Asamblea nombró comisiones para analizar dos reformas constitucionales
Plenario integró comisiones que analizarán reconocimiento de cuidados como derecho y derecho de acceso a información pública
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Extinguen el intituto de transparencia mexiquense
El Congreso mexiquense decretó su desaparición y reasignará sus funciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) fue oficialmente extinto mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de México, poniendo fin a más de una década de operación institucional en la entidad.
El decreto estableció en su artículo tercero transitorio un plazo de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso local emitiera las leyes secundarias que consolidarían el nuevo modelo de transparencia estatal.
Durante este periodo, los legisladores debieron definir los procedimientos, principios y bases que regularían el acceso a la información pública y la protección de datos personales bajo una nueva estructura administrativa.
Reasignación de funciones
Con la desaparición del organismo autónomo, las funciones en materia de transparencia pasaron a las autoridades de control interno y vigilancia de cada poder estatal, municipal y organismo autónomo.
Entre ellas, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo y las contralorías internas de los ayuntamientos asumieron la responsabilidad directa en la materia.
El decreto constitucional reformado dispuso que dichas instancias conocerían los procedimientos de revisión, resolverían solicitudes de información y garantizarían el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en sus respectivos ámbitos.
Reubicación del personal
El artículo cuarto transitorio del decreto garantizó la conservación de los derechos laborales de los trabajadores adscritos al Infoem, incluyendo personal operativo y administrativo, quienes fueron transferidos a las dependencias que asumieron las nuevas facultades.
Según el documento, los recursos humanos, materiales, presupuestales y tecnológicos del extinto instituto fueron redistribuidos entre las instancias receptoras, sin despidos derivados directamente de la extinción.
No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vásquez Rodríguez, informó que se requerirían aproximadamente 60 millones de pesos para cubrir liquidaciones de unos 200 trabajadores. –sn–
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Info-Cdmx garantiza continuidad en transparencia y derechos ciudadanos
INFO Cdmx aprobó acuerdo para asegurar transición ordenada y proteger derechos. Transición sin interrupciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-Cdmx) aprobó un acuerdo que modificó el procedimiento de turno y substanciación de los medios de impugnación, ante la próxima conclusión del encargo de la Comisionada María del Carmen Nava Polina y el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, el 12 de diciembre.
Durante la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno, la comisionada-presidente, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, explicó que la medida buscó garantizar una transición ordenada, para que los expedientes en trámite concluyeran de manera adecuada sin dejar procedimientos inconclusos.
Precisó que los recursos turnados entre el 3 de noviembre y el 9 de diciembre recayeron temporalmente en la ponencia a su cargo, con el propósito de mantener la atención y el flujo institucional durante el proceso de cambio en el pleno.
Garantía de derechos ciudadanos
“La decisión aseguró la continuidad en el ejercicio y la protección de los derechos de acceso a la información y de datos personales en la capital”, indicó Enríquez Rodríguez, al subrayar que las personas capitalinas no debían preocuparse porque el Info-Cdmx continuaría atendiendo sus derechos sin interrupciones.
La funcionaria reconoció el esfuerzo adicional que representó para su equipo asumir las cargas de trabajo derivadas del acuerdo, aunque afirmó que la medida fue un acto de responsabilidad institucional en beneficio de la ciudadanía.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, consolidando el compromiso del Info-Cdmx con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos digitales y de privacidad.
Cierre de gestión y resultados
La Comisionada María del Carmen Nava Polina recordó que tanto ella como el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez fueron designados por el Congreso de la Ciudad de México por un periodo de siete años, que concluyó el 12 de diciembre.
Resaltó que durante su gestión se resolvieron más de 33 mil recursos derivados de quejas ciudadanas, y agradeció la labor de las áreas de ponencias, proyección y jurídico, que colaboraron en el trabajo colegiado del Instituto.
“El equipo de ponencias fue el corazón del órgano autónomo; su compromiso permitió mantener viva la transparencia en la capital”, señaló Nava Polina, al reconocer el esfuerzo institucional en favor del acceso a la información pública.
Certidumbre jurídica e institucional
El Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez votó a favor del acuerdo al considerar que constituyó una herramienta fundamental para preservar la certeza jurídica, la estabilidad institucional y la legalidad del Instituto.
Agregó que el mecanismo permitió concluir expedientes en trámite y mantener la tutela efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales hasta el último día de su gestión.
