido, el PP balear asume la retórica de Vox y se compromete a aprobar "un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir", vinculando así inmigración, ocupación y la "creciente inseguridad" a la que el partido de extrema derecha suele aludir en sus discursos. El programa de los populares se limitaba a hablar de una "gestión eficiente, ordenada y humana de la inmigración ilegal". También en materia migratoria, otro de los aspectos por los que la extrema derecha clamaba es el endurecimiento de las condiciones y requisitos para que los migrantes puedan acceder a las ayudas públicas, una exigencia a la que también ha acabado cediendo el PP. Hasta el momento, bastaba con acreditar estar empadronado, pero el pacto con Vox contempla obligar, "en todas las normas y convocatorias" para el acceso a subvenciones, la acreditación de la residencia legal. Además, prevé suprimir "cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos". Respecto al ámbito educativo, el documento firmado por PP y Vox aboga por un “modelo educativo (...) libre de adoctrinamiento ideológico”, sin especificar qué entienden por adoctrinamiento. Los conservadores, sin embargo, no aludían a este término en su programa, pasando ahora a asimilar uno de los discursos ultra que durante estos años ha hecho valer la extrema derecha en Balears. Del mismo modo, el PP, que abogaba por la libre elección de la primera lengua en la "primera enseñanza", ha cedido a las presiones de Vox en el sentido de hacerla extensible al resto de etapas educativas. Otra de las concesiones de los populares pasa por la eliminación de la Oficina de defensa de los derechos lingüísticos, a la que en ningún momento hacían mención a lo largo de las 98 páginas de su programa. Ahora, el acuerdo rubricado con los ultraderechistas se compromete a suprimirla por haber "servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística". Además, el PP deberá crear, por imposición de Vox, una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística "para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas". El documento firmado por PP y Vox también apunta a la voluntad de desarrollar una ley para “asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”. La batalla contra la Ley de eutanasia ha sido una de las cruzadas emprendidas en los últimos años por Vox, que el pasado mes de marzo fracasó ante el Tribunal Constitucional en su intento de derogarla. En su programa, el PP balear se comprometía a la "dotación de recursos necesarios a los equipos de cuidados paliativos, protegiendo así los derechos y dignidad de las personas en el proceso de morir", a la "consolidación y promoción del derecho de los ciudadanos a realizar una declaración de voluntad anticipada" y al "desarrollo de la ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir". Asimismo, el acuerdo suscrito por conservadores y ultraderechistas contempla, en otra asunción del ideario de Vox, derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, que ha permitido recuperar los restos de más de 220 víctimas del franquismo, bajo el alegato de que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”. Y ello a pesar de que el PP, en su programa, no hacía mención alguna a esta cuestión, que siempre ha incomodado a la extrema derecha, más proclive a desarrollar una Ley de Concordia entre españoles y a combatir "cualquier intento de quienes tratan de utilizar la memoria para dividir a los españoles". Tampoco figura en el programa electoral de los populares ninguna referencia a las corridas de toros como sí aparece en el acuerdo con Vox. A cambio de obtener el apoyo de los ultraderechistas, el Govern de Marga Prohens deberá modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, y más en concreto el artículo que impide actualmente el acceso de menores de edad a los eventos taurinos. València: el PP no tenía prevista la "inmigración ilegal" La huella de la extrema derecha se deja ver en todo el acuerdo programático que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana. Desde el primer punto, que sitúa como prioridad “la unidad de España”, hasta el último, que dice: “Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno”. El documento suscrito, de 50 puntos, es lo bastante ambiguo como para que en él quepan compromisos diluidos del programa electoral del PP. Los populares presentaron más de mil medidas en su documento autonómico; Vox apenas una docena. El documento de gobierno PP-Vox, que no hace mención a la violencia machista, sí habla de promover “políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. Vox, que lleva a un condenado por violencia