Rescatan fauna silvestre en Upala: perezosos, serpientes, ranas y una danta, tras operativo por tráfico
Rescatan fauna silvestre en Upala: perezosos, serpientes, ranas y una danta, tras operativo por tráfico
Alajuela, 05 mar (elmundo.cr) – Un operativo de la Fiscalía Adjunta Ambie [...]
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Juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino: Declaraciones de Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz
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Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia, también de la ciudad de Pergamino, quien relató las enfermedades y muertes, en su hogar y en su barrio y las afectaciones que atribuyen a la probada presencia de agrotóxicos en el agua que consume la población.
Alejandra —madre de Benjamín e Ignacio (que sufrieron enfermedades relacionadas a la contaminación) y ex pareja de Sergio (quién falleció de cáncer en 2020)— realizó una encuesta vecinal en la que tristemente descubrió que todos esos cánceres y enfermedades autoinmunes no eran un problema de su casa, sino de todo el barrio.
“Sergio, mi pareja en ese momento, empieza a estar descompuesto. Le diagnostican cáncer de páncreas e hígado”, relató ante el tribunal. “El mismo médico que le hace la biopsia, al que yo le había contado todo lo que tuvieron mis hijos, me dice…‘en una sola casa tres personas enfermas, no es casual… algo raro pasa‘. Ahí me quedo pensando, sin entender lo que pasaba y empecé a preguntar en el barrio. Encontré muchos vecinos estaban fallecidos. El censo lo hice en 2018. Más de 40 vecinos encontré enfermos”.
Bianco, que siempre vivió en la ciudad de Pergamino, tiene glifosato en el cuerpo. Todas las historias clínicas que juntó y la encuesta las presentó primero en el juzgado de san Nicolás y hoy forman parte de este expediente que llega a juicio. Historias clínicas que el intendente municipal, Javier Martínez, eligió no mirar. Durante su testimonio, Bianco relató que, tras hacerse público ese censo, un día la citan a una reunión con el Intendente. “Fui con la pila de historias clínicas. Le pedí hiciera algo. El Intendente no leyó nada. Una reunión que no entendí para que fue.
Al tiempo, hicieron un censo municipal, sin nuestra participación, y dijeron que no había muchos enfermos, sino pocos casos”, denunció. (Del texto de Anabel Pomar)
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Por Anabel Pomar
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Declaración de Sabrina Ortiz
«Sabrina Ortiz fue la primera víctima en brindar su testimonio. Su relato pausado, pormenorizado y no exento de lágrimas, realizó un recorrido por los padecimientos que por años ocasionaron tanto las fumigaciones como la desidia municipal y la larga búsqueda de justicia. El juicio demoró ocho años en llegar y reúne denuncias y una larga lucha que viene desde hace más de una década.
Ortiz y su familia sufrieron en carne propia las consecuencias de vivir con campos de soja fumigada frente a su casa, en el barrio Villa Alicia, de la ciudad de Pergamino. Desde 2011, tanto ella como sus hijos, padecieron y padecen graves problemas de salud. Ortiz sufrió dos ACV y perdió un embarazo de seis meses, tras una fumigación.
Según su relato, recién luego de recorrer 14 instituciones hospitalarias lograron dar con una toxicóloga ambiental que les permitió entender la causa de sus enfermedades.
Estudios toxicológicos y de genotoxicidad indican que ella y su familia sufren y sufrirán las consecuencias de tener agrotóxicos en el cuerpo. Su hijo, Ciro, tiene 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir. Su hija Fiamma tiene 100 veces más. Y ella 50, además de otras sustancias neurotóxicas. La profesional de salud que les indicó e interpretó esos análisis le aseguró que eso es un riesgo biológico muy grande.
“’Esto es lo que está explotando el cuerpo de tus hijos, tu cuerpo’, me dijo la médica. Y también que hay que sacarlos de la línea de fuego, que lo que tenemos hoy ya es grave. No sabemos lo que puede pasar mañana. Nos dijo que no podíamos seguir acumulando, ‘tienen que irse ya de ahí’.
Y yo no tenía los medios para irme. Y me sentía culpable por no poder irme. Y los que fumigaban lo seguían haciendo igual.
Seguían enfermando igual. Aunque ya era público el daño que hacían”, recordó. (Del texto de Anabel Pomar)
En el canal en YouTube de La Retaguardia
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Fiscalía Ambiental allana empresa agrícola en Cartago por daños al Humedal de Coris
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Nuestra opinión drástica sobre los #pirómanos y sus #delitosambientales:
Los pillan y los sueltan. No hay narices a declarar a #pirómanos como #terroristasambientales?.
