Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Impera la impunidad en casos de acoso sexual en la Cdmx

Por fallas estructurales y carga de trabajo, los responsables no reciben castigo alguno. *Avanza la solicitud de revocación de mandato para la alcaldía Xochimilco

Por Luis Muñoz  

La impunidad es un mal endémico que afecta a cientos de mujeres víctimas de acoso sexual en la ciudad de México y, en general, en el país, porque los responsables pocas veces reciben castigo, ya sea por fallas sistémicas, corrupción institucional o deficiencias legales.

Las denuncias se acumulan al mismo ritmo que en las fiscalías cierran de manera arbitraria o injustificada carpetas de investigación por parte del Ministerio Público, lo cual suele responder a fallas estructurales, sobre carga de trabajo o corrupción.

Ante estas irregularidades, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece mecanismos de defensa para las víctimas. Sin embargo, pocas veces ocurre, aún cuando juristas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideran que el archivo definitivo de una investigación es una violación directa al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

Un caso, entre muchos otros, que revelan la realidad de esta situación, que se traduce en calvario y tragedia para las víctimas de acoso sexual, es el que denuncia la abogada penalista, Patricia Cernas.

Ella ha podido documentar más de 350 víctimas de acoso sexual que se atrevieron a denunciar a sus agresores entre septiembre y diciembre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Pero…dada la gravedad de la situación y ante la poca o nula respuesta de las autoridades capitalinas, la abogada penalista dijo que no les queda otro camino que acudir a instancias internacionales en busca de justicia.

Anunció que, “necesitamos ir a una Corte Internacional para que todas esas víctimas alcancen la justicia que el Gobierno de la Cdmx y, muy seguramente, el Federal no les brinda”.

La abogada Cernas dijo que las víctimas de acoso sexual que denunciaron a sus agresores con la esperanza de que sus carpetas de investigación serían integradas, al final se encontraron con la “novedad” de que la FGJ Cdmx) anunció el cierre de las mismas.

Esta acción fue resultado del decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, así como la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, avalada por la jefe de Gobierno, Clara Brugada, y publicada en la gaceta Oficial del 24 de diciembre de 2025.

La abogada cuestionó si el decreto busca proteger a un grupo específico de personas o proteger a los investigados en este sistema tan garantista para el sujeto activo y no para el pasivo.

Explicó que desde la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Cdmx, encabezada por el diputado local por Morena, Alberto Martínez Urincho, “se borró el tercero transitorio del artículo 179, en abril de este año”.

Tercero transitorio expresa que “los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto con base en los delitos previstos en los Títulos Quinto y Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. 

Explicó que una posible interpretación de la ley que podría hacer el Ministerio Público de la FGJ Cdmx, a raíz de la derogación del tercero transitorio del artículo 179 que se realizó desde el congreso local, no es acorde a la protección de los derechos humanos, respecto a la impartición de Justicia. 

Como están las cosas, se debe de corregir y ordenar a la Fiscalía la reclasificación de oficio de los delitos de acosos a la reciente reforma de abuso, facultad que tiene la Fiscalía conforme al artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para Samanta Licona, licenciada en Criminología, cuando una reforma termina afectando el acceso a la justicia o genera riesgos para la protección de niñas, adolescentes y mujeres, resulta inevitable cuestionar si existió la debida atención, análisis y previsión durante su elaboración e implementación.

Tanto la licenciada Patricia Cernas como la activista Alessandra Rojo de la Vega, calificaron de muy grave que las fiscalías estén cerrando carpetas de investigación en un contexto de violencia, acoso sexual y feminicidios, sin castigo para los culpables.

“Eso, señalaron, es un retroceso en la impartición de justicia no solo en la capital sino en el país.

DESAHOGO DE GARANTIAS SOBRE REVOCACIÓN DEMANDATO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que la solicitud de Revocación de Mandado en Xochimilco se encuentra en la etapa de Garantía de Audiencia.

El lunes de esta semana inició con los trabajos de desahogo de Garantía de Audiencia del Comité Promotor que presentó la solicitud de Revocación de Mandato para la Alcaldía Xochimilco en el marco de la verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía que el Comité Promotor entregó al Instituto.

