La CEAV exige blindar el derecho a la vivienda y reforzar la protección social ante la crisis provocada por EEUU e Israel en Oriente Medio

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📌PP, Junts y Vox ponen en riesgo el hogar y la vida de miles de familias al tumbar en el Congreso el escudo social
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Proponen centros para atender a víctimas de abuso sexual de manera integral en México

Serían coordinados por la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en colaboración con los estados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

a diputada federal Mónica Sandoval Hernández presentó una iniciativa para crear centros de atención integral para víctimas de abuso sexual, coordinados por la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en colaboración con las entidades federativas.

Explicó que estos centros deberán constituirse como espacios especializados que brinden atención médica inmediata y especializada; apoyo psicológico con perspectiva de género y derechos humanos; asesoría jurídica gratuita para garantizar el acceso a la justicia; y programas de reintegración social y medidas de no repetición.

Señaló que, aunque el Estado mexicano ha construido un marco institucional para responder a las víctimas, el incremento y la gravedad de la violencia sexual obligan a reforzar las acciones encaminadas a cumplir la obligación constitucional de proteger, atender, investigar y reparar el daño, incluyendo medidas de protección en espacios reservados y custodiados.

La legisladora subrayó que persisten desafíos en la implementación de las reparaciones, por lo que considera indispensable realizar modificaciones legales que fortalezcan el marco existente y lo hagan viable. El objetivo es garantizar una reparación integral, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. –sn–

Mónica Sandoval Hernández

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Prolongan litigio contra víctima pese a mandato legal

Víctima federal esperó apoyos inmediatos mientras autoridad extendió litigio administrativo.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Isabel Medina González, trabajadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas en septiembre de 2023 y desde entonces aguardó la autorización de medidas de ayuda inmediata sin obtener respuesta. Dichos apoyos incluyeron viáticos y transporte para diligencias relacionadas con su caso. La omisión administrativa persistió pese a los plazos legales vigentes.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litigó en su contra para evitar otorgar los apoyos. Se sabe que, al menos tres casos similares en los que la Comisión prolongó juicios de amparo hasta dos años. Estos procedimientos correspondieron a dictámenes administrativos que pudieron resolverse en 20 días hábiles.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) negó a la catedrática una pensión de viudez retroactiva tras el fallecimiento de su concubino. La institución argumentó que su adscripción a una dependencia federal le impedía acceder a la prestación. La negativa dio paso a acciones legales posteriores.

Negativa del ISSSTE

Ese mismo año, Isabel Medina González presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo analizó el caso y emitió la Recomendación 241/2023. En ella determinó la vulneración de los derechos a la seguridad social y ordenó la reparación del daño.

Tras la recomendación, la víctima fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas en septiembre de 2023. Con ello adquirió el derecho a medidas de ayuda inmediata previstas en la ley. Entre estas se contemplaron apoyos económicos para el seguimiento de su procedimiento.

La legislación estableció que el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV debía emitir dictamen en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, la dependencia estuvo cerca de cumplir un año sin resolver la solicitud. La falta de respuesta mantuvo en suspenso los apoyos a los que tenía derecho. –sn–

Sala de juicio oral México

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FGR avanza en investigación por accidente ferroviario en Oaxaca

La Fiscalía General de la República avanzó en diligencias y priorizó atención a víctimas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con el desarrollo de diligencias tras los hechos registrados en el Corredor Interoceánico, en el estado de Oaxaca. Las acciones se enfocan en la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La institución mantuvo como eje central la reparación integral del daño a las víctimas.

Desde el inicio de la investigación, la FGR informó que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos legales vigentes. El objetivo consistió en esclarecer las causas del accidente ferroviario. También se buscó garantizar derechos de personas lesionadas, ilesas y familiares de fallecidos.

Las diligencias se llevaron a cabo con coordinación interinstitucional. La autoridad federal precisó que el proceso se desarrolló con apego a la ley. Cada acción fue documentada dentro de la indagatoria ministerial.

