EL VETO A ENTIDADES NO ABOLICIONISTAS EN SUBVENCIONES PÚBLICAS VULNERA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DEBILITA LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Las organizaciones firmantes, entidades del Tercer Sector social y de defensa de los derechos humanos, queremos denunciar públicamente una decisión del Ministerio de Igualdad que consideramos grave e incompatible con los principios del derecho administrativo, el pluralismo democrático y la protección efectiva de los derechos humanos. El Ministerio de Igualdad ha abierto un trámite de audiencia e información pública para la modificación de dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas destinadas a: Programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres (Orden IGD/239/2022), y Proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas (Orden IGD/183/2024). Comprometidas desde hace años con la atención integral de víctimas de trata de seres humanos y con el acompañamiento a personas que ejercen trabajo sexual, alertamos de las consecuencias que esta medida tendrá sobre la calidad, eficacia y alcance del acompañamiento a personas que sufren este tipo de violencias. Tras analizar los textos sometidos a consulta pública y haber presentado alegaciones, advertimos con preocupación que las propuestas de modificación introducen un condicionamiento ideológico al exigir a las entidades solicitantes que acrediten en sus estatutos o mediante experiencia previa, el reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho. Además, la prostitución no está legalmente definida como violencia en España. En el ordenamiento jurídico español: La prostitución no está tipificada como delito; No existe una definición legal estatal que la califique, en sí misma, como violencia de género; Ni se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo. Tampoco las principales leyes estatales en materia de igualdad y libertad sexual califican la prostitución como violencia en sí misma, ni obligan a las entidades sociales a asumir esa interpretación como condición para colaborar con las administraciones públicas. Del mismo modo, los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio de Estambul, no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización. Las subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva deben regirse por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, orientados exclusivamente al interés general. Condicionar el acceso a fondos públicos a la adopción de una determinada posición ideológica sobre una cuestión social compleja como la prostitución vulnera el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, restringe el pluralismo y excluye injustificadamente a entidades con amplia experiencia y solvencia técnica en la atención a víctimas de violencia y trata. El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador ya que: Reduce el número de entidades potencialmente colaboradoras; Debilita la intervención en contextos de alta complejidad social; Limita la diversidad de enfoques profesionales; Y perjudica, en última instancia, a las propias personas destinatarias de las políticas públicas. La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus mecanismos especializados en derechos humanos, ha señalado repetidamente que la respuesta estatal a la trata de seres humanos debe articularse exclusivamente a partir de un enfoque basado en derechos humanos, centrado en la identificación efectiva de víctimas, su protección, acceso a reparación integral y no discriminación, sin prácticas que conduzcan a estigmatización, criminalización o exclusión social de las personas afectadas. En particular, en su informe dde 2020 a la Asamblea General, la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños analiza el fenómeno de la trata como delito y como violación de derechos humanos, y formula recomendaciones centradas en la protección, inclusión social y acceso efectivo a recursos de las víctimas, sin introducir criterios conceptuales ajenos al marco jurídico internacional vigente. Los estándares internacionales recomiendan un enfoque centrado en las víctimas, que priorice su seguridad, autonomía, acceso a derechos y participación, y que garantice la colaboración con una pluralidad de organizaciones especializadas, sin imponer adhesiones ideológicas como condición para intervenir. Y hay otro aspecto crucial: ¿nos habéis preguntado a las trabajadoras sexuales si estamos de acuerdo? ¿Nos habéis consultado? ¿Sabéis realmente qué es lo que queremos? Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a NUESTRAS vidas? Por todo ello, la asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó el pasado lunes 9 de febrero un escrito de alegaciones que fue respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación, entre los que se encuentran Acciónenred Andalucía, AFEMTRAS, Almena Cooperativa Feminista, Altera Col·lectiva per la Defensa de la Justícia Social, Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena, Asamblea Feminista de Madrid, Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, Asociación CATS, Asociación Feminista Cultural Sot A Terra, Asociación Mujeres Migrantes Diversas, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Sembrar: Incidencia para la Transformación Social, Asociación Tictac, Assexora'Tgn. Associació Comunitària de Salut Sexual del Camp de Tarragona, Associació Casa da Gente Brasil Catalunya, Colectivo Cantoneras, Colectivo Nunca Sin Nosotras, EUFORIA. Familias Trans-Aliadas, Fundación Canaria La Colectiva, Fundació Àmbit Prevenció, GENERA. Associació en defensa dels drets de les dones, Laboratorio de Antropología Social y Cultural, Universidad de Almería, La Laboratoria. Espacio de Investigaciones Feministas, Les Vilaretes, colectivo transfeminista Ciutat Vella, Metzineres SCCL, Movimiento Regularización Ya, Observatorio Noctámbul@s, ONG Stop, Partit dels Comuns, Punto Violeta de Somosaguas (UCM), Red Maricones del Sur, REMA. Red de Mujeres Antiprohibicionistas en el Ámbito de las Drogas, Sindicato OTRAS y Voces Feministas por los Derechos. Dicho documento ha sido asimismo firmado por 142 personas procedentes de los ámbitos académico, activista y asociativo. Otras entidades como Oblatas, así como la Asamblea Feminista de Madrid y la Federación Estatal de Organizaciones Feministas han presentado sus propias alegaciones. En el ámbito institucional, el grupo parlamentario Sumar ha registrado preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad en el Congreso de los Diputados, y Esquerra Republicana y Junts per Catalunya también han solicitado explicaciones sobre las bases de las subvenciones. Ante esta situación, exigimos al Ministerio de Igualdad: Elimine de las bases reguladoras cualquier exigencia que obligue a las entidades a asumir posiciones ideológicas concretas para acceder a subvenciones públicas. Garantice que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios. Respete el principio de neutralidad ideológica y el pluralismo democrático en el diseño de las políticas públicas. Adopte un enfoque basado en derechos humanos en la lucha contra la trata y la violencia, conforme a los estándares internacionales. Las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso firme e inequívoco con la lucha contra todas las formas de violencia, explotación y trata de seres humanos, así como con la defensa de los derechos humanos de todas las personas afectadas. Precisamente por ese compromiso, consideramos imprescindible denunciar públicamente cualquier intento de instrumentalizar las políticas públicas y los fondos destinados a la protección de las víctimas para imponer una determinada agenda ideológica, en detrimento del pluralismo, la legalidad y la eficacia de la acción pública. Amnistía Internacional también se dirigió al Gabinete de la Ministra de Igualdad pidiendo la eliminación de la modificación. Otras entidades de la sociedad civil organizada han presentado alegaciones en las que señalan el carácter ideológicamente excluyente del texto y advierten sobre la falta de pluralismo en su redacción. Así, advertimos de que si la orden ministerial finalmente sigue adelante en los términos planteados, y de mantenerse aquellos aspectos que consideramos contrarios a los principios de igualdad recogidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, tomaremos las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público. Ninguna política pública puede situarse por encima de los derechos fundamentales ni al margen del marco constitucional y democrático.