Y como cualquier #delito de terrorismo, un calvario si te pillan.
Exposición pública bestial, años en prisión provisional, condena rápida. Repudio social sólo con ponerte este estigma
https://mastodon.social/@UniversidadxClima/115037427522109676
Vecinos mexiquenses detienen a talamontes en Lerma
Ejidatarios sorprendieron a dos hombres talando árboles en Santa Cruz Huitzizilapan.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
La comunidad de Santa Cruz Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, vivió una jornada de indignación luego de que vecinos capturaron a dos presuntos talamontes sorprendidos durante una vigilancia comunitaria en zona ejidal. Los hechos ocurrieron en el paraje Monjini, donde comuneros escucharon el sonido de motosierras mientras recorrían el bosque. Al adentrarse en el lugar, localizaron a dos hombres con un árbol recién derribado y herramientas para transportar madera.
Ante el hallazgo, los vecinos se organizaron rápidamente y, tras una breve persecución, lograron retener a los presuntos infractores. Posteriormente los entregaron a elementos de la Policía Municipal, quienes se trasladaron hasta la zona del operativo. El ambiente de celebración por la detención se tornó en inquietud ante la posibilidad de que los sujetos quedaran en libertad, como ha sucedido en casos similares, según versiones de los propios pobladores.
Temor a la impunidad
La comunidad ha registrado múltiples episodios de tala ilegal sin consecuencias legales efectivas para los responsables. Esto ha generado desconfianza en las autoridades judiciales, a quienes acusan de actuar con lentitud. “De nada sirve arriesgarse a detenerlos si a los dos días los dejan ir”, declaró Mario Valerio, uno de los comuneros involucrados en la detención, quien pidió acciones concretas del gobierno estatal.
Los habitantes subrayaron que el paraje Monjini forma parte de un ecosistema vital para el equilibrio ambiental del Valle de Toluca, donde cada árbol representa una barrera contra el crecimiento urbano desmedido. Afirmaron que la vigilancia comunitaria se mantuvo desde hace varios meses como única alternativa ante la escasa presencia de seguridad en la zona ejidal.
Demanda de castigo ejemplar
El sentimiento general entre los vecinos es de hartazgo por la omisión de las instituciones ante la tala clandestina. Los comuneros indicaron que no es la primera vez que enfrentan solos este tipo de situaciones. “El bosque es nuestro sustento, nuestra agua, nuestra vida”, expresaron varios ejidatarios, quienes se organizaron en guardias rotativas para monitorear los accesos al paraje.
Señalaron que los detenidos son ajenos a la comunidad y que portaban equipo especializado para la extracción rápida de madera, lo que hace suponer que no era la primera vez que incursionaban en el área.
Además de las motosierras, les aseguraron sogas, herramientas de corte, costales y un vehículo para cargar los troncos talados.
Fallas del sistema judicial
Uno de los temores constantes en la comunidad es que los responsables sean liberados por supuesta falta de pruebas o errores procesales. Denunciaron que, aunque aportan evidencia y testigos, los procedimientos no prosperan. Han documentado otros casos de reincidencia, donde los mismos sujetos fueron identificados en diversas talas, sin que las autoridades judiciales emitieran una sentencia firme.
“No hay justicia si no hay voluntad”, dijo uno de los coordinadores de la vigilancia forestal, quien solicitó medidas cautelares contra los talamontes mientras se deslinda su situación legal. Pese a las denuncias previas, afirmaron que ni la Fiscalía estatal ni la Procuraduría Ambiental han respondido con contundencia ante estos delitos.
Organización vecinal continúa
Los pobladores de Santa Cruz Huitzizilapan reiteraron su compromiso de continuar con rondas comunitarias y exigieron al municipio mayor presencia policial. Advirtieron que la tala ilegal podría agudizar la crisis hídrica y el calentamiento local, al eliminar la cobertura vegetal que regula el clima y filtra el agua de lluvia.
Además, demandaron campañas de reforestación inmediata y la instalación de cámaras de vigilancia en accesos al bosque. Llamaron también al Congreso del Estado de México para que impulse una ley que castigue con mayor severidad la tala clandestina en zonas ejidales.
Autoridades omisas
Pese a los llamados reiterados, el gobierno municipal no se pronunció públicamente sobre la detención ni sobre el estado procesal de los acusados. Los comuneros consideraron que el silencio institucional también forma parte del problema, al enviar el mensaje de que estos delitos quedan impunes.
El colectivo de vigilancia comunitaria insistió en que no busca justicia por mano propia, sino apoyo legal y protección a su territorio. Afirmaron que, mientras no haya consecuencias reales para los infractores, el daño ambiental seguirá acumulándose sin freno.–sn–
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