Seguimiento a víctimas

Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) dio seguimiento al estado de salud de personas hospitalizadas. Estas acciones se realizaron en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El acompañamiento incluyó contacto directo con víctimas y familiares.

Las autoridades establecieron comunicación con personas lesionadas y con quienes resultaron ilesas. También se atendió a familiares de personas fallecidas durante el accidente. El proceso incluyó orientación institucional y apoyo conforme a los marcos legales.

La FGR informó que estas labores se mantuvieron de manera permanente. El seguimiento médico y administrativo continuó en hospitales de la región. Las acciones buscaron garantizar atención integral. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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Sheinbaum explica selfie tras descarrilamiento en Oaxaca

La selfie hospitalaria y las víctimas marcaron la reacción presidencial tras el descarrilamiento.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el uso que se dio en redes sociales a una fotografía tomada con un lesionado del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. El hecho ocurrió durante un recorrido por hospitales donde permanecían personas heridas tras el accidente ferroviario. La imagen se difundió días después del siniestro registrado el domingo 28 de diciembre.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la fotografía se tomó a petición expresa del paciente hospitalizado. Precisó que la persona lesionada solicitó la imagen con su propio teléfono móvil. La visita se realizó como parte del seguimiento a la atención médica de las víctimas.

Durante su declaración pública, el presidente señaló que consideró lamentable la interpretación negativa del hecho. Indicó que la intención fue atender una solicitud personal del paciente. La explicación se dio durante una actividad informativa oficial.

Explicación presidencial

El presidente Claudia Sheinbaum Pardo relató que el paciente no podía incorporarse debido a lesiones en el cuello. Por esa razón, la fotografía se tomó con la persona recostada en la cama hospitalaria. La imagen se captó con el teléfono del propio lesionado.

El presidente explicó que existió otra fotografía tomada desde un ángulo distinto. Dijo desconocer quién realizó esa segunda toma. Señaló que esa imagen fue la que se difundió ampliamente en redes sociales.

La mandataria reiteró que el encuentro ocurrió en un contexto hospitalario. Subrayó que la visita tuvo como objetivo verificar la atención médica. El recorrido incluyó diálogo directo con pacientes afectados.

Saldo mortal actualizado

En el mismo mensaje, el presidente Claudia Sheinbaum Pardo expresó condolencias a la familia de una adulta mayor fallecida. El deceso ocurrió el jueves 1 de enero. Con ello, el número de víctimas mortales ascendió a 14.

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó el fallecimiento mediante un mensaje oficial. Detalló que la víctima tenía 73 años y recibía atención médica. El comunicado se difundió a través de la cuenta institucional @SEMAR_mx.

Posteriormente, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó la identidad de la víctima. Indicó que Hilda Alcántara falleció a las 10:30 horas. El deceso ocurrió en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS Bienestar).

Atención a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que brindó acompañamiento a la familia. Señaló que el contacto se mantuvo durante la hospitalización. La atención continuó tras el fallecimiento conforme a protocolos vigentes.

https://sociedad-noticias.com/2026/01/02/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-viernes-02-de-enero-de-2026/

El presidente Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la prioridad del gobierno federal fue la reparación integral del daño. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo seguimiento del caso. Las acciones incluyeron atención médica y apoyo a familiares.

Las autoridades confirmaron que 44 personas resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se contabilizaron dos menores de edad y ocho adultos mayores. El balance fue actualizado por instancias federales. –sn–

Tren Interoceanico descarrilado

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CNDH emite recomendación a la Sedena tras asesinato de menores en Badiraguato

CNDH documentó uso letal militar y ordenó reparación integral a víctimas.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la la recomendación 201VG/2025 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El organismo acreditó violaciones graves a derechos humanos por uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego al asesinar a dos menores. Los hechos ocurrieron en el poblado de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

La recomendación estableció la pérdida de la vida de dos personas menores de edad. También se registraron lesiones a dos personas menores de edad y dos adultas. Las afectaciones se atribuyeron a personal militar en funciones de seguridad.