Durante el desarrollo de esta etapa, el Comité Promotor podrá revisar y, en su caso, subsanar las inconsistencias detectadas en la captura de los registros de los apoyos de la ciudadanía presentados tanto en formato físico como aquellos captados a través de la Aplicación Móvil Apoyo ciudadano-INE.

Los apoyos ciudadanos que deriven de la revisión en la Garantía de Audiencia se enviarán de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral (INE) para que verifique su situación registral, a través de la compulsa con la Lista Nominal de Electores del ámbito geográfico respectivo y determine la cantidad de registros válidos. 

Una vez concluida la etapa mencionada y recibido el resultado de la compulsa realizada por el INE, conforme lo dispuesto en los Lineamientos,  el Consejo General del IECM emitirá un dictamen en el que se precisará la situación registral de la ciudadanía que se sumó al mecanismo de democracia directa, y determinará el porcentaje y cantidad de apoyos ciudadanos recabados por el Comité Promotor al formalizar la solicitud del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Alcaldía en Xochimilco.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: Aprueba el IECDMX procedencia de los reglamentos internos del PRD capitalino

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Aprueba el IECDMX procedencia de los reglamentos internos del PRD capitalino

Las prerrogativas a las que tiene derecho, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, permanecerán sujetas a la conclusión de la cadena impugnativa. | Nora Arias exige a las fiscalías justicia en los casos de feminicidio. En busca del voto en el extranjero, el PAN designó al diputado Raúl Torres, Coordinador de Mexicanos en el exterior  

Por Luis Muñoz  

Este lunes, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la resolución mediante la cual determinó la procedencia constitucional, legal y estatutaria de los reglamentos internos presentados por el Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD CDMX) que dirige la diputada Nora Arias Contreras, en cumplimiento de diversas resoluciones emitidas por autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales relacionadas con su registro como partido político local.

La determinación, señaló el Instituto, es resultado de un amplio proceso de revisión derivado de la pérdida del registro nacional del Partido de la Revolución Democrática y de su posterior constitución como instituto político local en la capital del país. Dicho procedimiento incluyó diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En un comunicado emitido este día, explicó que como parte de las acciones ordenadas en resoluciones previas, el PRD CDMX presentó para su análisis nueve reglamentos relacionados con la organización y funcionamiento de sus órganos internos, mecanismos de afiliación, justicia intrapartidaria, transparencia, capacitación, administración de recursos y protección de derechos humanos, entre otros aspectos fundamentales para la vida interna del instituto político.

El Consejo General concluyó que los reglamentos presentados cumplen, en términos generales, con los principios constitucionales, las disposiciones legales aplicables y el Estatuto del partido, por lo que determinó su procedencia constitucional, legal y estatutaria.

No obstante, el Instituto Electoral identificó algunas disposiciones que requieren ajustes para armonizar plenamente su contenido con las normas estatutarias del propio partido. 

La resolución reconoce el derecho de auto-organización y vida interna del partido político local, por lo que los ajustes señalados quedan a su libre determinación, en su caso, podrán presentarlos ante el Instituto Electoral para la valoración correspondiente conforme a la legislación electoral vigente.

Además de declarar procedente la mayor parte de la normativa interna presentada, el Consejo General instruyó a las áreas competentes del Instituto para dar seguimiento a cualquier modificación futura que el partido realice a sus reglamentos, a fin de verificar su congruencia con la Ley General de Partidos Políticos y con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Finalmente, el Consejo General señaló que, debido a las impugnaciones promovidas contra resoluciones relacionadas con el proceso de regularización del PRD CDMX, las prerrogativas a las que tiene derecho dicho instituto político correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026 permanecerán sujetas a la conclusión de la cadena impugnativa respectiva de manera previa a realizarse el depósito de los recursos públicos que le correspondan.

JUSTICIA ANTE CASOS DE FEMINICIDIO, EXIGE NORA ARIAS

Por cierto, la dirigente y legisladora del PRD, Nora Arias Contreras, pidió a las fiscalías de la Ciudad de México y Oaxaca la aplicación de justicia ante los recientes casos de feminicidio ocurridos en dichas entidades.