“Con este acuerdo se aseguró una transición ordenada, sin asuntos inconclusos, y se garantizó que la ciudadanía continuara contando con un Info-Cdmx sólido, transparente y responsable”, afirmó Bonilla Gutiérrez. –sn–
Marcha en el Ángel de la Independencia | Foto en Dron: Saúl López¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Corte ordena a FGR divulgar versión pública del caso Ayotzinapa
Primera Sala avala acceso a carpeta de investigación. SCJN afirma que se trata de violaciones graves a derechos humanos. Acceso a información prevalece.
Por Martín García | Reportero
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos juicios de amparo relacionados con la indagatoria del caso Ayotzinapa, promovidos por víctimas que reclamaron la orden de divulgar la carpeta de investigación en versión pública.
Las demandas impugnaron la resolución del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que modificó una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para instruir la publicación parcial del expediente.
Las víctimas alegaron que no fueron llamadas como terceros interesados y que la difusión pondría en riesgo su seguridad al contener datos que podrían revelar su identidad, dada la relevancia del caso y la participación de un grupo criminal.
Sin embargo, el Juzgado de Distrito negó el amparo, lo que motivó recursos de revisión, posteriormente atraídos por la SCJN por el tema de constitucionalidad planteado.
Divulgación no requiere consentimiento
En su fallo, el Alto Tribunal determinó que el INAI no tenía obligación de convocar a las víctimas como terceros interesados, ya que se trataba de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos.
La Sala sostuvo que esa condición otorga carácter público a la información, lo cual elimina la necesidad de contar con el consentimiento de los afectados por la investigación.
Taller infantil | Fotografía Axel Hernández | @SociedadN_De acuerdo con la jurisprudencia aplicable, la entrega de una versión pública no vulnera la reserva establecida en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en las leyes de transparencia vigentes o abrogadas.
La Corte reafirmó que la ley prevé excepciones a la reserva cuando la información está vinculada con delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos fundamentales, como ocurre en este caso.
El interés público es superior
El Tribunal subrayó que, en estos supuestos, el interés social en conocer los avances de la indagatoria supera el derecho individual a la confidencialidad, al tratarse de hechos que impactan a toda la sociedad.
El artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública —vigente y aplicable— señala expresamente que no se podrá invocar la reserva de información cuando se investiguen graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello, la entrega ordenada de una versión testada cumple con los principios de acceso a la justicia y rendición de cuentas exigidos en estos contextos.
Asimismo, la Sala enfatizó que los datos confidenciales deberán eliminarse de la versión pública para salvaguardar la integridad de las víctimas y otros terceros relacionados.
Sentencia confirma negativa de amparo
Los amparos en revisión 108 y 109 de 2025 fueron resueltos por mayoría de cuatro votos, con la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sesión celebrada el 25 de junio.
La Primera Sala concluyó que la entrega de la carpeta en versión pública no transgrede los derechos de las víctimas, y que las resoluciones previas estaban correctamente fundamentadas en el marco legal.
En consecuencia, confirmó las sentencias impugnadas y negó el amparo solicitado, avalando la publicación de los documentos por parte de la FGR en su sitio electrónico institucional.
Con este fallo, se sienta un precedente importante sobre el equilibrio entre transparencia, derechos de las víctimas y acceso a la información en casos de violaciones graves.
Información disponible por mandato judicial
La FGR deberá ahora entregar y publicar la versión testada del expediente conforme a los lineamientos establecidos, lo cual deberá realizarse en su micrositio web sobre el caso Ayotzinapa.
El contenido deberá eliminar toda referencia que permita la identificación de víctimas o de cualquier otra persona cuya confidencialidad deba resguardarse legalmente.
El proceso judicial ratifica que el derecho a saber, cuando se relaciona con violaciones de gran escala, prevalece por encima de la reserva institucional en casos ordinarios.
La Corte reitera que el Estado mexicano está obligado a garantizar la transparencia en procesos donde se investigue la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros crímenes de lesa humanidad. –sn–
Fiscalia General de la Republica (FGR)¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Sala Constitucional declara inconstitucional restricción al acceso a lista de morosos tributarios
Sala Constitucional declara inconstitucional restricción al acceso a lista de morosos tributarios
San José, 12 jun (elmundo.cr) – L [...]
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