El expediente indicó que la actuación militar vulneró derechos a la vida e integridad personal. Además, se acreditaron afectaciones a la seguridad jurídica. El caso incluyó transgresiones al interés superior de la niñez y al derecho a la familia.

Hechos documentados

El 13 de mayo de 2025, la CNDH recibió una queja por competencia. La denuncia fue iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). El escrito refirió hechos ocurridos el 6 de mayo de 2025.

La queja señaló que una camioneta familiar fue agredida por elementos de la DEFENSA. El personal militar estaba asignado a la seguridad de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La intervención ocurrió durante un operativo en la zona serrana.

Los militares pertenecían al 42 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil. El personal rodeó el vehículo y apuntó armas de fuego hacia sus ocupantes. Dos personas informaron que no portaban armas y que transportaban niñas y adolescentes.

Uso de la fuerza

La investigación acreditó que el uso de la fuerza resultó desproporcionado. El accionar derivó en la muerte de dos personas menores de edad. Cuatro personas más sufrieron afectaciones a su integridad.

La CNDH estableció que no se privilegiaron medidas para salvaguardar la vida. Los militares argumentaron haber escuchado detonaciones previas. Sin embargo, no verificaron que provinieran del vehículo interceptado.

El expediente no registró intentos de maniobras menos letales. Tampoco se acreditó que el uso de armas de fuego resultara estrictamente inevitable. La actuación contravino la legislación aplicable sobre el uso de la fuerza.

Responsabilidades acreditadas

La recomendación indicó que no se determinó intencionalidad directa. No obstante, se integró un conjunto de indicios suficientes. Estos elementos ubicaron responsabilidad directa del personal involucrado.

La CNDH señaló la obligación reforzada de agentes del Estado. Esa obligación consistía en proteger la vida e integridad de las personas. El incumplimiento derivó en violaciones graves a derechos humanos.

El organismo nacional concluyó que la actuación militar resultó incompatible con estándares legales. Los hechos se analizaron bajo parámetros nacionales e internacionales. La recomendación se sustentó en pruebas documentales y testimoniales.

Medidas de reparación

La CNDH solicitó a la persona titular de la DEFENSA iniciar trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La gestión buscó la reparación integral del daño. La medida incluyó compensación y compensación complementaria.

La recomendación ordenó brindar atención médica y psicológica. También contempló atención tanatológica a quienes lo requirieran. Las acciones debieron ejecutarse de manera inmediata.

Asimismo, se solicitó restituir el vehículo automotor. La unidad pertenecía a una de las víctimas. El bien fue utilizado por la familia al momento de los hechos. –sn–

Exposición fotográfica. Soldado y banderas / @SociedadNoticias_

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SCJN debe garantizar derechos de víctimas: ONGs

SCJN analiza declaratoria de inconstitucionalidad y protege presupuesto mínimo. Reforma y derechos vulnerados.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el presupuesto mínimo para asistencia a víctimas, explicaron que la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020 violentó derechos previamente conquistados, agregaron que la resolución de la Primera Sala confirmó la afectación de derechos fundamentales, destacaron que miles de víctimas dependen de la asignación etiquetada.

La Suprema Corte discutió un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad presentado por el Ministro Giovanni Figueroa Mejía, explicaron que la decisión permitiría restablecer un presupuesto fijo y etiquetado para víctimas, indicaron que la resolución tenía el potencial de asegurar protección efectiva de derechos humanos, enfatizaron que se buscaba evitar retrocesos en la atención de víctimas en todo México, aseguraron que la medida respondería a compromisos legales previos.

Garantía presupuestal histórica

Previo a la reforma, el Artículo 132, fracción I, de la LGV contemplaba un presupuesto mínimo del 0.014% del gasto programable del PEF del año anterior, aseguraron que esta disposición protegía la asistencia, atención y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos, agregaron que la eliminación de la asignación obligatoria en 2020 representó una medida regresiva que afectó recursos esenciales para la CEAV y otros organismos de apoyo, subrayaron que fue un logro histórico del movimiento de víctimas.