Dijo además que los servidores públicos no pueden ni deben “normalizar la indiferencia y complicidad” de los hechos de violencia contra las mujeres porque “la omisión también genera responsabilidades”.

En su calidad de coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Arias Contreras destacó que

la impunidad no puede seguir cobrando vidas porque “la justicia que llega tarde, también es una forma de violencia”.

“Cuando las instituciones callan e ignoran, los servidores públicos fallan en su deber de proteger y hacer justicia”, aseguró la también delegada en Gustavo A. Madero, quien advirtió que el deber del servidor público no sólo debe ser en el discurso sino en los hechos.

Arias Contreras declaró lo anterior en respuesta al femicidio cometido contra una asambleísta del PRD en Oaxaca el viernes pasado, que se suma al ocurrido en octubre de 2025 en el Comité del PRD en Cuajimalpa de la Ciudad de México, y del cual, por cierto, la Fiscalía de Justicia no ha entregado resultados.

Denunció que “la omisión también genera responsabilidades cuando se deja de actuar ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas”, y resulta aún más grave cuando existen antecedentes, denuncias y elementos del conocimiento de las autoridades, incluidos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La diputada Nora Arias manifestó que en el caso del feminicidio de Cuajimalpa, al Fiscalía de la CDMX sigue sin dar respuesta alguna, “dejando a las familias en dolorosa espera de justicia”.

Por ello, insistió, “exigimos a las fiscalías de Oaxaca y de la Ciudad de México, el esclarecimiento inmediato de ambos casos de feminicidio, y a todas las autoridades a asumir con seriedad su obligación de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia”.

TORRES BARRON, DESIGNADO COORDINADOR DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Con la designación del diputado Raúl Torres Guerrero como coordinador de mexicanos en el exterior, el Partido Acción Nacional se enfocará en la atracción del voto opositor fuera del país.

Torres Guerrero funge actualmente como enlace con la comunidad migrante mexicana.

El voto exterior, principalmente en Latinoamérica, ha sido crucial para los partidos de oposición, como es el caso de Perú, que le dio el triunfo a Keiko Fujimori (hija de Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000) en el Perú. Hoy el PAN entiende que “es una prioridad atender a la economía mexicana en el exterior”.

Raúl Torres se comprometió a sumar esfuerzos con la titular de la Secretaría de Asuntos internacionales, la panista Mariana Gómez del Campo y dijo que “llegó el momento de abrir y posicionar aún mejor al PAN en el exterior, y ayudarle a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a tejer una mejor relación con otras naciones del mundo, en especial con Estados Unidos, donde los gobiernos de Morena han tenido un desempeño patético”.

El panista indicó que los mexicanos en el exterior “somos las fuerzas fundamentales para el presente y el futuro de nuestro país.  Hoy más que nunca debemos trabajar unidos y organizados para contribuir a que México recupere las oportunidades que merecen nuestras familias desde cualquier lugar del mundo”.

Por su parte, Mariana Gómez del Campo, titular de Asuntos Internacionales del PAN, comentó que millones de mexicanos viven fuera de nuestras fronteras y durante años muchos de ellos se han sentido olvidados y poco escuchados a pesar de la enorme contribución que hacen a nuestro país.

“En el PAN, prometió, les queremos decir que su voz importa y que hoy México los necesita más que nunca. Expuso que México también se construye desde cada rincón del mundo y advirtió que “no vamos a permitir que células o brigadas de Morena engañen a nuestros mexicanos en el exterior con presiones o chantajes a sus familias que radican en la CDMX con la suspensión de programas sociales como vivienda, casa, apoyos, becas, entre otros”.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: “Carpetazos” en la Fiscalía relacionados con acoso sexual

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Fiscalía pide 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena

Exsecretario enfrenta cargos por secuestro y extorsión.

Por Enoc Gutiérrez | Corresponsal                                                 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) solicitó una condena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad estatal durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

La petición fue presentada durante una audiencia judicial en la que el Ministerio Público sostuvo que las pruebas integradas en la investigación respaldaron una sentencia acumulada por diversos delitos atribuidos al exfuncionario.

