Legislatura mexiquense aprueba reformas en materia de seguridad

La seguridad y justicia estatal avanzaron con reformas legales aprobadas por el Congreso.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsó acciones legislativas orientadas a fortalecer la seguridad de la población del estado de México, las medidas se enfocan a combatir la extorsión, robustecer la búsqueda de personas y consolidar un sistema de justicia confiable. Las iniciativas fueron avaladas este viernes por los integrantes de la Legislatura mexiquense durante el actual periodo de sesiones.

Las reformas buscan alinear el trabajo del gobierno estatal con el marco jurídico nacional. En este sentido, la mandataria estatal reconoció el respaldo de diputados locales para avanzar en estos cambios. El objetivo consistió en coordinar políticas públicas con disposiciones federales vigentes.

La aprobación legislativa incluye modificaciones a leyes clave en materia de seguridad y justicia. Las disposiciones legales reforzaron mecanismos institucionales para atender delitos de alto impacto. El paquete normativo se integró como parte de una estrategia estatal de seguridad.

Reformas legales prioritarias

Entre las modificaciones aprobadas se encontró la reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México. También se ajustó la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal. Estas acciones buscaron fortalecer la respuesta institucional ante denuncias de desaparición.

Asimismo, se reformaron la Ley de Seguridad y el Código Civil del Estado de México. Las adecuaciones priorizaron la administración y uso de datos biométricos. Dichos datos podrán ser consultados por autoridades facultadas para tareas de investigación y localización.

El nuevo marco legal estableció lineamientos para el manejo de información sensible. Las autoridades deberán cumplir criterios de uso institucional y resguardo. La legislación definió atribuciones claras para cada dependencia involucrada. –sn–

Desaparecido

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Municipalización de San Pablo avanza, se perfila separación de Tultitlán

Movimiento vecinal reactivó demanda territorial y Congreso estatal inició revisión formal.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

En la zona oriente de Tultitlán cobró fuerza el movimiento social que impulsó la municipalización de San Pablo de las Salinas. Habitantes sostuvieron que la separación territorial respecto de la cabecera municipal se tradujo en rezagos persistentes de servicios públicos. La distancia administrativa derivó en problemas de movilidad y atención institucional limitada.

Residentes informaron que para realizar trámites municipales fue necesario desplazarse por Coacalco, Cuautitlán o Tultepec. Los recorridos superaron los 10 kilómetros desde la zona oriente. Los traslados implicaron tiempos prolongados en condiciones de tráfico cotidiano.

La demanda territorial se reactivó tras el crecimiento poblacional registrado en la última década. La incorporación de la zona a esquemas de planeación metropolitana reconoció rezagos históricos. El debate retomó vigencia en espacios ciudadanos y legislativos.

Rezago urbano

San Pablo de las Salinas concentró una de las mayores zonas habitacionales del municipio. La región integró fraccionamientos y unidades de alta densidad poblacional. Vecinos señalaron atención desigual en alumbrado, mantenimiento urbano y recolección de residuos.

La separación física con la cabecera municipal incidió en la prestación de servicios públicos. Habitantes reportaron demoras recurrentes en la atención de infraestructura básica. La distancia administrativa mantuvo una gestión lejana.

Las condiciones del Eje 3 y vialidades estratégicas reflejaron rezagos de rehabilitación. Las obras se postergaron frente a proyectos ejecutados en la zona centro de Tultitlán. La movilidad regional presentó afectaciones constantes. –sn–

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Congreso revisa aumento de tarifas del transporte público

Congreso revisa aumento de tarifas del transporte público

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, advirtió que cualquier aumento en el transporte público concesionado debe garantizar mejoras tangibles para los usuarios. Durante la glosa del segundo informe de gobierno, el legislador se pronunció sobre la posibilidad de incrementar las tarifas de 12 a 16 pesos.

Vázquez Rodríguez señaló que comenzó a recibir a funcionarios desde el 7 de octubre, quienes expusieron acciones y planes de gobierno, incluyendo temas relacionados con el transporte público. El coordinador de la bancada de Morena indicó que el aumento solo debía aprobarse si los transportistas ofrecían un traslado digno y mejoras sustanciales en el servicio.

El legislador explicó que, de autorizarse el incremento, el Congreso tendría que revisar y modificar el Código Financiero del Estado de México. Precisó que cualquier ajuste debía estar vinculado a mejoras del servicio y no únicamente a cubrir costos operativos o financieros de los concesionarios.

Examen del impacto económico

Francisco Vázquez Rodríguez señaló que un aumento de cuatro pesos podría afectar la economía de las familias mexiquenses, por lo que la fracción morenista no consideraba viable aprobarlo sin condiciones claras. El legislador resaltó que la tarifa mínima debía equilibrar las necesidades del sector transporte con la protección económica de los usuarios.

Tras el pronunciamiento del coordinador, los diputados de Movimiento Ciudadano exigieron que el Congreso revisara el Código Financiero para garantizar que cualquier ajuste tarifario fuera justificable. La bancada insistió en que los cambios no debían perjudicar a la ciudadanía y debían generar beneficios en la calidad del transporte público.

Los empresarios del transporte argumentaron que no contaban con subsidios estatales como ocurre en otras entidades, lo que, según ellos, justificaba la necesidad del aumento de cuatro pesos por pasaje. Señalaron que las condiciones financieras del sector enfrentaban un abandono prolongado que amenazaba la operatividad de las unidades concesionadas.

La Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México, dirigida por Odilón López Nava, afirmó que el incremento representaría un respiro económico para los transportistas y permitiría mantener la infraestructura operativa sin comprometer el servicio. La petición se planteó como una solución al déficit financiero del gremio.

Condiciones para autorizar el aumento

El Congreso mexiquense enfatizó que cualquier ajuste a las tarifas debía estar condicionado a mejoras comprobables en el transporte público, incluyendo mantenimiento de unidades, seguridad y atención a los pasajeros. La revisión del Código Financiero se planteó como requisito para formalizar los cambios propuestos por los transportistas.

Vázquez Rodríguez reiteró que la aprobación de aumentos sin mejoras equivaldría a trasladar los costos del sector directamente a las familias, lo que afectaría la economía doméstica y podría generar descontento social. Los legisladores de Morena se manifestaron en contra de ajustes que carecieran de beneficios tangibles para los usuarios.

Los transportistas indicaron que la operación del servicio enfrentaba costos crecientes en combustibles, mantenimiento y personal, lo que dificultaba mantener la tarifa actual sin comprometer la calidad del servicio. Además, expresaron que los incrementos eran necesarios para evitar un colapso financiero del sistema concesionado. –sn–

Transporte público con anuncio de aumento de tarifa

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