En este sentido, el Centro Prodh promovió un amparo en enero de 2021 por la medida regresiva, indicaron que la Primera Sala resolvió por unanimidad en marzo de 2024 el Amparo en Revisión 675/2022, declarando que la eliminación de la garantía presupuestaria violaba el principio de progresividad, explicaron que la resolución reafirmó el derecho humano a una reparación integral, aseguraron que el fallo sentó precedente para proteger a las víctimas frente a reformas legislativas que disminuyan recursos asignados.

Plazos y ajustes legales

La Constitución establece que, tras declarar inconstitucionalidad, el Congreso tiene plazo para hacer ajustes legales, indicaron que de no realizarse cambios, la SCJN debe abrir la discusión sobre la declaratoria con efectos generales, explicaron que esto garantizaría que la medida se aplique de manera obligatoria y uniforme, aseguraron que el objetivo era restaurar derechos vulnerados y evitar que la regresividad afecte políticas públicas, subrayaron que la acción busca proteger derechos básicos de miles de víctimas.

La SCJN podría determinar que el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante instrumentos legales disponibles, indicaron que el presupuesto debe destinarse exclusivamente a ayuda, atención y reparación, agregaron que esto impediría su uso para otros fines, explicaron que la asignación directa asegura la continuidad de programas esenciales, aseguraron que la resolución tendría efecto vinculante para autoridades federales y locales, resaltaron que la acción protegería la estabilidad presupuestaria de la atención a víctimas.

Impacto económico negativo

La eliminación del presupuesto mínimo redujo la capacidad del Estado para atender víctimas, explicaron que la CEAV dejó de recibir un promedio de 200 millones de pesos por año, indicaron que esto afectó directamente la cobertura de programas de asistencia y reparación integral, subrayaron que la falta de recursos obligó a priorizar casos y limitar apoyos, aseguraron que la recuperación de la asignación mínima es fundamental para garantizar acceso pleno a derechos humanos, destacaron que la brecha presupuestal pone en riesgo medidas de protección esenciales.

El PEF 2025 asignó 658 millones de pesos a “Ayudas Sociales” de la CEAV, señalaron que para cumplir con la garantía mínima se requerían 909 millones, agregaron que el Proyecto de Presupuesto 2026 establece 692 millones, explicaron que la cantidad debería ser al menos 913 millones, aseguraron que estos recursos se destinarían exclusivamente a medidas de asistencia y reparación, destacaron que la diferencia evidencia la regresividad causada por la reforma de 2020, subrayaron que la medida afecta cobertura y calidad de programas.

Decisión crucial de la SCJN

La resolución de la SCJN resultó central para garantizar derechos de víctimas a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, indicaron que la violencia creciente aumenta la necesidad de políticas efectivas, agregaron que el Estado no consolidó una política de atención adecuada, explicaron que el Sistema Nacional de Víctimas permanece sin recursos suficientes, aseguraron que la declaratoria general de inconstitucionalidad envía señal clara sobre la prioridad de derechos humanos, destacaron que la corte debía proteger progresividad y legalidad.

La nueva SCJN asumió la obligación de centrar la protección en víctimas, indicaron que la resolución aseguraría la tutela plena de derechos humanos, explicaron que la declaratoria debe prevenir retrocesos, agregaron que la medida vincula al Congreso y a la administración federal, aseguraron que la transparencia en la ejecución del presupuesto será supervisada, subrayaron que la decisión fortalece el marco legal de reparación integral, destacaron que la corte reafirma el principio de progresividad en políticas de atención a víctimas. –sn–

Pleno de la SCJN

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📌Las asociaciones vecinales demandan una ley regional para la erradicación del amianto
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La Ruta del Vino Rías Baixas impulsa el enoturismo en el CEAV Professional Tour 2025 https://www.vinetur.com/2025040386306/la-ruta-del-vino-rias-baixas-impulsa-el-enoturismo-en-el-ceav-professional-tour-2025.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Enoturismo #Vino #RíasBaixas #CEAV #Turismo