Entre los ilícitos imputados a Hernán Bermúdez Requena figuraron secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, delitos considerados de alto impacto dentro del sistema de justicia penal mexicano.

Proceso judicial abierto

Durante la audiencia, la representación social argumentó que los elementos reunidos a lo largo de la investigación permitieron establecer la probable responsabilidad del exservidor público en diversas conductas delictivas.

Las autoridades judiciales continuaron con el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía y las partes involucradas, como parte de las etapas procesales previstas por la legislación vigente.

La solicitud de condena representó uno de los procesos penales de mayor relevancia en Tabasco por involucrar a un exintegrante de primer nivel dentro de la estructura de seguridad estatal. –sn–

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Madres buscadoras localizan cinco fosas clandestinas con cuerpos en Concordia, Sinaloa

Madres buscadoras localizan cinco fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa

Por Martín García | Reportero                                      

Madres buscadoras reportaron el hallazgo de cinco fosas clandestinas con igual número de cuerpos en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

El hallazgo se realizó en las inmediaciones al poblado El Verde, donde hace meses fueron encontrados los cuerpos del grupo de mineros secuestrados por un grupo criminal.

Integrantes de colectivo Por las Voces Sin Justicia informan, de manera preliminar, que se trata de cinco hombres; sin embargo, deberán esperan las pruebas de genética forense para conocer sus identidades. –sn–

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Padres de Ayotzinapa exigen avances, extradiciones y justicia

Madres y padres exigieron avances y rechazaron criminalización.

Por Martín García | Reportero                                      

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa solicitaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la convocatoria a una reunión interinstitucional para abordar diversos temas relacionados con el caso. En un documento fechado el 12 de junio de 2026, plantearon demandas dirigidas a instancias federales vinculadas con la investigación y el acceso a la justicia. El escrito mantuvo la exigencia de verdad y esclarecimiento sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Los familiares fundamentaron su petición en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicitaron que el encuentro se realizara sin sustituir las reuniones periódicas que sostuvieron con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Expusieron que el objetivo consistió en revisar de manera integral los avances y pendientes del expediente. También pidieron la participación de las instituciones involucradas en la investigación.

En el documento, las madres y padres señalaron que desde 2024 varias líneas de investigación fueron abandonadas por las autoridades. Recordaron que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se integró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) para profundizar en las indagatorias. Indicaron que ese trabajo permitió cuestionar la denominada verdad histórica y abrir nuevas rutas de investigación.

Investigaciones pendientes

Los familiares señalaron que las pesquisas impulsadas por la CoVAJ y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) reunieron evidencias sobre la participación de cuerpos de seguridad y del grupo criminal Guerreros Unidos. Expusieron que dichas investigaciones establecieron posibles rutas sobre el destino de los estudiantes desaparecidos. Asimismo, recordaron que algunos restos localizados fueron identificados como pertenecientes a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El escrito refirió que información relevante permaneció en archivos militares obtenidos con apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entre esos documentos mencionaron los archivos denominados CERFIS, relacionados con interceptaciones de comunicaciones efectuadas durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Según el planteamiento de los familiares, esos registros contendrían referencias sobre movimientos y posibles traslados de estudiantes detenidos.

Las madres y padres sostuvieron que las líneas de investigación vinculadas con esos documentos dejaron de impulsarse hacia finales de 2024. También señalaron que, durante el actual gobierno federal, se informó sobre el uso de inteligencia y tecnología para avanzar en las pesquisas. Sin embargo, solicitaron claridad respecto a la continuidad de las investigaciones previamente desarrolladas. –sn–

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Fuerza Aérea de Ecuador pide disculpas por desaparición y asesinato de cuatro niños

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/ecuador-desaparicion-asesinato-ninos/

🧿El comandante general de la #FAE, Mauricio Salazar, pidió disculpas públicas a las familias de Josué, Steven, Ismael y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas, por su desaparición forzada y posterior muerte.