psicológica como cabeza de lista al Congreso, lleva años insistiendo en que la violencia no tiene género. El programa del PP hace numerosas menciones a las políticas de igualdad y contra la violencia de género en sus diversas manifestaciones, desde la brecha económica hasta la violencia física, pasando por medidas relativas a la salud. En empleo, apuntan a ayudas para que todas las empresas cuenten con un plan de igualdad y se comprometen a “impulsar programas de inserción socio–laboral dirigidas a las víctimas de violencia de género”. En el epígrafe propio del programa sobre la lucha contra la violencia de género, los populares citan: “La violencia de género es la cara más dura de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres en todos los países de nuestro entorno, una cuestión de Estado, que exige a las administraciones ofrecer una respuesta eficaz a las víctimas de esta violencia”, la consideran “la mayor lacra de nuestra sociedad” y se comprometen a ampliar el pacto valenciano contra la violencia machista, además de una batería de medidas de apoyo a las víctimas, como la inserción laboral, la red de espacios seguros y programas específicos para menores víctimas de violencia machista y víctimas de trata y explotación sexual. El acuerdo de Gobierno solo hace referencia a la violencia “intrafamiliar”. El documento aboga por la “educación en igualdad” con la programación de “talleres y charlas informativas en los centros educativos, impartidas por profesionales expertos en la prevención y detección de la violencia de género, de las agresiones sexuales y la violencia de género digital”. Mejora de la atención a las víctimas, una estrategia contra la brecha salarial –que Vox niega– y la recuperación de juzgados de violencia machista completan el medio centenar de medidas que el PP ha prometido en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género. Sucede algo similar en los compromisos respecto a los derechos de las personas LGTBI. El documento que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox ignora esta realidad –sí se menciona la igualdad de todos los españoles, sin matiz alguno a la orientación sexual o identidad de género– y no figuran medidas concretas. En su programa electoral, el PP incorporó una decena de medidas, la mayoría relativas a la orientación, sensibilización y formación en materia LGTBI. Entre ellas, la creación de oficinas “para dar información y asesoramiento en materia de trámites administrativos, subvenciones, campañas, formación en centros educativos y lucha contra la violencia hacia las personas LGTBI”. El PP se comprometió a modificar la legislación para que la Generalitat se personase de oficio “la como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio de especial gravedad o con gran repercusión social” de componente lgtbifóbico. El acuerdo de gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana aborda la migración en una ocasión, en el epígrafe de “seguridad”, centrando las medidas en la inmigración irregular y vinculándola a problemas de convivencia, como en Balears. El documento indica: “La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”. Sin embargo, el programa del PP no aborda la inmigración irregular. Al contrario, plantea 17 medidas que ponen el foco en la integración y la inclusión: ayudas en procedimientos administrativos, evitar la cronificación de la exclusión social e incluso la promoción “de espacios de encuentro que muestren los beneficios de una sociedad diversa”. De los menores no acompañados, que Vox denomina “menas” y vincula a la delincuencia, el PP decía: “Estableceremos un Plan Especial para la inclusión y atención educativa, social y sanitaria de los menores extranjeros no acompañados”. Tampoco aparecen en el acuerdo de gobierno. Además, el PP valenciano llevaba en su programa un epígrafe en el que ratificaba la Agenda 2030, un compromiso internacional del que Vox reniega. Sin medidas concretas, los populares sí reconocían el impulso y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. En el acuerdo de Gobierno no hay mención a ello. Tampoco se recogen medidas contra el cambio climático en el pacto legislatura. El compromiso más parecido a esta cuestión dice: “Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental y defenderemos el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno”. Por contra, el programa del PP prometía la creación de un observatorio permanente sobre la afección del cambio climático a las especies animales y vegetales, medidas de investigación sobre el impacto en las variedades agrícolas para ayudar al sector, el impulso de los