#NiPerdonNiOlvido #Ecuador #LasMalvinas #DesaparicionForzada

ONG exige respuestas por desaparición de Jorgen Guanares en Táchira

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/06/ong-exige-respuestas-por-desaparicion-de-jorgen-guanares-en-tachira/

CIDH otorga medidas cautelares por desaparición de ingeniero en Sinaloa

Desaparición en Sinaloa activó medidas cautelares internacionales para proteger derechos humanos. Seguimiento internacional.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, tras considerar que enfrentó una situación de gravedad y urgencia por su desaparición en Sinaloa. La resolución No. 41/2026 fue adoptada el 25 de mayo y señaló que existió riesgo irreparable para sus derechos a la vida e integridad personal. El organismo interamericano informó que el caso quedó bajo seguimiento debido a la falta de resultados concretos sobre el paradero del joven.

De acuerdo con la información presentada ante la CIDH, Pablo Osorio Sánchez trabajaba en La Concordia, Sinaloa, cuando desapareció el pasado 23 de enero de 2026. La denuncia indicó que el joven hablaba por teléfono cerca de su domicilio cuando fue interceptado por personas identificadas únicamente como “voces masculinas”. Su pareja escuchó que el ingeniero pronunció la frase “lo podemos arreglar” antes de que la comunicación fuera interrumpida.

La solicitud de medidas cautelares también expuso una presunta cadena de desapariciones de profesionistas e ingenieros en la región donde ocurrió el caso. La representación del beneficiario señaló además el hallazgo de una fosa clandestina relacionada con investigaciones locales en esa zona de Sinaloa. Sin embargo, hasta la fecha referida por la CIDH, no fueron realizadas confrontas genéticas con familiares de la víctima desaparecida.

Acciones pendientes

El Estado mexicano sostuvo ante la CIDH que autoridades estatales y federales realizaron diligencias desde el momento en que conocieron la desaparición del ingeniero oaxaqueño. El informe gubernamental señaló que existieron trabajos de búsqueda e investigación con base en estándares internacionales de inmediatez y exhaustividad. También afirmó que las instituciones involucradas mantuvieron coordinación para ubicar tanto a la víctima como a posibles responsables.

Tras revisar la documentación presentada por ambas partes, la CIDH reconoció las diligencias efectuadas por autoridades mexicanas. No obstante, el organismo precisó que dichas acciones no lograron establecer el paradero de Pablo Osorio Sánchez después de casi cuatro meses de desaparición. La Comisión observó además que persistieron pendientes relacionados con confrontas genéticas y posibles líneas de investigación derivadas de personas ligadas al caso.

La CIDH consideró crucial fortalecer el plan de búsqueda mediante acciones medibles y con cronogramas definidos. El organismo también solicitó dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la reunión interinstitucional del 13 de febrero de 2026. La resolución estableció que México deberá mantener coordinación con familiares y representantes del joven desaparecido.

Entre las medidas ordenadas, la Comisión solicitó adoptar mecanismos necesarios para proteger la vida e integridad personal del beneficiario. También pidió reforzar investigaciones sobre los hechos que derivaron en la desaparición y evitar posibles repeticiones. El organismo hemisférico indicó que estas medidas no constituyeron una resolución definitiva sobre violaciones a derechos humanos dentro del Sistema Interamericano. –sn–

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | “Carpetazos” en la Fiscalía relacionados con acoso sexual

*Esta decisión fue considerada por la activista en derechos humanos, Viviana Erika Solorio, como un retroceso en la defensa de las mujeres, orquestada desde el Congreso de la Ciudad de México.

Por Luis Muñoz  

Expertos en el tema revelan que los “carpetazos” (cierre anticipado o conclusión irregular de investigaciones sin una resolución judicial) en casos de acoso sexual, son extremadamente comunes y representan una de las principales causas de la percepción de impunidad.

En el sistema de justicia, el cierre arbitrario de expedientes suele derivar en una falta de castigo para los responsables y nula reparación para las víctimas.

Recientemente en la Fiscalía de la Ciudad de México encabezada por Bertha María Alcalde Luján, se conoció del cierre de carpetas de investigación por acoso sexual derivado de la modificación que realizó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino al Código Penal local y a la Ley de Cultura Cívica, “para garantizar el respeto a los derechos humanos de los victimarios”, lo cual parece una aberración.

Esto generó alarma en la población, porque las mediciones oficiales reflejan niveles de impunidad de hasta el 89.4%, lo que significa que solo una fracción minoritaria de los delitos denunciados obtiene una resolución efectiva.

Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos, maestra en Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política y Criminología, lo calificó de retroceso orquestado desde el Congreso, o como un cálculo equivocado en la estrategia para la protección de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que exigen diariamente que sus derechos humanos no sean vulnerados.

El argumento es que las modificaciones tienen como objetivo ajustar la aplicación retroactiva de la ley en beneficio de las personas, de conformidad con las reglas previstas para ese efecto y en atención al principio pro persona fijados por la Constitución Federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las jurisprudencias emitidas por órganos jurisdiccionales.

Pero, ¿qué es lo que originan los “carpetazos”?

Frecuentemente por la saturación de los Ministerios Públicos, la fabricación de culpables para simular avances, la corrupción o la incapacidad técnica para recabar pruebas.

Generalmente el cierre de casos sin una investigación exhaustiva genera desconfianza en las instituciones de procuración de justicia y deja a las víctimas en total estado de indefensión. 

Se sabe que la impunidad en el sistema de justicia penal de la ciudad de México alcanza el 94%, nivel en el cual los delitos quedan sin esclarecerse. El porcentaje de carpetas de investigación archivadas temporalmente, determinadas como incompetencia o enviadas a la “congeladora” sin castigo para el culpable, representa más del 85% de los casos denunciados. 

El archivo temporal o la reserva de la investigación son los principales mecanismos utilizados por el Ministerio Público para cerrar expedientes, amparados en causas como el rezago crónico de las fiscalías, la falta de pruebas periciales y la deserción de las víctimas ante el tedioso proceso de denuncia.

El “carpetazo” -conocido legalmente como archivo temporal, desestimación o facultad de abstenerse a investigar- ocurre cuando el MP o la Fiscalía decide suspender la investigación de un delito por las siguientes razones: No existen suficientes datos, huellas o testimonios para probar que el delito ocurrió o para identificar a un posible responsable.

El diputado Alberto Martínez Urincho explicó que este dictamen atiende a la necesidad de erogar un artículo transitorio, para asegurar la aplicación de la ley de manera más favorable, en coherencia con lo establecido por la Constitución Política de México, tratados internacionales sobre derechos humanos y jurisprudencias relevantes.

El objetivo fue derogar el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, y se reforma la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, en materia de género y acceso a una vida libre de violencias para las mujeres, publicado el 24 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que el legislador local señaló que los argumentos a favor de esta derogación se centran en el principio de retroactividad de la ley, para prohibir su aplicación en perjuicio de las personas. Al respecto, añadió que permite excepciones en beneficio de los particulares.

Con estas modificaciones los derechos humanos son vulnerados y las víctimas revictimizadas, muchas mujeres que decidieron denunciar sólo cuentan con un abogado de oficio, empleados de la propia Fiscalía. 

Según la Barra Mexicana de Abogados, los “carpetazos” son síntomas graves de impunidad sistémica, fabricación de culpables y nula autonomía institucional. 

Para este colegio de profesionistas, esta práctica afecta al sistema judicial de la siguiente manera: Al dar “carpetazo”, las Fiscalías simulan impartición de justicia para cerrar expedientes políticos o por falta de capacidad investigadora, sin llegar nunca a un tribunal judicial.

Además, el archivo exprés y la falta de transparencia en el cierre de casos relevantes vulneran el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las víctimas.

La BMA, tras las modificaciones constitucionales de 2024-2025 y la elección popular de jueces, ha advertido que el sistema actual corre el riesgo de politizar aún más las decisiones penales, y advierte que la creación de órganos de disciplina controlados políticamente podría utilizarse para dar “carpetazo” a quejas ciudadanas contra juzgadores afines al régimen, protegiendo intereses políticos en lugar de sancionar la corrupción. 

Frecuentemente, la organización gremial ha emitido diversos comunicados donde exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales erradicar la opacidad, garantizando que el cierre de cualquier investigación cuente con sustento técnico-jurídico y no responda a presiones políticas (o de otro tipo).

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: El color morado y su influencia en la sociedad

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