centros de investigación o un plan estratégico contra el cambio climático que englobe políticas transversales de todas las Consellerias con medidas de mitigación y adaptación. Pese a que en educación prometen “sacar la ideología de las aulas”, a las medidas anteriormente citadas se añade en el pacto que los padres tengan que autorizar el contenido de las actividades extracurriculares, un guiño al llamado pin parental –sucede lo mismo en Balears–. El programa del PP no menciona expresamente esta cuestión, pero sí apunta: “Garantizamos a las familias que tendrán libertad para escoger el centro, el ideario y la lengua que quieran en la educación de sus hijos, desde la educación infantil gratuita de 0 a 3 años hasta las etapas postobligatorias”. Extremadura: veto parental en las aulas En el caso de Extremadura, el pacto entre PP y Vox llegó incluso a peligrar por la negativa de la candidata popular, María Guardiola, a incluir en su Gobierno a un partido al que considera machista, homófobo y racista. A pesar de esto, el acuerdo no se hizo esperar y no solo se ciñe a las 60 medidas programáticas incluidas en el pacto, sino que Guardiola entregará un sillón a la extrema derecha en el futuro consejo de gobierno. En concreto, Vox dirigirá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde estarán las competencias de gestión de incendios forestales, caza, toros y patrimonio natural. En general, muchas de las medidas pactadas en este apartado son compartidas entre la derecha y la ultraderecha en esta comunidad, como la protección de la tauromaquia y los festejos taurinos, el impulso de la caza y la revisión de las prohibiciones medioambientales en los espacios de la Red Natura 2000 y en los montes. Sin embargo, en el pacto de gobierno se traspasan las líneas rojas que Guardiola marcó para negociar con Vox, a pesar de haber insistido en que el acuerdo se centra en lo que une a los dos partidos y no en lo que los separa, y que el documento no entra en cuestiones ideológicas. Pero no es así. Entre las 861 medidas del programa electoral del PP hay un apartado, el de ‘Una Extremadura igualitaria, inclusiva y diversa’, que hace referencia a la seguridad y lucha contra la violencia machista. En el pacto con Vox no hay mención alguna a estas medidas, que van desde la elaboración de un plan autonómico a la formación de todos los profesionales que participan en la atención a las víctimas o el “diseño de actuaciones concretas” para las mujeres que se han visto obligadas a huir por ser víctimas de violencia machista. En el acuerdo con Vox sólo se apunta que trabajarán “para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer” –esta misma frase está incluida en el pacto balear de ambas formaciones–. Otra de las líneas rojas de Guardiola, los derechos de las personas LGTBI, también desaparecen en el pacto, a pesar de que en su programa electoral propone nueve medidas, como una Estrategia de Igualdad de Trato y no Discriminación, el apoyo a las acciones de los movimientos sociales y activistas; asistencia y apoyo jurídico a las víctimas de delitos de homofobia, lesbofobia y transfobia, un protocolo de atención para personas transexuales y un Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI. Este plan iba a recoger acciones para evitar de discriminación o acoso en todos los niveles educativos, así como impedir que se impartan contenidos discriminatorios. En educación, el PP extremeño también proponía hacer visible la importancia de la mujer en las distintas ramas del conocimiento, a través de programas educativos específicos, para “avanzar en la igualdad real”. Una posición que contrasta con el compromiso de poner en marcha el veto parental en las aulas, camuflado en el pacto PP-Vox como el “derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones” –en la línea de Balears y la Comunitat Valenciana–. La extrema derecha también ha logrado introducir en el acuerdo la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Extremadura –como sucede en Balears– a favor de una ley de reconciliación y concordia, y la creación de una oficina antiokupación. Por último, el Gobierno que dirigirá María Guardiola también revisará por orden de Vox las subvenciones públicas para asegurarse de que las organizaciones que las reciben tienen una “utilidad pública demostrada” y reducirá de forma “considerable” las ayudas a patronal y sindicatos respecto a lo que recibieron este año. ––––––––––––––– Te necesitamos más que nunca El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha. Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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